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Nacionales

INVU puede frenar construcciones que afecten el medioambiente

Aunque hayan sido aprobadas por municipalidades

El INVU podría solicitar ayuda de la Fuerza Pública para detener las obras

El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) puede detener construcciones si considera que están en contra de lo señalado en la legislación nacional y dañan el entorno natural. 

Es decir, si usted, por ejemplo, cree que hay problemas en el desarrollo de un proyecto y que afecta al medioambiente, podría acudir a la Dirección de Urbanismo del INVU, como entidad rectora en la materia, de acuerdo con el análisis de la Procuraduría General de la República (PGR). 

Según señala el abogado del Estado, la institución “no solo puede, sino que por ley le es delegado al Departamento de Urbanismo el deber de informar ante los gobiernos locales sobre los certificados de uso de suelo que hayan sido otorgados contrarios a los planes regionales o locales vigentes, así como de los reglamentos nacionales de desarrollo urbano e incluso, como lo indica el mismo artículo, denunciar a los municipios por la comisión de infracciones”. 

Lo anterior conforme al artículo 7 de la Ley de Planificación Urbana, N.º 4.240, el cual establece que dicho organismo, aparte de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, tiene entre sus obligaciones ejercer vigilancia y autoridad para el debido cumplimiento de las normas de interés nacional comprendidas en esta ley, al igual que en los reglamentos de desarrollo urbano.

El criterio de la PGR afirma que una vez se haya identificado con certeza que la municipalidad emitió certificados de uso de suelo sin cumplir con las regulaciones vigentes, la Dirección de Urbanismo debe denunciarla de manera formal.

Al respecto, ante consulta de DIARIO EXTRA el INVU indicó: “el artículo 10 de la ley faculta al Instituto paralizar aquellas obras de construcción que transgredan la normativa, siempre y cuando haya advertido a la municipalidad y esta no haya tomado las acciones correspondientes, posteriormente el INVU, apoyado por la Fuerza Pública, realizará las acciones respectivas”.

Años antes, la Sala Constitucional opinó de forma similar con el voto N.º 3249-2021 del 17 de febrero de ese año. 

Así, tanto el Instituto como los gobiernos locales deben acatar la norma establecida en el instrumento de planificación urbana. “El INVU no puede emitir criterios que sean contrarios a esta ni a las disposiciones que se encuentren en Plan Regulador de los cantones”, aclaró la institución a cargo del ordenamiento del territorio.

La Procuraduría también apunta que el acto administrativo, que corresponde a la suspensión de las obras, podría ser impugnado judicialmente, conforme con lo dispuesto en el artículo 175 de la Ley General de la Administración Pública. 

PERIODISTA: William Aguilar Téllez

CRÉDITOS: Foto: Archivo

EMAIL: [email protected]

Miércoles 15 Mayo, 2024

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