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Sucesos

Operativos en cárceles cuestan hasta ¢10 millones

Para decomisar celulares, según director de Policía Penitenciaria

  • Diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico recibieron al ministro Gerald Campos

  • El viceministro Exleine Sánchez aseguró que se realizan operativos constantemente

En la Comisión de Seguridad y Narcotráfico se discute el proyecto de ley para sancionar penalmente a las personas que introduzcan ilegalmente teléfonos celulares, satelitales u otros medios de comunicación electrónicos en los centros penitenciarios.

Entre las pretensiones del expediente se encuentra que aquel funcionario o individuo que ingrese un aparato de comunicación a los recintos sea penalizado de 2 a 4 años de prisión.

Por esta razón Gerald Campos, ministro de Justicia y Paz; Exleine Sánchez, viceministro de esa cartera, y Nils Ching, director de la Policía Penitenciaria, comparecieron ante los diputados de dicho foro legislativo y dijeron que esta iniciativa de ley es fundamental para que esas personas no queden impunes.

Actualmente el ingreso de celulares a un centro penal no es considerado un delito y a los funcionarios que realizan este tipo de hechos solo se les abre un proceso disciplinario, pero este no siempre se llega a concluir porque, según Campos, en la mayoría de los casos los oficiales renuncian.

Por su parte, Ching aseguró realizar operativos en las cárceles genera grandes gastos humanos y económicos para el Estado.

“El cálculo es muy relativo, pero podemos promediar que hay una utilización de al menos 80 funcionarios que se usan de manera diaria en diversos puntos que se concentran. 

A eso hay que sumarle el transporte, a veces el uso del combustible y alimentación de estas personas. Eso implica en promedio entre ¢5 millones y ¢10 millones, dependiendo del tipo de operativos y la cantidad de personal que se vayan a utilizar”, comentó.

Para el ministro este tema es de preocupación por el alto número de intervenciones.

“El trabajo que hemos asumido desde el 8 de mayo de 2022 hasta la fecha implica más de 10.456 intervenciones, en las cuales hemos decomisado 5.629 celulares, 7.556 chips y 1.047 artículos electrónicos”, aseguró.

Otro de los que solicitaron que se apruebe el proyecto es Ching, quien comentó que ahora las personas se la juegan e incluso hacen ingreso de los celulares dentro del cuerpo.

“Las personas están tratando de ingresar aparatos electrónicos intracuerpo. Aquí hay un tema de fondo, el cual es que las personas están viéndose vulneradas y es muy preocupante porque podría existir la trata de personas debido a que organizaciones estarían obligando a realizar estas acciones”, indicó.

La pena se agravará en un tercio si la introducción de estos aparatos la realiza un funcionario público, proveedores de servicios o productos, abogados en el ejercicio de su profesión o cualquier otra persona a la que se le haya otorgado una autorización de ingreso especial a un centro penitenciario.

 

HACINAMIENTO 

 

Ante la consulta de DIARIO EXTRA sobre dónde irían estas personas debido al hacinamiento en los centros penales, Campos comentó que primero se preocuparán por aprobar el proyecto.

“Para hablar de hacinamiento tiene que haber más del 20% de sobrepoblación. Le puedo garantizar que estamos trabajando en eso, ahora dependerá de que en cada caso haya una sentencia en firme. No puedo estar contando quiénes me van a ingresar si todavía la ley no ha sido aprobada y no sé si habrá personas procesadas”, comentó.

El legislador Horacio Alvarado cuestionó que este proyecto de ley busca penalizar, cuando para él más bien se debería buscar la prevención del delito.

“Estamos penalizando, no estamos realizando nada preventivo. Con todo respeto, me parece que no estamos haciendo nada administrativo porque me están diciendo que son 7.600 teléfonos los que están ingresando. Supongamos que con esa ley van a ingresar menos, pero entonces ¿dónde van a meter esas 200 personas a la cárcel si no hay espacio?”, cuestionó.

Ante estas afirmaciones el ministro dijo que él es el administrador del régimen y no puede evitar lo que sucede fuera de estos recintos.

“Yo administro el régimen carcelario. Lo que suceda fuera de estas paredes no lo puedo evitar, pero lo que trate de ingresar, tengo que hacer labor preventiva, que es lo que estoy haciendo con todos los operativos para controlar el no ingreso, y aquellas personas que intentan ingresarlos, que asuman su responsabilidad por un hecho que considero debe ser delito”, acotó.

PERIODISTA: Andrés Ulloa

CRÉDITOS: Fotos: Isaac Villalta

EMAIL: [email protected]

Viernes 21 Junio, 2024

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