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Sucesos

Informe técnico entierra plan de seguridad del Gobierno

Lo tacha como inconstitucional

  • La propuesta de Gobierno tiene roces constitucionales y, además, es cuestionada por el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa.

  • La iniciativa podría ser enterrada en la próxima sesión de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.

  • También incrementaría el hacinamiento carcelario.

Un informe técnico emitido por la Asamblea Legislativa sepulta uno de los proyectos de seguridad impulsado por Casa Presidencial. Incluso, diputados de distintas bancadas analizan mandarlo al archivo legislativo. 

EL PROYECTO

La iniciativa pretende aplicar una serie de beneficios carcelarios y modificaciones en materia penal. En concreto, el expediente de ley 23.692, plantea limitar el otorgamiento de medidas cautelares en delitos cuya pena sea inferior a los cuatro años de prisión.

En cuanto a la pena de arresto domiciliario con monitoreo electrónico se propone bajar de seis años, que es como se encuentra actualmente, a cuatro años de prisión.

La propuesta no contemplaría beneficios carcelarios a delitos ejecutados con armas blancas o cuando las personas hayan sido condenadas por algún delito previsto en la Ley N.º 7.786 sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

En lo que respecta a la libertad condicional, el Gobierno plantea no concederla cuando el privado de libertad descuente una condena por delitos de crimen organizado, sexuales contra menores de edad o donde se hayan utilizado armas de fuego o punzocortantes. 

Tampoco procederá la libertad condicional cuando la persona condenada haya incumplido condiciones de arresto domiciliario con monitoreo electrónico. 

En igual sentido, el Gobierno busca que la libertad condicional pueda ser revocada o modificada cuando la persona no se haya sujetado a las condiciones de la localización permanente con monitoreo electrónico. 

INFORME TÉCNICO

Más allá de las buenas intenciones, el plan de ley impulsado desde Casa Presidencial cuenta con serias falencias, incluso, tiene roces de ley. 

De acuerdo con el informe técnico AL-DEST- IJU -141-2023, la propuesta presenta serios riesgos de inconstitucionalidad por establecer disposiciones muy amplias y sin distinciones, las cuales atentarían contra el principio de racionalidad y proporcionalidad debido a que obligaría a los jueces a tomar decisiones innecesarias y desproporcionadas.

El mismo informe detalla que la propuesta impulsada desde Casa Presidencial contiene diversos elementos que no son compatibles con el principio de culpabilidad y de prosperar la iniciativa se va a producir un aumento considerable de la población penitenciaria. 

“Esto llevará a agravar el hacinamiento penitenciario, por lo que el Estado estará en la obligación de proveer mayores recursos económicos para enfrentar ese aumento en la población privada de libertad. De lo contrario, se expone a condenas nacionales o internacionales por no garantizar las condiciones mínimas de vida de las personas privadas de libertad”, señala el texto.

A lo anterior, el proyecto del Gobierno busca establecer la prisión preventiva como la regla. Por todos esos yerros, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico recomienda archivar la propuesta.

“La aplicación de otras medidas cautelares distintas a la privación de libertad pasaría a ser la excepción. (Se) recomienda el archivo del expediente legislativo que además de estos vicios a nivel constitucional, conllevaría, sin un estudio técnico, tal y como lo señala otro órgano judicial experto en la materia, cual es la Defensa Pública, a una desmedida saturación del sistema carcelario”, indica el informe.

PODER JUDICIAL

Con todos esos elementos y con un proyecto tan mal hecho, tanto el Poder Judicial, así como la Corte Suprema de Justicia se pronunciaron en contra de la propuesta. El Ministerio Público considera que la iniciativa genera inseguridad jurídica. 

“El órgano judicial que lleva la función acusatoria, trae a colación la doctrina que señala que: ‘la presunción de inocencia no es solo garantía de libertad y de verdad’, sino también de seguridad o si se quiere de defensa social, de esa seguridad específica ofrecida por el estado de derecho y que se expresa en la confianza de los ciudadanos en la justicia y de esa específica defensa que se ofrece a estos, frente al arbitrio punitivo.

Es evidente que la iniciativa contiene diversos elementos que conducen a la configuración de un derecho penal de autor, sustentado en la peligrosidad, lo cual es un parámetro que no es compatible con el principio de culpabilidad”, señalan.

Incluso, la Corte Plena señaló que la iniciativa podría generar gastos al Estado costarricense y Poder Judicial. 

“Sí afecta el funcionamiento del Poder Judicial con la indicación expresa de que el proyecto de ley consultado sí afecta la organización y funcionamiento del Poder Judicial”, agregaron.

La Fiscalía General consideró que podría generar un peligro para la sociedad y, además, incidiría en el tema carcelario.

“Sin duda estas reformas tendrían repercusiones en el sistema penitenciario que se debería valorar para determinar la factibilidad de su aplicación material ya que involucra a diversas instituciones”, detallaron.

DIPUTADOS

Con todos esos elementos, los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico quieren darle sepultura a la propuesta. 

“Es inaceptable que, en medio de la ola de criminalidad y el clima de inseguridad que azota al país, el Poder Ejecutivo se atreva a enviar proyectos mal elaborados. El Gobierno es el que quiere paralizar el tema señalando que debe hablar con las diputaciones. Tuvieron tiempo para hablar sobre el tema, pero estuvimos con el proyecto de jornadas 4-3” explicó Alejandra Larios, subjefa de la fracción de Liberación Nacional (PLN). 

“Ese proyecto es un peligro para la sociedad. Permitiría que personas que cometan robo, hurto no tengan medidas”, secundó el verdiblanco Gilbert Jiménez. 

A dicha tesis se suman las legisladoras Dinorah Barquero (PLN), Priscilla Vindas (Partido Frente Amplio) y Horacio Alvarado del Partido Unidad Social Cristiana. 

No obstante, el Gobierno está presionando para que no lo sepulten, incluso, Natalia Díaz, ministra de la Presidencia, llamó a Gloria Navas, diputada y presidenta de la Comisión, con el fin de ver de qué forma lo pueden mantener vivo. 

Más allá de eso, la próxima sesión de Seguridad y Narcotráfico será determinante, mientras Gobierno corre para ver cómo lo sostiene, la oposición no plegada a Zapote está determinada en ponerle fin a la propuesta mal elaborada desde el Gobierno. 

PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal

EMAIL: [email protected]

Lunes 20 Noviembre, 2023

HORA: 12:00 AM

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