El Estado costarricense suma tres denuncias en su contra por, presuntamente, pasarle por encima a los derechos humanos de personas procesadas en los Tribunales de Justicia por el delito de crimen organizado.
Joseph Rivera, abogado penalista, presentó el tercer caso de esta naturaleza a su cargo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington D. C., capital de Estados Unidos.
“Con la entrada en vigencia de los cambios en la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, en junio de 2023, se atropellan derechos fundamentales de personas que enfrentan procesos bajo el término de 'crimen organizado'.
Entre las ilegalidades cometidas desde la administración de justicia figuran los plazos ampliados de prisiones preventivas que se aplican a quienes permanecen recluidos”, explicó.
Rivera agregó que lo más relevante es que se rigen por dicha norma de forma arbitraria.
“Aún y cuando un caso se comenzó a investigar bajo una ley diferente y ahora, sin explicación alguna, se incorpora a la Jurisdicción Especializada, es decir, de forma retroactiva en perjuicio del imputado, algo que es absolutamente ilegal y que violenta los derechos humanos de las personas.
El Poder Judicial en Costa Rica ha mostrado una resistencia absoluta en emitir criterio en cualquiera de sus instancias sobre este atropello a los derechos fundamentales de estas personas”, detalló.
El abogado manifiesta que hay tres privadas de libertad a quienes les han vulnerado los derechos humanos.
“Lamentablemente, los jueces de Costa Rica están aplicando estas normas derogadas y están prorrogando la prisión preventiva por más de dos años, eso es violatorio de los derechos humanos”, expresó.
PERIODISTA: Manuel Estrada
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Jueves 17 Agosto, 2023
HORA: 12:00 AM
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