Las sanciones por cometer delitos ambientales, a excepción de algunos casos, son de multas de salarios base o penas de cárcel que rondan entre uno y cuatro años, razón por la que estos crímenes se han vuelto atractivos para los delincuentes.
Las penas de prisión son tan bajas que muchos criminales han incursionado en estos delitos, desde la tala ilegal hasta el tráfico de especies, lo que ha sido identificado por las autoridades judiciales.
“Los delitos ambientales en Costa Rica, salvo lo que es minería ilegal, disposición ilegal de residuos o tránsito de sustancias peligrosas, los demás no alcanzan esta pena, llegan a una máxima de tres años de prisión”, dijo Alejandro Alpízar, fiscal de la Fiscalía Adjunta Ambiental, en entrevista reciente con DIARIO EXTRA.
Ante este panorama, autoridades legislativas y judiciales señalan que se debe hacer el análisis de las penas de prisión y de los recursos que se tienen para atender estos casos.
La Fiscalía Adjunta Ambiental recibió durante 2023 un total de 2.355 denuncias por delitos ambientales relacionadas con infracciones por pérdida de la biodiversidad, invasión y aprovechamiento en Áreas de Protección, infracción a la Ley Forestal o explotación ilegal de material minero.
Ariel Robles, legislador del Frente Amplio, considera urgente aumentar las penas, debido a la incursión de organizaciones criminales en este apartado.
“La gran mayoría de los delitos ambientales no se consideran delitos graves, lo que genera la imposibilidad de aplicar a estos crímenes las herramientas existentes en la ley para perseguir a la delincuencia organizada y castigarla”, dijo Robles.
Carlo Díaz, fiscal general de la República, señala que fiscales especializados del área le han hecho ver la necesidad de una actualización de la legislación en estos temas.
“Nosotros contamos con expertos en la materia, que se han desarrollado durante muchos años en esto, ellos nos han sugerido una revisión prácticamente integral de la legislación y lo vamos a trabajar a futuro”, afirmó Díaz.
Kattia Cambronero, diputada del Partido Liberal Progresista e integrante de la Comisión de Ambiente, recalca que desde su despacho trabajan en el estudio para modificar estas penas.
“Estamos hablando con un organismo de desarrollo internacional para hacer una mejora a la penalidad vinculada con delitos ambientales, pero hay que avanzar en cómo determinar los diferentes delitos ambientales y las penas”, explicó Cambronero.
La legisladora recordó que hay delitos ambientales como ingresos ilegales a Parques Nacionales, así como otros relacionados con destrucción de ecosistemas marinos por pesca ilegal, pero también la extracción de biodiversidad por medio del material genético.
PROPUESTA
Robles presentó un proyecto bajo el expediente 23.952 que busca duplicar las penas de cárcel por delitos contra el patrimonio natural.
De acuerdo con el legislador, el 95% de los delitos tipificados en la legislación se sanciona con el pago de multas o con penas de cárcel tan bajas que hace difícil disminuir estos crímenes.
El proyecto incluye reformas en la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, la Ley Pesca y Acuicultura y de la Ley de Protección, Conservación y Recuperación de las Poblaciones de Tortugas Marinas.
En estas tres legislaciones se incrementa por el agravante de ser crimen organizado, en un 50% las penas de prisión cuando: “las conductas ilícitas sean cometidas por un grupo estructurado de dos o más personas que haya existido durante cierto tiempo y que haya actuado concertadamente con el propósito de cometer dichos delitos”.
El congresista subraya que la propuesta dotará a la Fiscalía Ambiental del Ministerio Público las herramientas jurídicas necesarias para investigar estas conductas ilícitas cuando son cometidas por redes de crimen organizado y castigarlas con penas mayores.
FISCALIZACIÓN
Gilberth Jiménez, diputado del Partido Liberación Nacional e integrante de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, señala que no solo se debe analizar el tema de las penas, sino fortalecer la fiscalización.
“El problema lo resolvemos siendo oportunos en la acción, con respecto a las diferentes denuncias que se dan, ya sea confiscando el equipo que emplean para esos ilícitos y la gente lo va a pensar si le quitan herramientas”. Agregó que, en un país que tiene una legislación tan actualizada en estos temas, debe también haber un cuerpo fuerte en el tema de control.
La legisladora Cambronero coincide en la posición de Jiménez y asegura que se deben dotar recursos a los Tribunales Ambientales, pero no solo dinero, sino también capacitación para que se tomen decisiones acertadas con las penas.
“El otro gran tema es si hay una base de datos recurrente de las personas que cometen estos delitos, que cuando alguien cometa un delito ambiental quede en bases datos que permita observar cuáles son los individuos que reiteradamente ejecutan estos crímenes, porque se tiene claro que hay bandas que se dedican a esto o que son una mampara para el narcotráfico”, finalizó Cambronero.
Kattia Cambronero
Diputada del PLP e integrante de la Comisión de Ambiente
“Se tiene claro que hay bandas que se dedican a esto o que son una mampara para el narcotráfico, pero el análisis debe también valorar como fortalecer la Fiscalías Ambientales y generar bases de datos”.
Gilberth Jiménez
Diputado del PLN e integrante de la Comisión de Ambiente
“El tema no es solo de ampliar las penas, de multas o sanciones, no se tienen realmente una ejecución o una ley pronta y cumplida a pesar de tener una legislación ambiental tan moderna”.
PERIODISTA: Allan Madriz
CRÉDITOS: Fotos: Isaac Villalta
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Lunes 05 Agosto, 2024
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