Un proyecto de ley obligaría la instalación de dispositivos GPS en los servicios de transporte público. La iniciativa es impulsada por la bancada del Frente Amplio (FA).
En concreto, se pretende habilitar dispositivos de posicionamiento global tipo GPS o análogos en cada autobús y buseta en ruta regular, además de autorizar tanto al Consejo de Transporte Público (CTP) como al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) la transferencia de datos de velocidad y orientación del vehículo en tiempo real.
El texto indica que el CTP establecería, mediante norma y parámetros técnicos, la instalación, control y monitoreo de unidades.
¿PARA QUÉ?
El proyecto plantea que la colocación de geolocalizadores GPS en autobuses facilitaría verificar el cumplimiento de horarios, recorridos, cantidad de carreras, paradas autorizadas y uso de las unidades correspondientes, información de utilidad para las autoridades reguladoras y para los usuarios, ya que el 46% del total de denuncias que anualmente recibe el centro de llamadas del CTP están relacionadas con estos aspectos.
“La propuesta de ley, además, fortalecería los avances dados en el sector privado en esta materia, con aplicaciones como Moovit, utilizada en cerca de 600 ciudades del mundo (incluidas partes de nuestro país) que crea una ‘mega base’ de datos colectiva con información histórica y en tiempo real para saber la posición del bus que el usuario va a tomar, cuánto hace falta para que llegue, la posición exacta de las paradas mediante el GPS de los celulares particulares de los choferes.
Una estandarización legal permitiría extender el uso de esas aplicaciones y generar mandatos y oportunidades a las autoridades de transporte de crear Alianzas Público-Privadas (APP) y plataformas propias para mejorar la eficiencia y calidad del transporte colectivo remunerado de personas”, señala el texto.
En la mayoría de las grandes ciudades de todo el mundo el GPS para transportes públicos es obligatorio.
Así, en Argentina esta iniciativa rige desde 2018 para todas las empresas que conforman el Sistema Integrado de Transporte Automotor y con la creación del sistema SUBE. En 2021 El Salvador tramitó la misma reforma y en 2022 Chile estableció que las Empresas de Aplicaciones de Transportes que incurran en alteración de los datos de geolocalización recibirían multas de $7 mil.
En el caso de Costa Rica, pese a que desde 2017 se han realizado varios planes piloto colocando cientos de dispositivos, la experiencia y datos demuestran que el programa puede ser exitoso, pero requiere de un mandato legal que lo impulse y ordene.
PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal
CRÉDITOS: Foto: Daniel Johnson
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Lunes 15 Abril, 2024
HORA: 12:00 AM
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