La contralora general de la República, Marta Eugenia Acosta Zúñiga, afirma que la legislación actual prohíbe al Sistema Nacional de Radio y Televisión S.A. (Sinart) ser contratado de manera directa para desarrollar y gestionar la publicidad de instituciones públicas, tal y como lo ha hecho desde hace un año.
Acosta lo refirió así durante su comparecencia ante la comisión legislativa que investiga los contratos de dicha institución con decenas de entidades públicas, acuerdos que derivaron, de igual forma, en la contratación expedita y directa de la agencia publicitaria propiedad de Christian Bulgarelli, allegado del presidente de la República, Rodrigo Chaves, y designado en Casa Presidencial como asesor ad honorem.
Según dijo la contralora, la Ley Nº 9986, Ley General de Contratación Pública, faculta a las entidades estatales a contratarse entre sí de manera directa y sin pasar por el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) a través de las excepciones que se señalan en el artículo 3, sin embargo, esto también tiene limitaciones.
El inciso c, señaló Acosta, dice que, si bien la norma se exceptúa de seguir los trámites usuales de contratación pública, los tratos relacionados con medios de comunicación social vinculados con la gestión institucional “no incluyen la contratación de agencias de publicidad para realizar campañas publicitarias”.
Agregó que las informaciones contratadas por dichas vías deben relacionarse a avisos a la población sobre la prestación de servicios.
Asimismo, durante su exposición la jerarca de la Contraloría General de la República (CGR) indicó que la entidad contratada, en este caso el Sinart, debe de realizar al menos el 70%, de la prestación del objeto contractual, es decir, que no puede subcontratar la totalidad de los servicios que le piden.
“Pareciera que en las contrataciones de 2023 la excepción se comportó como una regla”, aseguró Acosta.
INVESTIGACIONES
De igual forma, Acosta anunció que la CGR empezó de oficio una investigación en contra del Sinart por el posible uso de ¢517 millones relacionados con contratos de publicidad que no fueron aprobados por el ente contralor en el presupuesto extraordinario.
“Las improbaciones de los presupuestos obedecieron al incumplimiento de principios básicos, como el reiterado principio de plurianualidad y sostenibilidad que es fundamental para garantizar razonablemente la sostenibilidad de los servicios, así como prever riesgos en la consecución de los objetivos institucionales”, comentó la contralora.
Dentro de su exposición, la jerarca indicó que, de haberse aprobado los presupuestos extraordinarios de 2023, habría un aumento de 176% de partida de servicios con respecto al año anterior, “lo cual presiona la capacidad de gestión, potenciando riesgos”.
Asimismo, comunicó que iniciaron otra investigación de oficio por las 109 contrataciones de publicidad entre el Sinart y una veintena de instituciones públicas, 71 contratos realizados en 2022 y otros 38 efectuados en 2023.
PERIODISTA: William Aguilar Téllez
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Martes 21 Noviembre, 2023
HORA: 12:00 AM
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