Rocío Aguilar, superintendente general de Entidades Financieras, brindó entrevista a DIARIO EXTRA.
Debido al gran tamaño de los Bancos Nacional y de Costa Rica, en el caso hipotético de que uno de ellos tuviera recursos insuficientes y enfrentara una crisis de quiebra, el Estado no tendría el dinero necesario para hacer frente a la garantía estatal y se vería obligado a buscar afuera cómo costearlo.
Así lo asegura Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef), quien comentó a DIARIO EXTRA que “No existe fuente identificada de financiamiento para hacerle frente a la garantía del Estado”.
Es decir, en el caso de que se diera una quiebra en alguna de esas dos entidades bancarias, el Ministerio de Hacienda debería correr para ver cómo consigue el dinero y así cumplir con su deber como garante de la banca comercial estatal.
Si ello llegara a suceder, lo más probable es que se debiera de pedir plata prestada afuera del país y, por lo tanto, habría que presentar un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa con ese fin.
De forma similar opina Danilo Montero, director general de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), quien afirma que “Habría un impacto sobre la Hacienda Pública, porque claramente eso tendría que desembolsarlo el Ministerio de Hacienda, para lo cual estoy casi seguro de que no hay manera de estar preparado”.
El propio ministro de Hacienda, Nogui Acosta, defiende esa hipótesis. “El problema grave de esto es que el Estado no tiene la plata, tendría que ir a hacer un trámite legal, luego un trámite presupuestario y posteriormente un endeudamiento, etcétera, etcétera, etcétera”.
A pesar del importante giro de recursos que ello significaría, no se reflejaría en una mayor inflación, según explica el economista Gerardo Corrales: “En ese caso, el Gobierno no es el que emite dinero, al salir al mercado financiero a conseguir esos fondos, quitando fondos al sector privado”.
Por ello, aduce, uno de los primeros impactos sería un incremento en las tasas de interés.
¿QUÉ ES LA GARANTÍA DEL ESTADO?
El artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional establece que los bancos comerciales estatales, es decir el Banco Nacional (BN) y el Banco de Costa Rica (BCR), contarán con “la garantía plena y la más completa cooperación del Estado y de todas sus dependencias e instituciones”.
Esta garantía cubre las operaciones bancarias pasivas, es decir, los ahorros que tienen los clientes. Eso significa que la garantía del Estado a los bancos se traduce en que se les devolverá a los ahorrantes su dinero.
De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), esta garantía es “irreductible a las categorías de garantía subsidiaria y garantía solidaria reguladas por la legislación civil y comercial”. “Al final del día la garantía del Estado es solidaria, y en el proceso se le dará a la gente la plata”, comentó al respecto Acosta.
Esta medida se extiende también al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y al Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), ubicado en Panamá.
Aguilar subraya que no hay un límite o tope máximo para esa garantía, como se dio con el Banco Anglo “y que generó, desde el punto de vista fiscal, digamos un importante impacto respecto al PIB (producto interno bruto)”.
En el caso del Banco Popular, es una entidad pública no estatal, “y, en consecuencia, a pesar de estar regido su funcionamiento por el Derecho Público, no pertenece al encuadramiento estatal”, opina la PGR, por lo que no cuenta con dicha garantía.
SOBRE EL PROYECTO
La Superintendenta asegura que la propuesta de ley N.°24.256, en corriente legislativa desde abril pasado, tiene como propósito cerrar una serie de brechas entre la banca estatal y la privada, a la vez que seguir las recomendaciones giradas por organismos internacionales, en particular del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los cambios propuestos buscan el fortalecimiento de los procesos de resolución bancaria, es decir, las medidas que se toman cuando una entidad financiera entra en riesgo de quiebra, como pasó en el caso de Coopeservidores.
“Si bien el país avanzó de manera importante con la ley que se aprobó para el acceso a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), todavía existían brechas importantes”, manifestó Aguilar.
La nueva iniciativa, dice al respecto, contempla brindar mayores poderes de resolución para el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y, sobre todo, dar mayores poderes a la Sugef para resolver de manera más temprana frente a un banco en problemas o una institución financiera fallida.
“En ese proyecto de ley se aprovechó para cumplir con otro de los temas que ha estado en la palestra, las asimetrías que se generan en el mercado financiero, en cuanto a que unos tienen garantía del Estado y otros no”, externó.
Según dice, la idea es promover una competencia más equilibrada en el sector financiero al eliminar diferentes asimetrías, tanto las que están a favor de los bancos del Estado, como las que están en contra, junto con las contribuciones parafiscales a las que obligadas las instituciones financieras públicas.
En caso de aprobarse la nueva ley, explica, Hacienda contaría con un fondo de financiamiento para los procesos de resolución. “Lo cual no quiere decir que es el pago al 100% de los depositantes, sino un mecanismo que ayude a que en un periodo muchísimo más corto se pueda a recuperar la mayor cantidad de activos”, aclaró la superintendente.
SIN PLAZO
Para el director de la OCF, es difícil saber cuánto tiempo podría tardarse en que el Gobierno devuelva el dinero a los ahorrantes si un banco estatal quebrara.
“Lo que pasa es que es un supuesto muy dramático en una entidad muy grande”, matizó Montero, por lo que “sería bastante complicado prever qué se haría o en cuánto tiempo”.
Montero explica que existe una variedad de fórmulas que podrían aplicarse para asumir los pasivos (dinero de los ahorrantes), pero no se tiene nada definido, por lo complejo de esa eventual situación.
“Tendrían que sentarse el ministro de Hacienda, el Banco Central, las autoridades reguladoras, porque eso tendría un tremendo impacto para la economía costarricense”, declaró.
Según comenta, que quebraran el BN o el BCR no se parecería en nada a otras experiencias previas, como los casos del Banco Anglo, el Crédito Agrícola o Coopeservidores, ya que esos casos resultaban “relativamente manejables”.
PROCESO DE RESOLUCIÓN BANCARIA
Cuando una entidad financiera es inviable o tiene graves dificultades, se aplica un proceso de reestructuración, en el que se garantiza la continuidad de las funciones de la institución, para que se mantenga la confianza en el sector bancario y evitar un contagio en el resto de la economía.
GARANTÍA SUBSIDIARIA
Garantía de pago brindada por un tercero a una obligación, de forma tal que el acreedor debe dirigirse primero al deudor y solo en caso de que este no pague podrá dirigirse al garante.
GARANTÍA SOLIDARIA
Garantía de pago brindada por un tercero a una obligación de forma tal que el acreedor puede dirigirse a cobrar el crédito indistintamente al deudor o al garante.
Tipo de operaciones
Operaciones bancarias activas: donde el banco utiliza los recursos captados para otorgar créditos a sus clientes, generando un ingreso por concepto de intereses y comisiones (préstamos de dinero).
Operaciones bancarias pasivas: aquellas mediante las cuales se captan recursos del público, estas generan un gasto por concepto de intereses que se paga a los ahorradores e inversionistas (ahorros).
PERIODISTA: William Aguilar Téllez
CRÉDITOS: Fotos: Randall Sandoval
EMAIL: [email protected]
Martes 06 Agosto, 2024
HORA: 12:00 AM
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