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Nacionales

Denuncian interferencia de tabacaleras en la política

Red Antitabaco cuestiona freno a proyectos legislativos

La industria tabaquera y las organizaciones antitabaco están en desacuerdo sobre la regulación de este producto.

La Red Nacional Antitabaco (Renata) presentó un informe sobre las interferencias que produce la industria tabacalera en la política nacional, en el cual se afirma que los discursos de este sector fueron replicados en la Comisión de Asuntos Sociales durante los proyectos que se vinculan a la regulación de los sistemas electrónicos de nicotina.

Renata manifestó a DIARIO EXTRA que no existen datos sobre el dinero que gastan en el lobby legislativo, pues “la industria tabacalera tiene en su estrategia que todo su accionar sea a la sombra. Ellos usan una agrupación que se llama Asociación Pro Vapeo que busca que existan espacios para la gente que vapea”.

En Costa Rica el 8,5% de la población es fumadora y cada vez resulta más común el uso de dispositivos electrónicos de administración de nicotina, así como sistemas sin nicotina, pero que provocan daños a la salud, afirma la organización.

Jorge Victoria, asesor en prevención de enfermedades de la Organización Panamericana de la Salud, explicó a El Periódico del Pueblo que “en los países donde las leyes son más restrictivas en torno al tabaquismo se reduce el consumo”.

Asimismo, rechazó que mayores limitaciones provoquen el incremento del tráfico ilegal de cigarrillos.

PETICIONES DE RENATA 

La organización solicita que el país cumpla con los compromisos del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud.

También piden acelerar en la Asamblea Legislativa la discusión de las iniciativas que regulan los dispositivos electrónicos, así como el empaquetado neutro de los cigarrillos.

En su informe, Renata también encontró que persiste la participación indirecta de la industria tabacalera en la discusión de políticas públicas, por ejemplo, en las audiencias del proyecto de ley que regularía los sistemas electrónicos y que, según ellos, cuentan con el apoyo del sector empresarial costarricense.

De igual forma, denuncia que las actividades de responsabilidad social corporativa buscan limpiar la imagen de las tabaqueras. Asimismo, plantearon que estas empresas gozan de beneficios fiscales como una excepción para el cálculo de la base imponible para el cobro del IVA.  Igualmente critica que la exdiputada María Inés Solís, que de acuerdo con Renata “lideró la oposición a la ley 10066” esto cuando estaba en el cargo, labora hoy para Phillip Morris Internacional.

Renata afirma que el Gobierno es vulnerable a la interferencia de la industria tabacalera porque carece de acciones preventivas para afrontarla. Solicitan que exista una prohibición explícita para que estas compañías realicen donaciones al funcionario público.

TABACALERA RESPONDE

La empresa Phillip Morris Internacional respondió a DIARIO EXTRA los principales cuestionamientos que planteó la Red Antitabaco.

“En Philip Morris estamos inmersos en un proceso de transformación para cumplir con nuestra visión de construir un futuro libre de humo de cigarrillos y ofrecer mejores alternativas a los fumadores adultos que van a continuar fumando. Hemos invertido a nivel global más de $10.000 millones y contratado a más de 800 científicos para ofrecer mejores alternativas que el cigarrillo de combustión”. 

Sobre la participación en la discusión de proyectos que le afectan directamente, afirmó que “a pesar de que no existe prohibición alguna con respecto a estas interacciones, Philip Morris Costa Rica ve permanentemente limitada su interacción con autoridades de Gobierno claves para el desarrollo de políticas y regulaciones innovadoras que beneficien a los fumadores y consumidores de nicotina”.

También estuvieron en desacuerdo con el hecho de que sus acciones de responsabilidad social se vean solo como una manera de mejorar su imagen, pues ellos las realizan con “el objetivo de impactar positivamente en cuestiones tales como la correcta disposición de colillas, recolección y reciclaje de productos y concientización, así como el apoyo a emprendedores”.

Negaron que existan beneficios fiscales para la empresa, ya que el sector tabacalero en la economía costarricense es uno de los que tiene mayor cantidad de impuestos.

Finalmente, rechazaron alguna relación entre la contratación de María Inés Solís y su labor en la Asamblea Legislativa. Consideran que en este caso, al igual que en otros, se basó en prácticas estandarizadas a nivel global. 

PERIODISTA: Emmanuel Miranda Pérez

EMAIL: [email protected]

Miércoles 29 Noviembre, 2023

HORA: 12:00 AM

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