El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) elevó a consulta pública la propuesta del decreto que buscaría ampliar por un año más las concesiones de radio y televisión en el país.
Esta medida se estaría tomando ante el panorama de que, en el próximo mes de junio, podría haber un apagón en las emisoras y canales nacionales debido al vencimiento de contratos entre las empresas de telecomunicaciones y el Estado.
También porque la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) no puede realizar los estudios pertinentes y tenerlos listos antes de junio, así que el Ejecutivo optó por prolongar las condiciones actuales hasta mediados de 2025.
De momento, la propuesta irá a consulta pública para que, en un plazo de diez días, se pueda conceder un espacio a las entidades representativas, concesionarios y al público en general, con el fin de que realicen las observaciones al texto propuesto.
Una vez concluido este plazo, se podrán incluir las objeciones plasmadas y se corregiría el texto para que pueda firmarse y posterior a esto se convertiría en ley al ser publicado en La Gaceta.
“COMPLETAMENTE ILEGAL”
No obstante, para Edwin Estrada, ex viceministro del Micitt y abogado de Écija Legal, dicho texto que piensa promulgar el Gobierno estaría fuera de la ley.
“El decreto es completamente ilegal. La Administración Pública debe actuar con base en el principio de legalidad. Esto significa que puede hacer lo que el ordenamiento le indique. Este borrador de decreto pretende que el presidente firme una prórroga de las concesiones de radio y televisión por un año más.
Sin embargo, la ley establece que el Poder Ejecutivo resuelve sobre los temas de radio y televisión, concesiones, exclusiones, otorgamientos teniendo en sus manos necesariamente el criterio de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
Eso significa que, actualmente, el Poder Ejecutivo está pretendiendo resolver sin criterio técnico. ¡Es ilegal! Ese mismo criterio ha sido manifestado por la Procuraduría General de la República (PGR). Adicionalmente, la Contraloría General de la República le ha recordado a Micitt dicho criterio”, agregó Estrada.
¿RENOVACIÓN CONTRADICTORIA?
Durante las últimas semanas, tanto el mandatario Rodrigo Chaves como la jerarca del Micitt Paula Bogantes han señalado que se requiere con urgencia un ajuste tarifario que permita elevar los montos pagados por las empresas de comunicaciones por gozar de estos espacios.
A principios de marzo, se le cuestionó al gobernante durante conferencia de prensa sobre los avances en las negociaciones de concesión para las frecuencias de radio y televisión.
Ante esto, Bogantes explicó que estaban a la espera de que la Sutel realizara el estudio de factibilidad, proceso que se estaba demorando y dejaba al Ejecutivo sin poder tomar acciones.
Por lo tanto, el presidente Chaves lanzó dardos en contra de la Superintendencia, aseverando que posiblemente existían influencias por debajo de la mesa que estaban aletargando el proceso y añadió su ya característica frase de que se encontraban “sentados en la galleta”.
“Si en Costa Rica se apagan las señales de las empresas de radio y televisión sería culpa de Sutel”, sentenció el mandatario.
También en aquella oportunidad, Chaves criticó los impuestos que se cobran a las empresas de comunicaciones para obtener una concesión por frecuencias radiales y televisivas.
Según explicó la ministra Bogantes referente a los montos por las concesiones, actualmente una radioemisora paga ¢60.000 al año por una frecuencia en FM y ¢6.000 al año por una frecuencia en AM; y una televisora paga ¢120.000 al año por la frecuencia.
Con este dato, que no parece del agrado de Zapote, resulta contradictorio que, en dicha extensión de contrato, el Gobierno prometa que “las condiciones originales de las concesiones se deberán de respetar por parte de los administrados”.
PERIODISTA: Daniel Suarez
CRÉDITOS: Foto: Raquel Vargas
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Sábado 20 Abril, 2024
HORA: 12:00 AM
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