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Sucesos

OIJ habla de sacada de clavo de Hacienda

Ante recorte presupuestario de ¢2.000 millones

  • El OIJ asegura que el recorte presupuestario pone en jaque la lucha que da al crimen organizado.

Randall Zúñiga, director del OIJ, presentará recurso de amparo.

Después de un comunicado del Ministerio de Hacienda y las declaraciones de su titular, Nogui Acosta, sobre el recorte presupuestario para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), su director Randall Zúñiga, el fiscal general Carlo Díaz y José Peñaranda, del Programa 950 de Protección de Víctimas y Testigos, en una conferencia de prensa se refirieron al tema y dejaron claro la afectación de dicha medida para la ciudadanía. 

Los jerarcas indicaron que el recorte de ¢2.000 millones afecta duramente la lucha contra el crimen organizado. Zúñiga además detalló que perjudicaría a funcionarios que se incapaciten, pidan vacaciones o renuncien, pues esto reduciría el personal y en consecuencia las labores de los agentes judiciales.

También puntualizó que una de las intenciones de Hacienda es la reducción de los millonarios montos que pagan las instituciones estatales por alquileres, situación que se agrava también con la decisión presupuestaria.

Zúñiga señaló que en renta al mes se pagan aproximadamente ¢135 millones, lo que al final de año suma ¢1.620 millones, mientras que tener un edificio para los agentes, capacitaciones y entrenamientos, entre otros, reduciría estas altas sumas. 

Ante el recorte para continuar las operaciones contra la criminalidad, que en el último año ha incrementado los índices de inseguridad, Zúñiga dijo que el gran perdedor es la seguridad de Costa Rica y que el accionar de Hacienda solo limita aún más el trabajo y los esfuerzos que realizan los agentes judiciales para desarticular las organizaciones delictivas porque de esta forma es casi imposible tener una lucha del “tú a tú” con los criminales. 

El director del OIJ reiteró en su discurso que la decisión afecta gravemente las operaciones de la policía judicial.

El dinero estaba destinado a la construcción de un nuevo edificio judicial y al recurso humano en caso de que se requiera algún reemplazo, pero ya no se podrá contar con este plan.

Zúñiga presentará un recurso de amparo contra el Ministerio de Hacienda ante la Sala Constitucional por el recorte de presupuesto para 2024.

Aseguró que tanto él como el fiscal general se presentaron ante la Asamblea Legislativa para conversar sobre la situación.

“Tanto don Carlos como mi persona fuimos a la Asamblea Legislativa y le indicamos la necesidad de que se retomara, como lo hacían unos años atrás, cuando quedaban saldos remanentes de la ejecución presupuestaria, se podían distribuir y pasar a otras partidas de interés. Así es como hace muchos años podíamos comprar drones y no depender de la caridad de otros gobiernos afines a Costa Rica. 

La Asamblea entró en razón e hizo una reforma legal que les permite a las diferentes instituciones que ahí se establecen, OIJ, Ministerio Público, Defensa Pública y Ministerio de Seguridad Pública, entre otras, para que puedan tomar esos remanentes que van a quedar a lo largo del año, los puedan cambiar y utilizar en otras partidas de interés”, explicó. 

También espera que la decisión no sea una “sacada de clavo” y revanchismo por parte de Hacienda. 

“Invito a cualquiera de ustedes a que vea la forma de hacinamiento en que trabajan los compañeros de investigación, la cantidad de expedientes que hay que tramitar y no hay espacio para reunirnos, ni espacios para hacer ejercicios físicos.

Una diputada solicitó hace poco que se evalúe el 50% de la condición física de las compañeras y compañeros policías. Me gustaría preguntarle a esa diputada si está previendo en ese proyecto gimnasios, preparadores físicos o por lo menos un lugar para realizar la actividad física.

Ahora Hacienda dice que no se puede, argumentando algo que no está en la ley. Esto es claro, si alguien quiere hacer las cosas las hace, si no quiere no las hace. Esto nos va a afectar el próximo año. 

Quiero no pensar y no creer que es una sacada de clavo por el hecho de que ya se les pasó un presupuesto y se exoneró al OIJ de esto, pero ¿qué relación tienen el Ministerio Público, Programa de Víctimas y Testigos o Seguridad Pública, en esto? No tienen ninguna relación. 

Incluso dan cifras que no son ciertas. Cómo van a decir que tenemos un pendiente de un 36% de ejecución del presupuesto. Hace tres días pedí la ejecución, estamos en un 90% y vamos a terminar en un 97%”, subrayó el director del OIJ.

 

OPINIONES ENCONTRADAS

 

El tema ha generado una serie de opiniones que dejan en evidencia la falta de dirección entre las autoridades.

Por su parte, Pilar Cisneros, jefa de la fracción oficialista, declaró a DIARIO EXTRA que todo es un error por parte del OIJ.

“El Ministro de Hacienda ha dejado muy claro que en ningún momento Hacienda ha cortado los recursos del OIJ. El Organismo de Investigación Judicial dejó de ejecutar ¢2.000 millones que luego quiso pasar a un fideicomiso para la construcción de obra que necesita para su labor.

Sin embargo, lo hizo a destiempo y como lo hizo así, ya no se pudo hacer el traslado del dinero. Ese es un error y un atraso absolutamente atribuible al Organismo de Investigación Judicial y no al Ministerio de Hacienda, como lo ha explicado ampliamente el ministro Nogui Acosta”, recalcó la legisladora. 

El ministro de Hacienda dijo por medio de un video que no se ha recortado ningún presupuesto, como lo asegura el OIJ.

“Me veo en la necesidad de aclarar el papel del Ministerio de Hacienda en relación con las declaraciones que dio don Randall Zúñiga, director del OIJ.

No es cierto que el Ministerio de Hacienda le recortó el presupuesto, los recursos que tienen asignados en el presupuesto 2023 son más de ¢107.000 millones, lo que señalan es que querían asignar estos ¢2.000 millones a un fideicomiso, que no necesariamente tenía que ver con la lucha contra la delincuencia”, expresó. 

Por su parte, José Pablo Sibaja, diputado del Partido Nueva República y miembro de la Comisión de Asuntos Hacendarios, destacó la importancia de que el OIJ tenga los recursos necesarios para trabajar y combatir la ola de criminalidad que azota al país.

“Donde sí existe una modificación es en el cuarto presupuesto extraordinario de la República, que se hace un traslado de ¢231.000 millones desde el Programa de Servicio de Investigación Judicial, propiamente siguiendo las indicaciones del Poder Judicial.

Debido a las limitaciones en el tema de la ejecución estos recursos junto con otros serán transferidos a un fideicomiso inmobiliario destinado a proyectos de obras que fortalezcan la capacidad del Poder Judicial”, subrayó. 

PERIODISTA: Daniela Briceño

CRÉDITOS: Fotos: Raquel Vargas/Isaac Villalta

EMAIL: [email protected]

Miércoles 06 Diciembre, 2023

HORA: 12:00 AM

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