¿Quién vigila a los vigilantes?
Editorial
"Quis custodiet ipsos custodes?" (¿Quién vigilará a los propios vigilantes?). Esta frase, que se le atribuye al poeta romano Juvenal, calza como anillo al dedo con lo ocurrido recientemente con Marta Acosta, contralora general de la República.
En apariencia un tecnicismo hizo que la funcionaria tenga un salario mayor que el del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, pese a que la Ley Marco de Empleo Público se lo impide.
El salario de Acosta es de ¢5.740.000 y el del presidente Chaves de ¢5.565.000, sin embargo, según señaló el Ministerio de Planificación (Mideplán), lo anterior irrespetaría la Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
De hecho, estos salarios pasan por el Ministerio de Hacienda y, de acuerdo con el artículo 30 la Ley Marco de Empleo Público, no cabe duda que “El salario del presidente de la República será el salario más alto de la Administración Pública”.
La Ley de Salarios de la Administración Pública precisamente fue reformada por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
En la Contraloría General de la República argumentan que el salario de Acosta no se modifica desde 2020, advierten que tampoco ha aumentado, todo lo contrario, tuvo una baja de casi ¢1 millón tras la entrada en vigencia de la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Señalan además que la remuneración económica es mayor que la del mandatario porque históricamente ya era así.
Incluso en el órgano contralor refieren que, a diferencia de otras entidades públicas, la resolución que sustenta el salario de Acosta se basa en un estudio técnico, el cual contiene la metodología de fijación salarial y fue elaborado por la Gerencia de la División de Gestión de Apoyo, la Unidad de Gestión del Potencial Humano y la Unidad Jurídica Interna de la Contraloría General de la República.
Dicho estudio recomienda mantener el salario único como salario global definitivo, destacando según el índice que no hubo aumentos para los servidores de la Contraloría General de la República. ¡Qué contradicción!
El tema cobró tal relevancia que el propio Mideplán le hizo llegar una carta con copia a Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, exponiéndole la situación con la contralora.
Ahora bien, es cierto que actualmente la contralora tiene un sueldo superior que el del presidente Chaves y es cierto que la Ley Marco de Empleo Público impide que todo funcionario público tenga un salario superior que el del mandatario.
Además, si bien es cierto los funcionarios de la Contraloría, “sin excepción alguna”, le sirven “al cumplimiento de las funciones exclusivas y excluyentes encargadas por el legislador constitucional” a la institución, ¿quién está revisando lo que ocurre con el sueldo no solo de Acosta, sino también con el de cada uno de los funcionarios de la Contraloría General de la República?
Por eso la frase de Juvenal no pierde vigencia y bien vale traerla a colación para que tanto administrados como administradores pongan las barbas en remojo porque parece que nadie vigila al vigilante.
