El ministro del Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, defendió una vez más que las autorizaciones de tala a unas fincas privadas dentro del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo se otorgaron totalmente en orden.
“Nosotros lo hemos investigado, cumple con todos los procedimientos nuestros para dar un permiso de aprovechamiento (forestal), sin embargo, el caso está judicializado y ahora, en el último allanamiento que se dio recientemente, el acta (…) indica que es porque ellos (la Fiscalía) creen que no seguimos bien nuestro procedimiento”, manifestó el ministro ante consulta de DIARIO EXTRA en la conferencia de prensa previa al Consejo de Gobierno.
Tattenbach comentó que para otorgar los permisos el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) analizó una imagen satelital del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), capturada en 2000, y se realizó una visita de campo, con el fin de verificar si la cobertura boscosa había aumentado.
“Bueno, pues la Fiscalía está investigando si seguimos bien la metodología o no, o sea, para nosotros la propiedad de este señor que se menciona estaba sin ninguna anotación, que es un procedimiento que tenemos que seguir. No había en el Registro ninguna prohibición, de acuerdo con la ley y los procedimientos del Sinac estaba todo en orden”, externó.
El jerarca aseveró además que durante el año pasado el Ministerio del Ambiente y Energía (Minae) recibió 1.733 denuncias por tala ilegal en todo el país, “de las cuales prácticamente 1.300, más del 75%, nosotros mismos se las trasladamos a la Fiscalía Ambiental para que las investiguen”.
El titular del Minae aseguró que las denuncias que trasladan al Ministerio Público son las que no cuentan con permiso del Sinac y ve extraño que el público se enfoque justo en la tala en una finca que contaba con autorización para hacerlo.
DETENCIONES
Por la entrega del permiso de tala, la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental y la de Probidad, Transparencia y Anticorrupción detuvieron el martes a dos colaboradores del Área de Conservación La Amistad Caribe (Aclac) y al dueño de la finca, de apellidos Pacheco Dent. Este miércoles se detuvo a dos funcionarios más.
Se investiga el posible cambio de uso de suelo en zona boscosa, lo que es prohibido por el artículo 61 inciso c) de la Ley Forestal No.7575, y penado con entre un mes y tres años de cárcel.
29 ÁRBOLES
Era el 9 de mayo cuando un grupo de vecinos de Manzanillo, en el cantón de Talamanca, denunció que dos camiones llenos de madera salieron de una finca frente a Playa Grande y aseguró que se trataba de tala ilegal.
El 15 de ese mismo mes la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental allanó la finca donde se talaron los árboles y la oficina de prensa del Minae informó que el Sinac dio el permiso de cortarlos a través de la figura de aprovechamiento forestal, emitida el 12 de abril mediante resolución No.011-2024-ACLAC-SLT, en las fincas No.7-48141-000 y No.7-59699-000.
Casi al mismo tiempo, Tattenbach en el Consejo de Gobierno, celebrado en Tierra Blanca, ante consulta de El Periódico de Más Venta en Costa Rica respondía que los permisos se encontraban debidamente inscritos en la Oficina Subregional de Limón del Sinac.
“Ese es un permiso normal forestal. En Costa Rica se pueden cortar árboles si esa es su finca y ese es su potrero, si usted tiene permiso adecuado y no es un bosque”, manifestó.
Esas propiedades están a nombre de la firma Playa Manzanillo. S.A., cuyo representante legal es un empresario de apellidos Pacheco Dent. El plan es desarrollar ahí un complejo de condominios de lujo, para el cual pretenden segregar la propiedad en 82 lotes.
El 21 de mayo las fiscalías Ambiental y Anticorrupción allanaron las oficinas del Aclac y de la Municipalidad de Talamanca, en busca de información sobre los permisos otorgados para la tala.
Las autoridades judiciales secuestraron todos los documentos de las fincas, referentes a los permisos gestionados desde la institucionalidad. Esta pesquisa se tramita bajo el expediente 24-000003-1851-PE.
El 30 de mayo el ministro Tattenbach informó que, a pesar de que se trataba de un trámite normal en una propiedad privada, desde el Sinac abrió una investigación de oficio para verificar que todo se hubiera hecho en regla.
LARGO PLEITO LEGAL
Por más que se trate de 29 árboles, esto parece ser solo la punta del iceberg, de acuerdo con varias organizaciones defensoras del medioambiente en la zona.
Según indican, el problema surge varios años atrás, cuando en 2014 se aprobó la Ley 9223, de “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur”, gestionada desde el Poder Ejecutivo, para regularizar las propiedades de cerca de 3.000 locales.
Sin embargo, ese mismo año se presentó ante la Sala IV una acción de inconstitucionalidad por la aparente afectación al Refugio Gandoca-Manzanillo, al que se le retiraban 188 hectáreas de bosque en terrenos privados, las que serían por extensión patrimonio natural del Estado.
La acción fue hallada con lugar en 2019 y la Sala Constitucional ordenó al Sinac definir y delimitar las 188 hectáreas del bosque. De igual forma, con esa resolución se derogó la Ley 9223 en lo referente a la extensión del refugio.
Los años pasaron y a pesar de que el Sinac envió informes sobre el tema en 2020 y en 2023 al tribunal constitucional, recientemente la Procuraduría General de la República remitió un acopio de pruebas a la Sala IV, en las que afirma que no se ha cumplido la orden respecto al área boscosa.
En medio de esto se aprobó la primera versión del Plan Regulador Costero Cahuita, del cantón Talamanca, el cual permitía diferentes usos de suelo en la zona marítimo terrestre. En contra de este se presentó un recurso de amparo por la afectación a los humedales del lugar y la Sala IV votó a favor.
A pesar de estas resoluciones, se han gestionado 952 permisos de aprovechamiento forestal (tala) en el cantón de Talamanca en la última década. Asimismo, de acuerdo con ambientalistas locales, muchos propietarios utilizan métodos para deshacerse de los árboles sin talarlos.
Asimismo, muchas veces se extrae el suelo propio de humedal y se coloca lastre en su lugar, según comentó Luis Diego Hernández, fiscal coordinador de la Fiscalía Ambiental, a El Periódico del Pueblo.
DELITOS INVESTIGADOS
En el expediente 24-00003-0611-PE, por el que detuvieron a cuatro funcionarios y un empresario, se indagan los siguientes delitos:
- Prevaricato: dictar resoluciones contrarias a la ley.
- Influencia en contra de la Hacienda Pública: realizar actos que perjudiquen económicamente al Estado.
- Falsedad ideológica: adulterar la información contenida en documentos públicos.
- Uso de documento falso.
ABREN PROCEDIMIENTO A JERARCA
Este miércoles se hizo público que la División Jurídica de la Contraloría General de la República abrió un procedimiento administrativo sancionatorio contra Franz Tattenbach por presuntamente incumplir una orden.
En agosto de 2022 el órgano contralor ordenó al titular del Minae establecer normas de plazos para la evaluación ambiental estratégica, aplicable a planes de ordenamiento territorial, ante del 15 de noviembre de ese mismo año.
Asimismo, se le pidió revisar los decretos ejecutivos que crearon varias comisiones internas en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y eliminar las que “limiten, sustituyan o impidan el ejercicio de las competencias y funciones a la Setena”.
PERIODISTA: William Aguilar Téllez
CRÉDITOS: Fotos: Wilbert Hernández e Isaac Villalta
EMAIL: [email protected]
Jueves 18 Julio, 2024
HORA: 12:00 AM
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