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Nacionales

Piden investigar a Chaves y Cisneros por supuesto tráfico de influencias

Diputados aprueban informe de Comisión Sinart

  • El informe fue respaldado por la mayoría de los diputados de oposición

  • El caso pasará a manos del Ministerio Público

  • Andrea Álvarez

Con criterio dividido, la Asamblea Legislativa aprobó un informe de mayoría impulsado por la oposición, en el que se pide investigar la “politización de la pauta” por parte del Gobierno y la agencia de publicidad del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart). 

Con 30 votos a favor y 13 en contra, el plenario pidió al Ministerio Público abrir una investigación en contra del presidente de la República, Rodrigo Chaves, y Federico Cruz, alias “Choreco”, quien fungía como asesor presidencial, por el delito de tráfico de influencias.

Del mismo modo, plantea investigar a Christian Bulgarelli, dueño de la agencia RCM La Productora, por la participación en la redacción de los términos y condiciones del cartel de licitación del que también fue adjudicatario.

También pretende investigar a Natalia Díaz, exministra de la Presidencia, así como a Jorge Rodríguez Vives, ministro de Comunicación, por presuntamente facilitar dicha contratación de manera irregular.

Votaron a favor diputados de Liberación Nacional (PLN), Liberal Progresista (PLP), Frente Amplio (FA) y la mayoría de la Unidad Social Cristiana (PUSC).

En contra votaron los legisladores oficialistas junto a la bancada de Nueva República (NR), además de los rojiazules Leslye Bojorges y Carlos Andrés Robles.

 

¿QUÉ DICE EL INFORME?

 

El informe, aprobado por los congresistas, afirma que la Agencia del Sinart se habría utilizado para “politizar la pauta estatal”.

Así las cosas, se implementó un “método perverso” con pauta y contrataciones a demanda con el fin de “dominar” medios de comunicación. 

Por ello se pide investigar las contrataciones que realizó el Sinart en el periodo 2022-2023, así como las realizadas en Kölbi-ICE, Junta de Protección Social (JPS) e Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

 

INVESTIGACIÓN

 

Del mismo modo, se plantea investigar al Comité Editorial de Casa Presidencial, conformado por Jorge Rodríguez, Natalia Díaz, Rodrigo Chaves, Federico Cruz y la diputada Pilar Cisneros por el delito de tráfico de influencias en cuanto al manejo de los recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Caso similar con Marco Acuña, presidente del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); José Rafael Solano, director de la División Comercial; y Luis Diego Abarca, gerente de Telecomunicaciones, por tráfico de influencias, así como a la presidenta ejecutiva de la JPS, Esmeralda Britton, por el mismo hecho junto a posibles perjurios y falso testimonio.

Otros a los que se pide investigar son Federico Amador, Fernando Sandí y David Tencio, funcionarios del Sinart, así como a Allan Trigueros por los delitos de tráfico de influencias y falsedad ideológica. 

Finalmente, se solicita que el Ministerio Público indague a Cisneros por la posible comisión del delito de divulgación de secretos en perjuicio del Instituto Costarricense de Electricidad por difundir datos comerciales de este en la sesión ordinaria No.10 del 27 de noviembre de 2023.

 ÉTICA PÚBLICA

 

En la misma línea se solicita a la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) realizar una pesquisa para comprobar si Choreco cumplió con las condiciones y requisitos que lo identifican como un funcionario de hecho en el sector público. 

A su vez, precisan conocer si cometió actos irregulares contrarios a la ética pública, probidad y transparencia.

“Si no se hubiera denunciado esto en los diferentes órganos de control, esta Asamblea Legislativa incluida, esto hubiera significado un chorizazo politiquero de más o menos ¢9.000 millones. 

Se pretendió llevar el presupuesto de publicidad para la Agencia Sinart y desde ahí asignarlo a dedo en una agenda con intereses políticos y económicos a los medios de comunicación o personas que hagan comunicación en redes sociales bajo una lógica política”, señaló el frenteamplista Ariel Robles.

“¡Los controles no le gustan a este Gobierno!”, secundó la rojiazul Vanessa Castro. 

“Hubo un involucramiento de la Presidencia de la República en todo momento, tanto en los contratos del BCIE como del Sinart. 

Esta decisión de las instituciones autónomas de pautar con Sinart no hubiera sucedido si no hubiera venido con órdenes superiores.

No se hubieran alineado todos los departamentos de comunicación de instituciones autónomas si no hubieran venido las órdenes de arriba”, añadió la liberacionista Andrea Álvarez.

 

LE BAJAN EL PISO

 

Tal como era de esperar, la bancada de Gobierno le bajó el piso al informe de mayoría. 

La diputada Ada Acuña aseguró que lo aprobado carece de un análisis riguroso de pruebas y violenta derechos constitucionales.

Del mismo modo indicó que el documento aprobado por la oposición se realizó “sin pruebas objetivas” y lo que el Gobierno ha intentado es “democratizar la pauta estatal”. 

“Este informe de mayoría pretende seguir el circo, planteando al Ministerio Público que se investigue al presidente de la República y a la diputada Pilar Cisneros, cuando desde el seno de la comisión violaron intencionalmente su derecho a la defensa, contemplado en el artículo 39 de la Constitución Política. 

En las últimas tres administraciones, por 10 años consecutivos se otorgó la pauta estatal a solo 10 medios de comunicación, pero ahora en la administración Chaves Robles se amplió a 90 medios, entre alternativos y tradicionales. 

¡Por supuesto que esa ampliación incomoda a algunos. Se rompió el círculo cerrado que se tuvo por años de solo medios tradicionales”, dijo la oficialista, quien no se refirió a que buena parte de la pauta se otorgó a medios afines a la línea de Zapote. 

Acuña mencionó que la comisión se fraguó en un terreno de conflictos de intereses.

“(…) Es un informe de mayoría armado como un traje a la medida para conclusiones prediseñadas desde los intereses políticos y la pretensión de continuar generando material para el show en la Comisión de Ingreso y Gasto Público”, concluyó. 

 

SILENCIO

 

DIARIO EXTRA solicitó una reacción a Casa Presidencial, pero al cierre de edición no obtuvimos respuesta. 

PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal

CRÉDITOS: Fotos: Asamblea Legislativa

EMAIL: [email protected]

Martes 09 Julio, 2024

HORA: 12:00 AM

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