El Gobierno de la República anunció que elevaría a consulta pública una propuesta de decreto reglamentario que ampliaría por un año más las concesiones administrativas para el servicio de radiodifusión sonora y televisiva.
Dicha medida pretendería, según el Ejecutivo, “evitar un apagón” en radioemisoras y canales de TV a nivel nacional. La propuesta irá a consulta por un periodo de diez días.
Sin embargo, Edwin Estrada, ex viceministro de Ciencia y Tecnología, además de abogado de Écija Legal, considera que lo anunciado por Casa Presidencial es completamente ilegal. Este es un extracto de la entrevista que brindó Estrada a DIARIO EXTRA.
¿Cómo valora la propuesta presentada por el Gobierno?
- Primero que todo, la Administración Pública debe actuar con base en el principio de legalidad. Esto significa que puede hacer únicamente lo que el ordenamiento le indique. Ahora bien, ese borrador de decreto pretende que el presidente firme una prórroga de las concesiones de radio y televisión por un año más. Ahora, la ley establece que el Poder Ejecutivo resuelve sobre las prórrogas, otorgamiento y exclusión de concesiones teniendo en sus manos necesariamente el criterio de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel). Entonces, con lo planteado, hay una primera ilegalidad.
¿Por qué?
- Muy fácil. El Poder Ejecutivo está pretendiendo resolver el tema de las prórrogas sin el criterio de la Sutel. ¿Por qué? Porque la Superintendencia no está completa en su integración. Lo que están haciendo entonces es ilegal y ya lo han dicho en esa misma línea la Procuraduría General de la República (PGR) y la Contraloría General de la República (PGR). Esas instituciones le han recordado al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica (Micitt) que ellos no pueden resolver sobre estos temas sin contar con ese criterio. Ahí hay un error grave.
¿Cuáles son los requisitos para otorgar la prorroga?
- Los requisitos para la prórroga de las concesiones se determinan del ordenamiento vigente: Que la concesión más sus prórrogas no superen 25 años; que la prórroga sea solicitada por la parte interesada con al menos 18 meses previos al vencimiento de la concesión. Además, que el Poder Ejecutivo solicite a la Sutel el dictamen técnico sobre la solicitud y que la misma Sutel emita el dictamen técnico correspondiente. Del mismo modo, que el criterio sea acogido o no por el Poder Ejecutivo, de conformidad con la Ley N.º 8660, art. 39 inciso d). Como se desprende, el plazo, condiciones y procedimiento para el otorgamiento de las prórrogas no dependen de una nueva formulación de requisitos o condiciones por parte del Poder Ejecutivo, sino que ya están dadas por la Ley General de Telecomunicaciones y el Reglamento General de la Ley General de Telecomunicaciones.
Desde su óptica, ¿hay otras presuntas anomalías?
- Resulta ser que el decreto el Poder Ejecutivo simplemente dice “prorroga por un año” pero, si usted lee el artículo 245 de la Ley General de la Administración Pública, se establece que: entre los requisitos del acto administrativo, se le tiene que indicar claramente cuáles con los recursos que tienen los administrados para impugnar el acto. ¡Eso no lo dice el Decreto! En términos simples, le están quitando a los costarricenses la posibilidad de recurrir a actos administrativos sobre el tema y eso es una violación flagrante del derecho de defensa. ¡Eso es una barbaridad! Se viola el principio de seguridad jurídica del país (…). El Micitt pretende eliminar el procedimiento que está establecido por ley y, por ende, es ilegal.
¿Hay cuestionamientos sobre el plazo?
- Totalmente. Meses atrás, la Sutel le preguntó al Micitt cuáles son los requisitos para prorrogar y ellos contestaron: Haber presentado la solicitud antes de los 18 meses, estar al día como los impuestos y no haber tenido ninguna sanción. Sobre el plazo, ellos dijeron que eran cinco años de prórroga.
¿Cinco años?
- Así es. Resulta ser que hay un criterio de la Procuraduría General de la República que es vinculante donde se establece que son cinco años. Si usted lee la Ley de Telecomunicaciones, se establece que el plazo máximo de una concesión son 25 años. Entonces ¿qué dijo la PGR? Como la Ley de Radio no dice nada sobre el plazo, se aplica supletoriamente lo establecido en la Ley General de Telecomunicaciones: cinco años. Ahora, en última instancia, el Micitt se saca un plazo que uno no sabe de dónde salió, se saca de la manga eso diciendo que es un año. ¡Pero la Ley dice que son cinco! ¡Ojo! Y lo anterior, sin detrimento del derecho que tienen los operadores o los administrados de impugnar. Voy a dar una valoración no técnica: ¡como ex viceministro de Telecomunicaciones, estoy obligado a decir que me parece una barbaridad lo que están haciendo! ¡Están induciendo a error al presidente de la República! Si hay normas establecidas, ¿cómo el Micitt está pretendiendo que el presidente de la República venga a firmar un decreto que tiene todos estos vicios de legalidad?
¿Micitt está induciendo al error al presidente Chaves?
- ¡Completamente! Están pretendiendo que el presidente firme un decreto que es ilegal.
¿Cómo le afectará al usuario?
