Un grupo de personas pertenecientes a diferentes organizaciones de la sociedad civil nicaragüense en Costa Rica se dieron cita frente a la Sala Constitucional para protestar y entregar una misiva a los magistrados mediante la que buscan frenar la extradición del opositor Reinaldo Picado.
“Los magistrados de la Sala Constitucional dicen desconocer la situación que está pasando en nuestro país, tomando la palabra venimos hoy a ponerles en contexto, que Nicaragua es una gran cárcel, que en Nicaragua nos asesinan, nos asedian, nos persiguen por motivos políticos, no porque hemos delinquido”, externó a DIARIO EXTRA el nicaragüense Gabriel Putoy, miembro de la agrupación de excarcelados políticos de Nicaragua.
La misiva dirigida al magistrado Fernando Castillo Víquez, presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, externa la profunda preocupación ante eventos recientes que alertan a los opositores acerca del uso que pueda darse de los mecanismos jurisdiccionales costarricenses.
Los refugiados explican que el régimen en Nicaragua recientemente se ha dado a la tarea de ejecutar gestiones internacionales de extradición ante el Gobierno de Costa Rica con el objetivo de encarcelar a ciudadanos nicaragüenses por razones meramente políticas.
De no lograr que se frene este proceso, un segundo caso de extradición podría llevarse a cabo y recaería sobre Reinaldo Picado, quien es requerido por el Gobierno de Nicaragua, del cual es opositor.
Actualmente Picado está detenido en el Centro Gerardo Rodríguez Echeverría, conocido como cárcel del Virilla. No fue deportado al mismo tiempo que Douglas Pérez, el nicaragüense entregado el 16 de febrero, porque tiene un proceso relacionado con una solicitud de refugio en el país.
NICARAGÜENSES: NO SOMOS DELINCUENTES
De igual manera Putoy, quien además es refugiado en Costa Rica, aseguró que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua los ha acusado desde antes de 2024 por delitos fabricados y explicó que, aun cuando él salió de su país desde 2019 por persecución política, recientemente conoció que está siendo acusado por obstrucción de funciones en contra del Estado.
“Al igual que yo, Reinaldo Picado es un opositor a la dictadura de los Ortega Murillo. No es un delincuente, no es un asesino y necesitamos parar la extradición de él, con la ayuda de los magistrados, no queremos que se vuelva a repetir la historia de Douglas Gamaliel (opositor extraditado el 16 de febrero), porque son vidas, son seres humanos”, refirió.
Otra nicaragüense identificada como Susana Cunningham, mejor conocida como Mamá Grande, líder indígena exiliada en Costa Rica, explicó que se hizo presente a la manifestación para apoyar la defensa de los derechos humanos de los pueblos exiliados y pidió al Gobierno que no haya más extradiciones.
“Estar en el exilio no es una decisión de porque se quieran venir, sino porque la gente se siente amenazada o perseguida y por eso estamos acá, y tenemos todo el derecho de tener nuestros documentos migratorios para estar en un lugar seguro y así proteger nuestras vidas”, señaló.
La líder indígena agregó que, en el caso del opositor que está en riesgo de ser extraditado, merece ser reconocido como perseguido político y otorgarle su refugio o asilo para evitar que el Gobierno de Nicaragua lo aprese y torture.
“Primeramente quiero agradecer al Gobierno porque nos dieron oportunidad de entrar, nos han atendido a la mayoría con nuestros refugios, pero que por favor no extraditen a nuestros hermanos, es como mandar a la boca de un lobo. Por favor, que tome este asunto, o sea, tome conciencia que no hay que extraditar a nuestros hermanos nicaragüenses”, refirió.
EJECUTIVO DICE QUE NICARAGÜENSE NO ES PERSEGUIDO
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a través de la resolución DM-DJ-157-2023, señala en el segundo resultando que según lo expuesto por la señora Avendaño Cruz, representante de la organización Canadian Human Rights Internacional, quien interpuso la solicitud de refugio territorial para el señor Picado Miranda explicando que este es víctima de persecución política por parte de la dictadura de Nicaragua bajo el mando de Daniel Ortega Saavedra, lo cual a su criterio lo expone gravemente y atenta contra su integridad física y dignidad humana.
Sin embargo, el considerando número 9 de esa misma resolución detalla que, una vez valorados los hechos y la documentación aportada, el Poder Ejecutivo decidió denegar la solicitud al considerar que no se cumplen los presupuestos objetivos y subjetivos necesarios para otorgar la protección del Estado costarricense por medio de la institución del asilo político bajo la modalidad de asilo territorial.
Ante esto Yaritza Mairena, miembro de la Organización de Presas y Presos Políticos de Nicaragua, dijo al Periódico del Pueblo que hacen un llamado de alerta al Gobierno de Costa Rica debido a la situación de persecución que viven los nicaragüenses por parte del Gobierno de ese país aún en suelo costarricense.
“Nos importa mucho que el Gobierno de Costa Rica entienda de que nosotros no somos delincuentes y que la dictadura está ejerciendo este mecanismo de extradición como una forma de persecución en contra de los opositores nicaragüenses, en el caso de Reinaldo, estamos exigiendo que se le otorgue la solicitud de asilo o refugio político, pero que se le otorgue para evitar que sufra torturas en la cárcel de la dictadura”, externó Mairena.
CORTE SUPREMA NO HA CONTESTADO
Esta no es lo primera carta que los refugiados nicaragüenses envían al Poder Judicial para detener la extradición de Picado. El pasado 26 de febrero de 2024, enviaron otra comunicación dirigida a Orlando Aguirre Gómez, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Hasta la fecha, según los protestantes no les ha enviado una respuesta ante la solicitud de frenar el proceso para evitar que el opositor llegue a manos del Gobierno de Nicaragua.
PERIODISTA: Wilmer Madrigal
CRÉDITOS: Fotos: Jorge Castillo
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Martes 05 Marzo, 2024
HORA: 12:00 AM
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