Defendemos el modelo solidario del ICE

El Gobierno de Laura Chinchilla está defendiendo el modelo solidario del ICE. Quiero dejar esto claro a propósito de un comentario publicado el 29 de julio en DIARIO EXTRA por Pedro Pablo Quirós, presidente ejecutivo del ICE en la administración anterior, en el cual contradice las declaraciones de la Presidenta sobre que el proyecto de Ley General de Electricidad propuesto por el gobierno anterior implicaba el cierre del ICE, indicando que lo dicho por doña Laura “no se apega a la verdad”.

Menciona Quirós que “como presidente ejecutivo del ICE durante la administración 2006-2010, asumí la responsabilidad de formar parte de una plataforma política que le ofreció a este país terminar con los monopolios de telecomunicaciones y seguros e impulsar una ley general de electricidad que creaba el marco jurídico necesario para incrementar las inversiones privadas en energías renovables, con el propósito de disminuir su costo con beneficio de todos los consumidores…”. No compartimos su tesis y él mismo nos dio los argumentos.

Un artículo del Semanario Universidad del 21 de abril de 2010, titulado “Pedro Pablo Quirós, presidente ejecutivo del ICE, señaló que el proyecto de ley para la apertura del mercado eléctrico puede ser peligroso para el país”, informa que en un foro realizado el 12 de abril, Quirós comentó que este proyecto significa un “foul” o jugada peligrosa a la organización del sector eléctrico. Además indica que “…para modernizarse, el ICE requiere entre $700 y $1000 millones de inversión. De no estar al día, con esta ley la generación eléctrica podría pasar a manos de las compañías extranjeras.” Estas afirmaciones evidencian el temor del señor Quirós sobre el impacto del texto del proyecto de la Ley General de Electricidad propuesto, porque pondría en riesgo la existencia del ICE.

Asimismo, en otro artículo del 7 de mayo de 2010 en La República, advirtió don Pedro Pablo: “Le temo al texto de apertura eléctrica porque no considera la evaluación de que la crisis eléctrica no está resuelta; entonces abre un mercado sin poner un transitorio de que Costa Rica debe tener prioridad en la producción dentro de su territorio...”.

Extraña la reacción del expresidente del ICE en su reciente artículo, pues no son para nada consistentes con sus planteamientos del 2010. Cabe preguntarse, ¿por qué y cuándo cambió de posición?

Ante los riesgos que el texto de aquel proyecto de ley de apertura eléctrica implicaban para el sector eléctrico nacional y por no contar con el consenso necesario, la administración Chinchilla presentó una nueva propuesta que permite aprovechar las ventajas comparativas del modelo actual y de una mayor participación privada en el mercado, resguardando el papel que han jugado las empresas e instituciones públicas y municipales en el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, así como las cooperativas de electrificación rural. También se introduce en las prácticas de contratación de proyectos privados por parte del ICE y en el nuevo proyecto propuesto, mayores espacios para una participación privada en el desarrollo de proyectos de energías renovables, en competencia. Todo ello para garantizar no solo el suministro de la electricidad a todos los usuarios del país sino los menores costos posibles; de otra forma, el ICE y el país perderían competitividad.

El proyecto de Ley General de Electricidad defendido por la administración Arias Sánchez trasladaba la inversión en energía a grandes empresas, pues se eliminaban los topes en la contratación de proyectos. Hubiese abandonado el modelo solidario del ICE, pues permitía a los grandes consumidores y productores de energía negociar directamente el servicio obviando al ICE y sin contribuir a la capacidad de respaldo necesaria en todo sistema eléctrico, lo que a la postre le quitaría tanto al ICE como a las cooperativas y empresas municipales los clientes grandes. La ley de oferta y demanda invertiría la ecuación de solidaridad y en vez de que los grandes consumidores apoyen el acceso a la electricidad de los más pobres a todos los servicios básicos de electricidad, terminarían éstos financiando la “confiabilidad y la seguridad energética”.

Reformas basadas solo en la ley de la oferta y la demanda hicieron colapsar los sistemas eléctricos de Santiago de Chile y Sao Paulo en Brasil. Bastó una serie de veranos prolongados para que ambos países sufrieran apagones y fallas en el servicio; nadie se preocupó de mantener la capacidad extra de respaldo pues el mercado no la pagaba. Acabamos de atestiguar los apagones en nuestro vecino del sur, Panamá, donde problemas de planeamiento en las redes de transmisión y de operación en algunas de las represas privadas les obligaron a sufrir de apagones en el verano del 2013. En síntesis, la Ley General de Electricidad propuesta por la administración anterior habría marcado un destino fatal para el ICE: su desmantelamiento o su colapso.

*Ministro de Ambiente y Energía

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Miércoles 21 Agosto, 2013

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Por: René Castro