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Opinión

Sí a la extradición

Editorial

Ante la posibilidad de que los costarricenses o ciudadanos naturalizados puedan ser extraditados a otros países en caso de cometer delitos asociados al narcotráfico o el terrorismo, se está generando toda una polémica.

Sin duda, todos deberíamos estar de acuerdo con que puedan ser requeridas por otros países aquellas personas que deciden incurrir en este tipo de actos delictivos.

Debemos ser sinceros y reconocer que en el país no existe ninguna cárcel que tenga los niveles de seguridad para retener a un narcotraficante de grueso calibre.

Y es que, a pesar de lo mal que estamos en cuanto a homicidios por drogas, todavía no hemos llegado al capítulo en que un pez gordo sea detenido, enjuiciado y enviado a prisión.

Pensemos por un momento que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lograra detener a una persona como Diablo y que a este lo requirieran fuera de nuestras fronteras.

Estamos hablando de una figura que tendría ramificaciones en la Policía de Control de Drogas, la Fuerza Pública, la Policía de Tránsito y solo Dios sabe a dónde más.

La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿podríamos realmente garantizar que no se dé una fuga? Creemos que hasta ahora no nos hemos enfrentado a una situación de este tipo.

Tras escuchar a los expertos y leer la Constitución Política, no pareciera que el espíritu del legislador se hubiera referido al tema de la extradición cuando indica que no se puede expulsar a un nacional, sino a acontecimientos políticos propios de la época, cuando alguien podía ser echado del país por una opinión contraria.

Esta no es la misma Costa Rica de hace 82 años. Debemos ser realistas, estamos enfrentando la ola de violencia más grande de los últimos tiempos, y la mayor parte de los asesinatos se da por ajusticiamientos.

Desde ningún punto de vista podríamos compararnos con aquel entonces, los problemas con lo que hoy lidiamos como sociedad no son los mismos, y la medicina debe ir acorde con la enfermedad.

Hay garantías individuales, pero ciertamente existe una colectividad en la que los diputados deben pensar y proteger. En poco nos beneficia el dejar a este tipo de delincuentes en suelo nacional.

Más allá del tema jurídico, el sentido común nos dice que lo ideal sería que haya una extradición, definida bajo nuestros propios términos y estableciendo nuestras propias reglas.

Lo que sí resulta preocupante es que no exista claridad entre los diputados de cuál debe ser el procedimiento, porque esto podría anular y atrasar cualquiera que sea la decisión.

Desde ya existe la alerta de que para hacer esta reforma es probable que se requiera una Asamblea Constituyente, de modo que todo lo que llegue a acordar la comisión podría quedar en nada.

Entonces hay que empezar por el principio, definiendo cuál es el procedimiento adecuado para abordar el tema, porque en definitiva este es un tema al que hay que entrarle.

Lo que está en juego es que pueda declararse ilegal todo el proceso y toda reforma, con el gasto de recursos y tiempo en que podemos incurrir por no tener suficiente claridad.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

EMAIL: [email protected]

Martes 11 Junio, 2024

HORA: 12:00 AM

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