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Nacionales

Denuncian anomalías en contratos de Racsa

Caso se encuentra en manos de Fiscalía

  • La denuncia apunta a que Racsa, como institución, habría cometido delitos contra la Hacienda Pública, sobreprecios irregulares, fraude, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

  • La denuncia fue presentada por diputados del Frente Amplio y el Partido Liberación Nacional.

  • Otro de los puntos cuestionados fue la contratación de tobilleras entre Racsa y el Ministerio de Justicia.

Radiográfica se sacude y afirma que todo se ha hecho de forma adecuada.

Distintos diputados de oposición presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República por supuestas anomalías en adjudicaciones hechas por la empresa Radiográfica de Costa Rica S.A. (Racsa). 

Dicha acción legal, que además fue emitida ante la Contraloría General de la República (CGR) y la Procuraduría de la Ética, señala que en Racsa se habrían cometido posibles delitos de incumplimiento de deberes, influencia contra la Hacienda Pública, sobreprecio irregular, fraude de ley en función administrativa, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Asimismo, se acusan posibles lesiones a los deberes de probidad, transparencia e independencia, posible lesión y debilitamiento al sistema de control interno y violación a la Ley General de Contratación Pública, además de a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y controles internos.

 

A DEDO

 

La primera irregularidad indicada por diputados del Frente Amplio (FA) y el Partido Liberación Nacional (PLN) sería que, en menos de un año, se han hecho licitaciones millonarias “sin concurso y adjudicadas a dedo”.

Según datos de Sicop, del 1 de diciembre de 2022 al 2 de noviembre de 2023 Racsa ha resultado favorecida en más de 40 adjudicaciones, de las cuales todas han sido por excepción, es decir, sin concurso de oferentes como en las licitaciones mayores, menores o reducidas. Curiosamente, han adjudicado a Racsa instituciones públicas o autónomas. 

“Si Racsa ha estado utilizando mecanismos de excepción y las Instituciones que los contratan igualmente, conviene investigar si existen estudios de mercado que demuestren un adecuado auscultamiento del mercado de oferentes, ¿cómo se está obteniendo la mejor calidad y el mejor precio sin hacer un concurso?”, cuestionan. 

“¿Cuáles han sido los criterios para acreditar la razonabilidad de los precios finalmente contratados y si no están participando otros oferentes competidores?”, agregan.

Los diputados consideran que, de comprobarse irregularidades en el uso de los mecanismos de excepción, Racsa podría estar violentando la Ley de Contratación Pública.

 

A UNA EMPRESA 

 

Otro punto que resaltan es que se ha adjudicado constantemente a una misma empresa, que, según una relación de hechos ejecutada por los diputados, tendría ligamen con personeros con la Dirección de Negocios y de Operaciones de Racsa.

“Es de mención en esta relación de hechos que Racsa despoja al ICE de la administración del sitio en el cual estaba instalado el sistema de Sicop y de manera directa se lo adjudica y la contrata por una contratación cercana a los $1,5 millones por año, por cinco años”, sostienen.

 

TOBILLERAS

 

A lo anterior, suman una crítica por presuntas irregularidades con una licitación por emergencia relacionada con el sistema de tobilleras electrónicas.

De acuerdo con el documento, del cual DIARIO EXTRA tiene copia, el Ministerio de Justicia y Paz promovió una licitación por emergencia que se le adjudicó a Racsa por un año. El monto era $9,61 por uso de tobillera diaria por persona.

“Actualmente se encuentra en ejecución la contratación por emergencia a pesar de que, a través de licitación Internacional, el Ministerio de Justicia tiene un contrato firmado desde el mes de abril 2023 con el Consorcio para el Monitoreo de Personas en CR por un monto de $5,99 por uso de tobillera diaria (es decir $3,62 por tobillera diaria más barato de lo que se paga hoy día). Cabe preguntarse ¿por qué se paga de más actualmente si tienen un contrato por un monto menor por día de uso de tobillera?”, apuntan. 

“Hay una afectación de fondos públicos de aproximadamente $1.531.803. Desde abril del 2023, el Ministerio estaba facultado para dar inicio a una por $5,99, sin embargo, ha continuado bajo el marco de ejecución contractual pagando $9,61 diarios”. 

Finalmente, se cuestiona el desarrollo de servicios de comunicación móvil de quinta generación (5G), por la contratación directa a otro consorcio.

 

ENTRAMADO

 

Los diputados denuncian ante la Fiscalía un posible entramado de relaciones familiares, de negocios y amistosas entre personeros y expersoneros de Racsa con representantes de las compañías adjudicatarias.

En el caso de la licitación de una empresa, hay una relación familiar entre una alta funcionaria de la misma para Centroamérica, quien presumiblemente es madre del hijo de un exfuncionario de alto nivel de Racsa.

En este punto, también intervendrían otros altos mandos de Racsa, quienes tienen relaciones cercanas con la Territory Manager de la empresa beneficiada de la relación comercial. Todo esto lo afirma el documento enviado por los legisladores al Ministerio Público.

Un caso adicional es el de otra empresa privada. De acuerdo con la denuncia, altos funcionarios de la compañía estatal tienen relaciones cercanas con altos empleados de la empresa adjudicataria de contratos con el Estado.

 

¿QUÉ DICE RACSA?

 

Mediante comunicado de prensa, Racsa negó las acusaciones y dijo que “nunca ha escogido a un grupo selecto de empresas privadas”.

“Racsa es respetuosa del ordenamiento jurídico y ha cumplido a cabalidad con los procedimientos que establece la Ley General de Contratación Pública y su reglamento. Racsa, al ser empresa en competencia, se encuentra habilitada expresamente por la Ley 8660 para comercializar productos y servicios y participar en los procedimientos que promuevan las empresas públicas y privadas como un oferente más”, señalaron.

En cuanto a la empresa señalada, indicaron que “son un proveedor más” en la venta de servicios y productos. 

Finalmente, respecto a las tobilleras, desde Radiográfica recalcaron que “el consorcio en el que participó Racsa fue contratado por el Ministerio de Justicia a través de un concurso público internacional”, por lo que las aseveraciones planteadas por los diputados de Liberación Nacional y del Frente Amplio son “confusas, falsas y no se apegan a la realidad de los hechos”. 

“Es totalmente falso y engañoso las declaraciones aduciendo que existe alguna adjudicación al Consorcio por parte de la Comisión de Emergencias para el tema de Tobilleras electrónicas. En relación con las contrataciones promovidas por Racsa para proveer tecnología 5G aclaramos que nuestra empresa promovió los procedimientos de contratación respectivos en forma transparente a través de la plataforma Sicop, siendo ganador en todos los casos (…)”, externaron.

 

PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal

CRÉDITOS: Fotos: Isaac Villalta

EMAIL: [email protected]

Sábado 09 Diciembre, 2023

HORA: 12:00 AM

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