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Opinión

Sector social, cenicienta presupuestaria

Opinión

Desde el surgimiento del Estado Social de Derecho, ha habido una concepción filosófica y política de Estado, establecida en el Gobierno del Doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, en los años 40 del siglo pasado, fortalecida y ampliada, afortunadamente, por iniciativas puntuales de varios gobiernos posteriores, en cuyas Administraciones los presupuestos de la República, en crisis o sin esta, siempre han procurado, con visión humanista y distributiva, mantener o aumentar el financiamiento de instituciones y de programas de bien social, conscientes de la alta conveniencia nacional de mejorar, por justicia social, responsabilidad gubernativa, ética y solidaridad, la calidad de vida de personas y familias de escasos recursos económicos, vulnerables, excluidas del desarrollo económico y del progreso material, expuestas a la pobreza, la pobreza extrema, la indigencia. 

Cabe recordar, habiendo sido así, el significado del “Principio Universal de los Bienes y la Opción Preferencial por los Pobres” de la Doctrina Social de la Iglesia: “Cuando damos a los pobres las cosas indispensables, solo les devolvemos lo que es suyo, ya que más que realizar un acto de caridad, lo que realmente hacemos es cumplir con un deber de justicia”.

Amplia mayoría de los costarricenses ha valorado, positivamente, a través de los años, la imprescindible inversión social -no gasto- a favor de los pobres, pues por décadas esta ha permitido a nuestra sociedad vivir en paz, en concordia y fraterna convivencia, forma de vida propia de nuestra cultura democrática, vivencias, tradiciones y valores cristianos; muy venidos a menos y en alto riesgo de perderse.

Por el desarrollo humano sostenible de nuestro país,  no debemos cometer el grave error de perder nuestro Estado Social de Derecho, respetuoso de la dignidad de las personas, promotor de la justicia social, los derechos humanos, la solidaridad y el bien común, en el que se conjugan el Estado de Derecho, sustentado en el imperio de la ley, y el Estado Social, orientado por el Humanismo Cristiano con sus valores éticos, sociales y espirituales; mucho menos mostrarnos indiferentes frente a la denunciada reducción presupuestaria en Educación, Cultura, salud, vivienda, seguridad social y ciudadana, ni desatendernos de quienes viven en la pobreza, pobreza extrema e indigencia, con sus necesidades básicas insatisfechas, hambre, dolor, precariedad, limitaciones y exclusión.

Resultan atendibles, entonces, opiniones de expertos de que solo el avance macroeconómico y material no garantizan ese desarrollo humano sostenible de la sociedad costarricense. En esa dirección, el Papa Pablo VI, en su Encíclica Populorum Progressio, afirma que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz, y pregona un “desarrollo integral del hombre y un desarrollo solidario de la humanidad”. Pensamiento muy lejos de gobernantes que impulsan políticas impositivas, agravantes de la situación económica de miles de familias, y ejercen una administración de lo recaudado sin rostro humano. Además, el Papa Juan Pablo Segundo introduce en Sollicitudo Rei Socialis la distinción entre progreso y desarrollo y agrega que el “verdadero desarrollo no puede limitarse a la multiplicación de los bienes y servicios, esto es, a lo que se posee (…)  [y señala] “con claridad el carácter moral del verdadero desarrollo”. 

Debilitar o perder nuestro Estado Social de Derecho es, social y humanamente, inconveniente, porque las desigualdades socioeconómicas -en peligroso crecimiento- y la ausencia de justicia social engendran violencia, descomposición social, pérdida de la paz, la armonía y la seguridad comunitaria. Hoy nuestra sociedad ya sufre por esa caída de la inversión sociocultural, principalmente la violenta penetración del narcotráfico, del crimen organizado, que reclutan a niños, adolescentes y a jóvenes adultos para matar a seres humanos a cambio de dinero fácil.

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Martes 07 Noviembre, 2023

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Marvin Herrera Araya

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