El exgerente general corporativo del Banco Popular, Marvin Rodríguez Calderón, demandó a la entidad financiera por supuestamente haber recibido salarios menores a los acordados a lo largo de cinco años.
El caso se maneja en el expediente 24-000454-0166-LA. DIARIO EXTRA cuenta con copia de la denuncia interpuesta ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José y documentos anexos.
Rodríguez Calderón asumió la gerencia general del Banco Popular en 2018 para sustituir en el cargo a Geovanni Garro. Antes de ostentar el puesto, había sido gerente de Popular Pensiones desde el año 2000.
Para junio de 2023, la propia entidad financiera comunicó la salida de Rodríguez alegando un vencimiento del contrato.
En aquel entonces, el hecho cobró notoriedad debido a que para ese momento el Poder Ejecutivo extendía su control sobre el nombramiento de la junta directiva del Popular, que justamente elige al gerente general.
Adicionalmente, en aquella época el Gobierno emitió un decreto en el que equiparaba los salarios de los gerentes de bancos públicos, no obstante, cuando se contrató a Rodríguez Calderón, le habían asignado una remuneración de ¢16,9 millones.
Una suerte similar corrió el ex subgerente general, Juan Francisco Rodríguez Fernández, pero con un monto salarial diferente, quien al día de hoy también tiene demandado al banco por la misma razón.
MILLONARIA DIFERENCIA
En el caso de Rodríguez Calderón, el pago que se le asignó fue de ¢9,5 millones mensuales, cuando supuestamente debía devengar ¢16,6 millones, según la política salarial vigente. Es decir, una diferencia de ¢7,4 millones.
Mientras que a Rodríguez Fernández se le pagó durante sus cinco primeros meses ¢9,5 millones y ¢8,5 millones posterior a eso, aun cuando presuntamente su sueldo debía de ser de ¢11,6 millones, o sea, ¢3,1 millones menos durante la mayoría de su tiempo en el puesto.
De acuerdo con lo expuesto en la demanda, la junta directiva del banco aprobó en sesión ordinaria número 4148-art.6-Acd-JDN del 18 de setiembre del 2003 aprobar la propuesta de Política Salarial para la Clase Gerencial, que entraba a regir a partir del primer semestre de 2004.
Para dicha política salarial, se tomó como base de referencia los salarios de las instituciones financieras públicas y como base de comparación el percentil 50 del mercado, es decir, cuánto ganan en los puestos estudiados quienes se ubican a la mitad entre los menores y mayores salarios.
Sin embargo, aseguran que, por medio de los oficios DIRCH-842-2018 y DIRCH-842-2018 del 4 de julio de 2018, se establecieron los pagos mensuales tanto de Rodríguez Calderón como de Rodríguez Fernández en ¢9,5 millones.
Asimismo, que mediante la acción de personal APM.2018-07045 del 6 de noviembre de 2018, la Dirección de Capital Humano del banco disminuyó el sueldo de Rodríguez Fernández en un millón de colones.
¿QUÉ RECLAMAN?
Ambos demandantes piden se les salde todos los rubros salariales reclamados, así como todos los intereses legales, por el presunto daño material sufrido, por cuanto consideran violentados los principios laborales de razonabilidad, proporcionalidad, buena fe y confianza legítima, “debido a que no pueden alterarse las condiciones salariales bajo las cuales se contrató”.
También piden ¢20 millones para cada uno por daño moral subjetivo, ya que según dice la demanda, “han sido muchos años de no estar recibiendo dicho estipendio salarial, y al no recibirlo, se han generado sentimientos de frustración, angustia e inseguridad, de no ser reconocido adecuadamente por la organización laboral y de ser desvalorizadas y minimizadas sus funciones y responsabilidades”.
Según dice el equipo legal de los exfuncionarios, su fijación está sujeta a la naturaleza de los hechos, tipo de afectación y a los principios de razonabilidad, proporcionalidad, sana crítica y la prudencia que limitan la discrecionalidad del juzgador.
Piden además que se reconozcan los montos por concepto de aguinaldos, cotización para el fondo de pensiones, cesantía, salario escolar, aumentos salariales semestrales, dedicación exclusiva, cuotas de seguridad social, montos para el Fondo de Capitalización Laboral y el Régimen Obligatorio de Pensiones, incentivo anual, montos de cesantía trasladados a la asociación solidarista y vacaciones no disfrutadas.
En el caso de Rodríguez Fernández, según dice la demanda, fue ascendido al puesto de gerente general en ocho oportunidades, en ausencia de quien ocupaba el cargo. Puesto que ocupó durante 75 días acumulados, por lo que solicita que se le pague la diferencia salarial por esos periodos.
Por último, exigen que sea el Banco Popular quien cubra el pago de las costas procesales y sus intereses.
El Periódico de Más Venta en Costa Rica consultó a la Oficina de Comunicación del Banco Popular sobre su posición oficial al respecto de la demanda, a lo que contestaron que a la fecha no cuentan con conocimiento o notificación de alguna acción judicial.
La respuesta del banco se extendió diciendo que: “Efectivamente hemos recibido un reclamo administrativo (no una acción judicial, valga aclarar) por parte de ambas personas, que se relaciona en los dos casos con posibles diferencias salariales. Al respecto, como banco estamos realizando el análisis técnico y jurídico correspondiente, y se resolverá oportunamente”.
PERIODISTA: William Aguilar Téllez
CRÉDITOS: Fotos: Wilbert Hernández y archivo
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Jueves 18 Abril, 2024
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