Uno de los sectores más perjudicados por la resolución de Coopeservidores, es el solidarista, el cual cree que las pérdidas en operaciones rondarían los ¢25.000 millones.
Así lo estima Gonzalo Meza, asesor jurídico de la Federación Costarricense de Asociaciones Solidaristas del Sector Público y Privado (Fecasppri).
Esto ocurre a raíz de la aceptación que realizó el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) de la propuesta del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC).
Parte del problema es que las asociaciones solidaristas tienen más de los ¢6 millones garantizados, deberán asumir la pérdida de casi el 50% de sus ingresos. Ese porcentaje faltante es el que explicaría el posible perjuicio de ¢25.000 millones.
Meza declaró: “Es muy lamentable que solo nos vayan a dar el 50% de los dineros. Habíamos cifrado las esperanzas de que recibiríamos montos más altos porque, aunque sabíamos que había un deterioro de la cartera, la distribución iba a ser equitativa. Hay un grupo privilegiado que va a recibir el 100% de lo invertido, entre ellos el Banco Central y otros bancos”.
CUESTIONAN NO USO DE FONDO DE GARANTÍA
Meza también cuestionó la posición del Conassif al no usar el fondo de garantía de depósitos (FGD).
“Primero crean la expectativa que van a usar el fondo de garantía de depósitos, luego cambian la metodología y son los inversionistas comunes los que terminan subsidiando los ¢6 millones”, aseguró.
La molestia contra los órganos supervisores no es exclusiva de las asociaciones solidaristas.
Luis Marín y Antonio Barzuna, inversionistas afectados, cuestionan el papel que jugaron el Conassif y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) por su lentitud en la respuesta y por no usar el FGD.
“No quieren ayudar. Por ejemplo, en el caso del fondo no lo quieren usar porque dicen que eso es solo para un proceso concursal, pero la ley los desmiente”, expresó Marín.
Por su parte, Rocío Aguilar, titular de la Sugef, aclaró que el FGD se usa únicamente cuando la institución llega a un proceso concursal (quiebra), pero al no haber sido necesario, es el banco adquiriente quien debe encargarse de pagar esos ¢6 millones.
SEGUIRÁN LUCHANDO PARA RECUPERAR SUS INVERSIONES
Tanto los solidaristas como los demás inversionistas no descansarán en seguir luchando por garantizar una recuperación mayor de lo perdido.
Marín planteó que buscarán la creación de un fideicomiso administrado por el Banco Popular con los bienes del “banco bueno” que no fueron adquiridos, de esta forma se gestionaría para que no se deprecien más esos fondos, así los inversionistas podrían obtener un pequeño aporte mayor.
Además el asesor de las solidaristas informó que se apersonaron a los procesos penales que en la actualidad se llevan en el Ministerio Público por la inviabilidad de Coopeservidores.
El abogado penalista Rodrigo Araya, quien representa a Fecasppri en estas causas, detalló que en este momento la Fiscalía tiene dos procesos abiertos: el primero es de carácter penal, en el cual investiga a los colaboradores de la cooperativa por administración fraudulenta e infracción de la Ley del Banco Central, entre otros.
OPINAN
Gonzalo Meza
Asesor jurídico Fecasppri
“Estamos analizando dentro del periodo de ley que tenemos. Lamentamos el manejo que se le ha dado a este tema. El planteamiento que esperábamos era totalmente diferente, con una acción más proactiva del resolutor que al final del día nos salió con un tema que no esperábamos. Esto nos afecta enormemente al sector. Vamos a tener que ir al uno a uno con las organizaciones para ver cómo cada una va resolviendo este asunto”.
Antonio Barzuna
Inversionista
“El hecho de que se haya llegado hasta una instancia de intervención es un claro indicio de que se supervisó mal la cooperativa. Existen informaciones que están circulando en cuanto a la responsabilidad de los entes supervisores, entonces consideramos que ahí hay un problema porque la supervisión evidentemente falló”.
PERIODISTA: Emmanuel Miranda Pérez
EMAIL: [email protected]
Martes 06 Agosto, 2024
HORA: 12:00 AM
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