- El 28 de junio se vencen los 20 años que estableció el plazo para los operadores y si el Poder Ejecutivo no resuelve la prórroga, deben apagar, ¡es simple! Pero resulta ser que, así como el Poder Ejecutivo recibió la solicitud de los operadores y ya remitió a Sutel. Ahora, ¿por qué Sutel no ha podido emitir un criterio técnico? Porque el quórum está incompleto, no se han ratificado los miembros que, en estos momentos, están en la Asamblea Legislativa en la Comisión de Nombramientos. Muy probablemente, esta semana el Plenario someta a votación la ratificación o no de los miembros de la Sutel.
Precisamente eso es parte de lo que ha dicho el presidente Chaves, que la bola está en el Congreso, pero le ponen freno…
- Aquí voy a entrar a una valoración más política, no técnica. Se culpa a la Asamblea, pero no se dice que el Gobierno duró mucho en mandar los nombres, se los rechazaron un par de veces y resulta ser que, si usted revisa la votación (en Comisión), la diputada oficialista votó en contra de todos. Si fuera por la diputada oficialista Pilar Cisneros, la Sutel estuviera descabezada.
¿Esta medida beneficia a las empresas de radio y televisión? ¿Qué lectura política tiene usted sobre el tema?
- Yo podría darle un montón de interpretaciones, para saber qué buscan habría que preguntárselo al Micitt y al Gobierno, pero yo me quedo muy desconcertado porque usted oye al presidente de la República desde el primer día criticando, y con toda razón, lo poco que pagan los operadores, lo mismo que la diputada Pilar Cisneros, pero ¡no presentan un proyecto sobre el tema! ¡Llevan más de dos años de Gobierno y no avanzan en reformar el tema de montos! ¿De quién es la responsabilidad de cambiar los montos? De la Asamblea Legislativa, ¡yo no lo entiendo! Aparte, le aseguro algo: ese plazo de un año que están planteando no les va a alcanzar.
¿Por qué?
- Si vamos al artículo 12, la Ley de Telecomunicaciones dice que para hacer una licitación tiene que tomarse en cuenta la política pública, ¡vaya busque en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2022-2027 (PNDT) a ver si dice algo de licitación de radio. ¡No dice nada! Las dos únicas licitaciones que se ha hecho este país, que son de radio y televisión y fueron realizadas por dos contratistas, duraron 18 meses cada una desde su inicio hasta que entró en vigencia ¿y ellos (Gobierno) pretenden en un año hacer una licitación de más de 100 concesionarios? No les va a dar tiempo.
Reiteramos, ¿eso no les daría tranquilidad por un año a las empresas de comunicación?
- ¡No! O, bueno, eso habría que preguntárselo a ellos (Micitt), pero a mí me parece que no es así. Hay una solicitud de prórroga con reglas claras por cinco años. ¡Está establecido por la ley! ¿De dónde se saca el Gobierno una prórroga de un año? ¿Cuál es el criterio técnico? ¿De dónde salió un año y no más tiempo? El fin no justifica los medios y el hecho de darle tranquilidad a alguien no puede llevarnos a hacer una ilegalidad. ¿Cómo se va a validar esa ilegalidad? No entiendo la lógica. Vamos a las consecuencias: digamos que esta prórroga les da alguna tranquilidad a los operadores por un año más. Está bien, podría ser, pero es al margen de ley. Se crea inseguridad jurídica con esas decisiones terribles. Lo estoy diciendo como abogado técnico especialista en Telecomunicaciones: no podemos aceptar algo solo porque supuestamente nos beneficia, porque mañana nos hacen la misma para algo que no nos sirva.
¿Qué sigue ahora?
- En lo establecido en la Ley, los operadores presentaron su solicitud de prórroga en diciembre de 2022. El Poder Ejecutivo agarró todas esas solicitudes de prórroga y las mandó a la Sutel para que emita criterio.
¡Pero no tiene quórum!
- Correcto. ¡Está acéfala! Esperemos que este próximo miércoles se pueda avanzar con la ratificación de los miembros de Sutel. Al Poder Ejecutivo le van a quedar dos meses nada más para resolver, ¡pero plazo tiene! El Poder Ejecutivo tiene que revisar los requisitos que establece la ley y si cada uno de los operadores cumple, debe dar un nuevo plazo. Debe avanzarse en la verificación.
¿Considera que este decreto es para frenar el proyecto impulsado por Óscar Izquierdo del Partido Liberación Nacional?
- No debería tener relación. Yo no sé si en la mente de quien lo hizo tiene relación, pero en la realidad no debe haber por qué. El Poder Ejecutivo no ha presentado ningún proyecto en dos años, vienen los diputados, presentan un proyecto de ley y reaccionan. ¡Vaya a ver si el Ejecutivo convocó en esas extraordinarias el proyecto de Izquierdo! ¡No lo convocó! ¿El Ejecutivo envió una propuesta? ¡No! Puede ser que no le guste y está bien, pero ¿presentó una propuesta? ¡Ninguna! Más bien ya anunció que lo va a vetar. ¡No lo entiendo, no tengo una explicación y me desconcierta eso, porque no han movido un dedo y vienen en el último momento a presentar un montón de mociones! Resulta ser que ahora la ministra sí está trabajando en un nuevo texto, cuando tiene el Gobierno tiene dos años de estar ahí sentado. Salen con tal desfachatez a criticar cuando tienen las herramientas en su mano y no han hecho absolutamente nada. Ese decreto es completamente ilegal.
PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal
CRÉDITOS: Foto: Archivo
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Lunes 22 Abril, 2024
HORA: 12:00 AM
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