Las rutas interlíneas podrían dejar de funcionar de ser acogida una medida cautelar interpuesta por José Antonio Rojas, de la Asociación Pro Defensa de los Servicios Públicos ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
Rojas solicito a los jueces acoger la medida cautelar contra el Consejo de Transporte Público (CTP) y la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), por otorgar el permiso para la explotación de las rutas intersectoriales sin cumplir con los estudios técnicos correspondientes. Explica que la tarifa aprobada por la Aresep no corresponde a la oferta, demanda, costos e inversiones de las empresas actualmente operadoras por cuanto fue aprobada para vehículos nuevos y exclusivos para esas ruta que debió de comenzar a operar hace mas de 6 años.
Sin embargo, los Tribunales mismos anularon todo lo actuado en esa oportunidad, lo que incluye la tarifa y los estudios, que le sirvieron de base.
No obstante en esta oportunidad el CTP puso a funcionar las intersectoriales con la misma tarifa anulada y con buses de las líneas existentes en otras rutas que ya sus costos habían sido incorporados en las otras rutas. De esta forma se estaría haciendo un doblo cobro.
“En el presente caso, al haber otorgado el permiso de operación con buses incluidos en la flota óptima regular de las otras rutas concesionadas, las empresas adjudicadas o favorecidas con el permiso, ya esa inversión o costo realizado por el operador, fue tomada en cuenta para fijar la tarifa en su ruta regular, de ahí que para mi representada, dicha fijación de tarifa constituye un acto irregular, que podría incluir un doble costo para el usuario sin ninguna erogación por parte del empresario, por lo que las presentes medidas cautelares se realizan en defensa del derecho de los usuarios, que es la parte más débil y a quien se les trasladan todos los costos de operación incluidos los cánones, afectando sus recursos económicos. Como su estimable autoridad puede apreciar de este cuadro fáctico se está proporcionando un sobredimensionamiento económico a estos operadores, sin justificación alguna que lo permita”, indica Rojas.
La Asociación solicitó de forma inmediata certificación de toda la flota óptima que se está utilizando en las interlíneas actuales, recorridos autorizados, número de placas de buses, empresas involucradas, ya que según la ley esto debe ser sometido a consulta pública.
Al ser un asunto tan complejo el Contencioso consideró que se requieren más pruebas de ambas partes, por lo que le dio al CTP y Aresep de tres días hábiles para que contesten por escrito.