El servicio público ofrecido para atender a víctimas de violación sexual se está dando hasta 72 horas después de ocurrido el acto y se carece de una medición relativa a la eficacia del protocolo correspondiente.
Así lo establece un reciente informe elaborado por la Contraloría General de la República, en el que se evalúan los alcances de la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (Planovi).
Esta última la definen como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.
¿Cuál es la importancia? La atención en las primeras 72 horas de ocurrido el evento de las mujeres víctimas disminuye la probabilidad de generar infecciones por VIH y enfermedades de transmisión sexual (ETS), permite impedir el embarazo no deseado producto de la violación -mediante el acceso a anticoncepción de emergencia con el consentimiento de la víctima- y facilita la obtención de evidencia para la investigación penal (primordialmente ADN).
En el país existe un protocolo que involucra al Poder Judicial, la Caja Costarricense de Seguro Social, la Fuerza Pública y el Sistema de Emergencias 911.
MENOS DEL 70%
Este es solo uno de los aspectos que no resultaron bien evaluados. Se indica que los niveles de cumplimiento serían inferiores al 70% y que ni siquiera se cuenta con los recursos para implementar acciones que resulten más eficaces.
Esto se agrava al considerar que en la actualidad hay un desconocimiento de los efectos e impactos producidos a partir de las acciones de política pública, en la búsqueda de la erradicación de la violencia.
La política tiene como principal aspiración promover una cultura no machista, la ruptura de los ciclos de transmisión social e intergeneracional de la violencia contra las mujeres, la no impunidad y la debida diligencia en la respuesta del Estado costarricense para el avance en la erradicación de esta violencia y como requisito para el pleno desarrollo.
Además existen brechas importantes en cuanto a la calidad de la información para la toma de decisiones, primordialmente sobre las condiciones de vulnerabilidad de la población en cuestión.
META ES LA ERRADICACIÓN
Se tomó como periodo de estudio del 1º de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021.
La evaluación consideró las funciones del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y el Consejo Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en su meta plantea que los países deben lograr la eliminación de toda forma de violencia contra la mujer.
Entretanto, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Belém Do Pará, establece a los Estados parte la erradicación de este tipo de violencia.
Algo preocupante es que se menciona que sigue siendo un reto la necesidad de mayor voluntad política para la ejecución de acciones estatales de erradicación de la violencia contra la mujer.
PARCIALMENTE EFICAZ
Otra de las conclusiones es que las autoridades públicas deben ejecutar acciones sistemáticas y coherentes para la atención de las mujeres víctimas de trata de personas, a fin de garantizar el respeto y protección de sus derechos.
Al parecer esta meta se ha venido cumpliendo parcialmente. Se está fallando en disponer de mecanismos formales para involucrar y evaluar a los actores que participan en el programa contra la trata. Las debilidades en la coordinación y supervisión de las acciones de política pública se deben a la carencia de sistemas de información y de la aplicación de herramientas que apoyen el monitoreo por parte de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (Conatt).
PERIODISTA: María Siu Lanzas
EMAIL: [email protected]
Jueves 31 Agosto, 2023
HORA: 12:00 AM
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