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Medida judicial suspende Ruta del Arroz

Una medida cautelar emitida por las autoridades judiciales mete el congelador a la Ruta del Arroz” impulsada por el presidente Rodrigo Chaves

La medida, emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Segundo Circuito Judicial, señala que el Decreto Ejecutivo N°43642 que sostiene la Ruta del Arroz genera fuertes afectaciones a los productores y no genera mayores beneficios para los consumidores

“Se acoge la medida cautelar definitiva solicitada por los señores Róger Leiva Martínez, Mario Valverde Mora, Ólger Chamorro Santamaría, Wilfredo Angulo Duarte, Adolfo Valverde Sánchez, Alberto Alfaro Fernández, Eduardo Alberto Marín Cordero y Nelson Calderón Alfaro y se ordena la suspensión de los efectos del Decreto Ejecutivo N° 43642 ‘Modificación de los Derechos Arancelarios a la Importación de Arroz en Granza y Pilado’”, establece la sentencia emitida por la jueza tramitadora Patricia Lorena Calderón Rodríguez.

EL RECLAMO

El caso se remonta a agosto del 2022, cuando los productores del Pacífico Central y Región Brunca presentaron una queja formal contra el decreto de Chaves alegando que “afectaba sectores sensibles en el país, lesionaba a los productores de arroz nacional” y reñía la justa competencia y libertad de empresa”.

Del mismo modo, reclamaron que la medida de Casa Presidencial tenía implicaciones entre todos los actores y protagonistas del mercado.

Igualmente, los productores dijeron que con la Ruta del Arroz han visto disminuida el área de siembra y el decreto era “sepultante para la cosecha nacional” ya que quedaban a merced de los industriales que compran la granza con beneficios arancelarios.

LA DEFENSA

En noviembre del año pasado, el Estado defendió la Ruta del Arroz señalando que lo señalando por los productores eran “supuestos” y además, se dedicaron a realizar “alegaciones de manera general, sin individualizar situación alguna”

“Estamos frente a la simple invocación de supuestas lesiones a intereses de índole general, no así a algún daño actual o potencial que pueda ser tutelado en esta vía tal y como lo exige el artículo 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo. (...)", señalaron desde el Estado.

Por otra parte, manifestaron que las pérdidas alegadas por los productores no eran por culpa de la Ruta del Arroz, sino más bien por “altos costos de producción agroquímicos, fertilizantes, semilla de arroz más cara y de baja calidad y por factores climáticos”,

En cuanto a la disminución de tierras sembradas, el Estado manifestó que era una “opinión subjetiva” y consideraron que la medida cautelar para frenar la Ruta del Arroz era “temeraria”

“Los actores (productores) no aportaron ningún elemento probatorio ni argumentación que demuestre la existencia de que sus intereses particulares sean lesionados con la promulgación del Decreto (...) Debe prevalecer el interés público de mantener el cambio en la política arancelaria determinada en el Decreto Ejecutivo N°43642, pues lo que se pretende con la modificación de los DAI es justamente que los costarricenses puedan acceder a mejores condiciones de mercado para satisfacer una necesidad básica de la dieta nacional como lo es el consumo de arroz (…)”, sostuvieron.

EL ANÁLISIS

Tras conocer el caso, las autoridades judiciales determinaron que la acción tampoco no es temeraria, ya que con el paso del tiempo ha sido público y notoria la afectación del sector nacional productor de arroz, lo cual tampoco se ha visto compensado con una baja sensible en el precio del mismo, a pesar de que en efecto las condiciones para los importadores fueron sustancialmente mejoradas con la disminución del arancel de importación para el arroz y pilado y el arroz en grano”.

“(…) Con el Decreto impugnado, se crea una enorme y desventajosa diferencia para los productores nacionales, visto que con la reducción arancelaria se abrió la posibilidad de que los importadores no se vieran obligados a comprar la producción nacional, y, dado que importar el grano les resulta más económico, pues eso es lo que han hecho, con lo cual sí se ha afectado directamente la cosecha nacional y esto ha llevado a muchos pequeños y medianos productores a abandonar su siembra, sin que el Estado haya provisto una alternativa para quienes tenían su economía dependiente de tal producto y ahora se enfrentan a la quiebra de sus micro y pequeñas empresas”, señala el fallo judicial.

Además, afirman que el precio del producto no ha bajado en los niveles proyectados por el Poder Ejecutivo, con lo cual el beneficio de la emisión del Decreto Ejecutivo “parece haberlo obtenido un sector no vulnerable”: los importadores.

“A pesar de que han podido traer al país el producto a precios muy inferiores del ofertado internamente, no han trasladado ese beneficio al grueso de la población, justamente ese quintil cuya fuente primaria de alimentación reside en el consumo de arroz y frijoles”, sentencia.

La jueza tramitadora concluye señalando que no aplicar una medida cautelar de freno podría “significar la debacle en la economía de muchas familias que dependen de esta actividad”, porque no solo los micro, pequeños y grandes empresarios podrían ver arruinados sus negocios, sino también los trabajadores que ordinariamente se deben contratar para desarrollar la actividad.

PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal

CRÉDITOS: Mauricio Aguilar

EMAIL: [email protected]

Miércoles 03 Abril, 2024

HORA: 10:00 AM

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