El arbitraje por el gas
El tema sobre una regulación más rigurosa del mercado costarricense del gas no ha terminado. Ahora, según se ha informado en esta semana, la empresa Gas Zeta decidió llevar al país a un proceso de arbitraje internacional al considerar lesionados sus intereses.
El proceso reclama, nada más y nada menos, que $30 millones por potenciales pérdidas ante lo que ellos consideran falta de regulación adecuada en el mercado nacional.
Y aquí es donde empiezan las dudas. Ciertamente llevan toda la razón al decir, y hasta reconocido por las autoridades de Gobierno en su momento, en que fallan y faltan los controles.
La evidencia así lo expone, para muestra el incremento de unos años para acá de los accidentes en comercios y viviendas a causa de fallas por ejemplo en las válvulas de muchos cilindros, lo cual ha provocado tragedias como la sucedida hace unos meses en Alajuela y donde hubo víctimas mortales.
Pero cómo comprender que el reclamo se registre justo después cuando a raíz de los lamentables hechos el Ministerio del Ambiente iniciara acciones para regular, de mejor forma y con medidas más fuertes, a las empresas encargadas de la venta y distribución del gas. En definitiva hay una contradicción.
Las autoridades han incrementado inspecciones en plantas e incluso cerrado algunas por considerar que no cumplen las medidas de seguridad. Se ha encontrado por ejemplo cilindros que no cumplen con los requerimientos de seguridad debido a su manipulación por el reúso.
Además de un proyecto de ley, se está trabajando en una iniciativa para poner códigos de barra a los cilindros y así mejorar ese control para saber quién es responsable ante fallas de seguridad en los mismos.
Las medidas que están en proceso de discusión, por una parte, lo que pretenden es garantizar mayor seguridad a la población y reducir riesgos de accidentes lamentables.
Pero dadas las condiciones del mercado, hay situaciones más complejas sobre las cuales también urge entrar a regular fuertemente. Sobre estos aspectos relacionados inclusive con alguna competencia desleal, entre algunas compañías, también debe haber fiscalización.
Quizás si desde hace mucho tiempo se hubiera metido en cintura al sector y refrescado los sistemas de control, todo este escenario donde ahora el país (además de sufrir pérdidas humanas) deberá invertir recursos y tiempo en un proceso de arbitraje. Lo peor es que si el resultado es negativo también deberá sacar dinero que no tiene del erario público. Ello es consecuencia de no actuar en tiempo. Ahora no queda más que apechugar y seguir adelante, sin aflojar tampoco en las iniciativas de mayor fiscalización.
