La Sala Constitucional le ordenó al ministro de Hacienda, Édgar Ayales, que en un plazo no mayor a dos días explique las razones por las cuales no ejecutó una orden que le dio para que girara el 7% de lo recaudado por impuesto sobre la renta al Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
En la sentencia 2013-003691 los magistrados de este alto tribunal declararon con lugar un recurso de amparo presentado por la Asociación de Abogados y Abogadas del PANI, que a criterio de los juristas fue irrespetada por el Ministro al no incluir los montos en el presupuesto nacional.
Ante esta situación, la Asociación presentó un nuevo amparo que busca se tomen medidas disciplinarias contra el jerarca de Hacienda por desobedecer una sentencia judicial.
En respuesta a este amparo, el magistrado Fernando Cruz indicó que de acreditarse la desobediencia por parte del Ejecutivo se podrá ordenar al superior jerárquico, en este caso la presidenta Laura Chinchilla, que se le abra un procedimiento administrativo.
Además se le ordena a la mandataria testimoniar piezas ante el Ministerio Público por la eventual comisión del delito de desobediencia.
Si el Ministro es encontrado culpable se le podría condenar a cárcel de 3 meses a 2 años, con lo cual quedaría inhibido para ejercer puestos públicos hasta por 10 años.
Luis Quirós, presidente de la Asociación, dijo sentirse complacido por la rápida respuesta de la Sala IV en esta ocasión, especialmente al darse cuenta del irrespeto mostrado tanto por la Presidencia de la República como por los ministros, respecto a las resoluciones de este tribunal y de la Procuraduría General de la República.
