La Fiscalía General de la República acogió una denuncia contra Marta Eugenia Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y Juan Ignacio Monge Vargas, exdirectivo y jefe de despacho de la Gerencia General, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y conflictos de intereses.
El denunciante es la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), que a su vez la remitió a la Procuraduría de la Ética Pública (PEP).
Tras un periodo de análisis, el expediente DEP-179-2023 fue remitido al Ministerio Público para revisión de las autoridades judiciales.
EL CASO
Undeca presentó la denuncia contra ambos funcionarios por un presunto conflicto de intereses, tráfico de influencias y violaciones al deber de probidad, delitos contrarios a los deberes en la función pública.
El sindicato señala que el nombramiento de Juan Ignacio Monge como gerente general de la CCSS fue ilegal, a pesar de que la ley expresamente lo prohíbe.
Monge, directivo desde setiembre 2022 hasta el 30 de junio 2023, fue designado gerente general a partir del 1º de julio de 2023.
No obstante, el nombramiento fue cuestionado e incluso la Contraloría General de la República valoró una investigación sobre el tema.
Ante tal escenario Monge desistió al cargo, no obstante, fue designado asesor de la presidenta ejecutiva.
Posteriormente fue designado jefe de despacho de la gerencia general hasta 2026.
A todo lo anterior se debe sumar un vínculo preliminar: Monge trabajó en Fresh del Monte, corporación donde laboró Esquivel, como gerente de Relaciones Laborales de la Corporación Agrícola del Monte.
“Undeca celebra que la Procuraduría de la Ética trasladara la denuncia al Ministerio Público para que se investiguen hechos que se podrían contraponer al interés público, dado que Monge Vargas pasaría de recibir dietas de aproximadamente ¢50.000 a devengar más de ¢2,8 millones como jefe de despacho de la gerencia general”, detalló Luis Chavarría, secretario general de Undeca.
La Procuraduría indicó que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, tiene abierta la causa penal bajo el Expediente 23-000209-1218-PE por los mismos hechos y se encontraba en etapa de investigación.
“Con el fin de colaborar con la investigación iniciada por la FAPTA, se les puso en conocimiento de la denuncia presentada ante la PEP mediante Notitia Criminis PEP-DEN-004-2023 de fecha 31 de agosto del 2023, para que se valore si los hechos denunciados ante la PEP y la información recabada, arrojan elementos útiles para su investigación”, indicaron.
Añadieron que la Procuraduría de la Ética Pública se encuentra apersonada como parte ofendida y víctima en esta causa penal y en el momento procesal oportuno, también analizará el interés de constituirse en querellante y actor civil.
PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal
CRÉDITOS: Foto: Daniel Johnson
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Jueves 21 Septiembre, 2023
HORA: 12:00 AM
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