Los jóvenes de Monteverde con algún grado de discapacidad tendrán de nuevo acceso a la educación pública luego de que la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo presentado por la Defensoría de los Habitantes.
Los magistrados le ordenaron al Ministerio de Educación Pública (MEP) disponer de inmediato, de un código para que se brinden los servicios de apoyo en educación especial. El MEP sostenía que sólo con una matrícula mínima se podía valorar la apertura de un código para un docente.
La Defensoría acudió a la Sala IV luego de conocer varios casos de jóvenes con alguna discapacidad que no han continuado sus estudios de secundaria debido a que ese centro educativo no cuenta con una oferta académica que se adapte a sus necesidades; y el colegio de Chomes que es el más cercano al que podrían asistir, está ubicado a 30 km.
La Defensoría realizó múltiples gestiones ante el MEP con el fin de que se valorara la posibilidad de ofrecer un programa de educación especial para estudiantes de secundaria de la comunidad de Santa Elena; no obstante, la justificación técnica del Ministerio para rechazar esta petición siempre estuvo sustentada en la necesidad de una matrícula mínima de alumnos.
En su resolución, N° 2013-13228, la Sala consideró que la decisión del Ministerio de no aprobar lo solicitado y de no ofrecer una solución alterna viable, lesiona sus derechos a la educación y a la igualdad.
