Editorial
Definitivamente el narcotráfico no respeta nada, ahora resulta que los aliados del ilícito hacen uso de menores de preescolar para transportar droga en los centros educativos.
Así de grave, los jerarcas de Asociación Nacional de Educadores (ANDE) delataron los hechos apenas días atrás con extrema preocupación pues cada vez son más los casos denunciados.
Y no se trata de un asunto meramente público, se ha detectado que en las escuelas y colegios privados podría ser peor, pues hay mayor poder adquisitivo en el estudiantado.
Estamos frente a un verdadero caos, niños y niñas “burros” del tráfico de estupefacientes es una faceta que jamás pensamos llegar a ver, sin embargo hay inescrupulosos que aprovechan la inocencia para delinquir y nuestra niñez no escapa a esta realidad.
Se sabe también que algunos padres de familia de estudiantes matriculados en ciertas escuelas de zonas altamente vulnerables usan a sus propios hijitos para el cruel y asqueroso negocio sin el menor de los temores. La actividad delictiva si bien afecta a todo el país, hay poblaciones más propensas y se debe a la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades.
Bueno, en guerra avisada no muere soldado, es hora de reaccionar y darse cuenta que las casas de enseñanza no son ajenas a situaciones tan soeces, por tanto urge retomar el tema de la revisión de bultos.
Años atrás aquello fue un escándalo de grandes dimensiones, se enfrentaron docentes, padres de familia, autoridades de educación, la policía y hasta organizaciones que protegen los derechos de los menores para determinar si la revisión procedía o no, si era legal.
Al final se determinó que dicha inspección de forma aleatoria jamás iba en contra de la integridad y la dignidad del estudiantado, por el contrario le protege.
Es así como de vez en cuando algunos centros educativos la realizan con el afán de velar por la seguridad de su población. La situación ha demostrado que hay escolares y colegiales que llegan armados a sus aulas y otros inmersos ya en el negocio del narcotráfico.
Hace un par de días en Purral de Goicoechea un estudiante andaba campante y sonante mostrando a sus compañeros un arma de fuego, afortunadamente el caso no pasó a más y la Fuerza Pública decomisó el artefacto. Sin embargo, surgen acá miles de dudas, sobre la seguridad que impera en las casas de enseñanza a donde uno envía a sus hijos e hijas para estudiar.
¿Será acaso que los antisociales encontraron ya el nicho perfecto y desatendido por padres, autoridades educativas y de seguridad, para penetrar al descaro?
Parece que hasta ahora muy pocos atienden estas señales de emergencia. Los menores son presas en las mismas aulas del crimen organizado, los reclutan para formar parte de bandas o pandillas, para vender drogas y hasta portar armas.
Son la carnada perfecta pues la policía precisamente no tiene la mirada puesta en chiquitos de kínder o primer grado y esos son ahora quienes de acuerdo con el ANDE cargan en sus mochilas de merienda o uniformes piedras y puchos de marihuana.
Sí, se le paran a uno los pelos de punta, pero así de fácil están las escuelas y colegios cargados de drogas, pornografía, pistolas y cuchillos.
Todos tenemos una responsabilidad sobre el tema, o tomamos conciencia y accionamos o nos lleva el puritico carajo. Las escuelas no son guarderías, no se trata de simples centros de cuido, los profesores no son los responsables absolutos del comportamiento de los menores. La enseñanza básica está en el hogar y es desde ahí donde se diseña y estructura la escala de valores.
Entonces basados en estos principios es que debemos junto al personal docente tomar medidas estrictas de seguridad para dotar a los estudiantes de ambientes sanos y óptimos para el desarrollo.
Papás, mamás o encargados por favor no dejen a sus hijos menores en etapa escolar ir solos a la escuela, no los entreguen en manos de vecinos; llévelos hasta la puerta, conozca docentes y amigos, recorra el sitio e inspeccione situaciones de riesgo, denuncie las irregularidades ante el director y el mismo Ministerio de Educación, si lo amerita ante la Fuerza Pública.
Hable las cosas como son: las drogas destruyen vidas, presente el panorama tan cruel como lo es y refiérase a las consecuencias de sus actos.
En los centros educativos, las juntas de padres, el director y los docentes deben, aunque sea más trabajo, retomar el tema de la revisión de bultos.
Los estudiantes están bajo el régimen de ejecución especial dentro de la escuela y es acá donde el director posee mayor potestad para autorizar dichas requisas ya sea con el personal de vigilancia del centro o miembros de cualquier cuerpo policial capacitado.
Es el director quien conoce las necesidades del estudiantado, sus debilidades, casos especiales de mayor atención y contención, ayudado por sus profesores podría saber dónde está el riesgo y qué alumnos podrían ser presas u objeto de comisión de un delito.
Hacer un mapeo de amenazas en cada escuela y colegio no está demás y en esto todos (el personal académico, los padres de familia y autoridades locales) podrían participar para poner orden y ejecutar medidas preventivas.
No dejemos para mañana algo que debe atenderse con urgencia hoy.
