El proyecto de ley que busca obligar el etiquetado frontal de alimentos y bebidas con advertencias sobre posibles daños a la salud por su consumo cuenta con un nuevo objetor, el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC).
En dicha entidad aseguran que de aprobarse la iniciativa que se tramita ante la Asamblea Legislativa con expediente 22.065 sería inconstitucional.
Esto porque le ley iría en contra de los acordado por el país con el resto de naciones de la región a través del Tratado de Integración Centroamérica, el cual regula en común gran parte de los temas comerciales.
“Este tema debe ser discutido por el Consejo de Ministros de Integración Económica, no debería ser discutido aquí por una consideración política y comercial de que Costa Rica tiene un tratado internacional donde claramente se específica que estos temas deben ser acordados a nivel centroamericano”, de acuerdo con Patricia Rojas, ministra interina de Economía.
Según explica, en estos momentos se trabaja de forma conjunta en la actualización del Reglamento Técnico Centroamericano que definió, entre otras cosas, los elementos que deben incluirse en el etiquetado de alimentos.
En el MEIC informaron que ya se aprobó la primera revisión del texto propuesto para la nueva normativa regional y una segunda etapa está en agenda de discusión donde se verán justamente los aspectos nutricionales.
¿QUÉ DICE SALUD?
En agosto del año anterior, el Ministerio de Salud envió la directriz MS-DRPIS-UR-1588-2023 a través de la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario donde se prohíbe a los importadores de productos alimenticios el uso de las etiquetas de advertencia que indican exceso de grasas, azúcares, calorías, sodio y otros elementos nocivos.
La justificación que compartió el Ministerio fue que esas etiquetas están basadas en regulaciones de otros países y no en una costarricense, por lo que no se adecúa a la legislación nacional.
A partir de dicha directriz, las empresas distribuidoras empezaron a colocar calcomanías sobre los alimentos provenientes de países como Argentina, Colombia, Chile, Uruguay y Venezuela.
Lo que motivó a Andrea Álvarez, legisladora del Partido Liberación Nacional, a presentar la iniciativa de ley para obligar la colocación de información sobre riesgos en el consumo en todo producto que se vende a nivel nacional.
“Etiquetar alimentos se relaciona con una variedad amplia de estrategias de mercadeo que tienen por objetivo lograr el reconocimiento social de productos superfluos y potencialmente dañinos a la salud como alimentos esenciales”, afirmó.
A favor del proyecto está la organización Costa Rica Saludable, la cual afirma que no contar con el etiquetado frontal va en contra del derecho de los consumidores de “tener acceso a esta información complementaria para tomar decisiones saludables e informadas”.
De igual forma, el Colegio Profesional de Nutricionistas se pronunció en contra de la posición del Ministerio de Salud, asegurando que el etiquetado permite combatir el sobrepeso que afecta al 70% de los costarricenses.
En 2020, la entonces diputada María José Corrales presentó el proyecto Nº 22.065, conocido como Ley de Etiquetado Frontal que pretendía crear una regulación para poner en práctica este modelo, pero se archivó en febrero de 2022.
Ese mismo año la Organización Panamericana de la Salud motivó a las autoridades costarricenses a implementar estas etiquetas.
PERIODISTA: William Aguilar Téllez
CRÉDITOS: Foto: Archivo
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Sábado 20 Abril, 2024
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