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Nacionales

Abogados reclaman al Inder ¢3.000 millones en pagos

Disputa por contrato de servicios legales para anular titulaciones

  • Copia del oficio INDER-GG-AF-ADM-PI-OFI-101-2023 remitido a la gerente general Cindy Bravo, donde advierte las consecuencias de no tomar acciones inmediatas para resolver el conflicto

  • El objetivo del contrato era anular 71 títulos de propiedad que el Inder otorgó a personas físicas y jurídicas de manera errónea

 

 

 

Dos abogados contratados para la recuperación de tierras patrimonio del Estado reclaman al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) el pago de más de ¢3.000 millones.
Estos fueron contratados en 2012 para representar al Instituto de Desarrollo Agrario (ahora Inder) y alegan que desde marzo de 2016 la institución dejó de pagarles sus honorarios.
El trabajo consistía en la interposición, tramitación y finalización de juicios ordinarios de lesividad necesarios ante el Tribunal Contencioso Administrativo para anular 71 títulos de propiedad, que se habrían otorgado erróneamente a sujetos privados a través de proyectos de titulación.
La posición del Inder es que los abogados de apellidos Cervantes y Jiménez se comprometieron desde un inicio a tramitar los casos hasta su finalización y se dieron por satisfechos con los honorarios pactados en la forma que se acordó.
El Instituto asegura que el plazo de los contratos nunca se prorrogó y que no se puede extender algo que venció en el tiempo, pero a la vez indica que el contrato no puede fenecer hasta que se cumpla su objeto.
Parte del problema es ese, que el proceso legal para la recuperación de las tierras todavía no concluye.

CASO ES ANALIZADO POR LAS AUTORIDADES

DIARIO EXTRA se comunicó con el Inder para saber si los poderes de los abogados externos se mantendrían vigentes. No obstante, informaron que la institución está imposibilitada para responder las consultas.
Lo anterior porque la junta directiva analiza las acciones a tomar para resolver de mejor forma. Consideran que dar una declaración sería adelantar criterio sobre un expediente que está en trámite.
“Es importante dejar claro que la actual administración superior del Inder y la junta directiva velarán por que se cumpla la ley y se proteja a la institución en el cumplimiento de los fines para los cuales fue creada.
En aras de lo anterior el caso está siendo examinado para dar solución a un problema heredado de anteriores administraciones", indicó el Inder por medio de la oficina de prensa.

ACCIÓN TARDÍA

El Periódico del Pueblo cuenta con una copia del oficio INDER-GG-AF-ADM-PI-OFI-101-2023, firmado por Karen Valverde, coordinadora de la proveeduría institucional.
El documento concluye que la administración ha sido tardía en establecer acciones en relación con el tema.
“11 años después de haberse formalizado esta contratación, no se ha declarado el estatus actual… y se echa de menos en el expediente informes por parte de las dependencias que en su momento la Contraloría designó como fiscalizadores…, que advirtieran a la administración sobre la situación”, se lee en el documento.
La proveeduría cree que la mejor forma de resolver este reclamo es nombrar una nueva comisión de expertos para que recomiende la ruta a seguir, pero no se establecen plazos ni fechas.

NO SE DEBE POSPONER MÁS

El informe es remitido a Cindy Bravo, gerente general del Inder, porque por disposición legal los pagos recaen sobre la administración del Instituto, a pesar de que el problema no se originó en este periodo.
Estar en esta discusión tanto años después sería porque la Proveeduría desconoce el resultado de lo solicitado a los contratistas en relación con la conclusión o avance de los procesos de lesividad (anulación de títulos del Inder).
“Resulta conveniente además que no se posponga más la resolución de este asunto que se viene arrastrando de administraciones y juntas directivas anteriores, ya que a pesar de que los agentes cambien, la administración es una y continua, y la responsabilidad de resolución de los asuntos de forma oportuna conforma el cumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos”, señala el documento.

LLAMADO A SENTAR RESPONSABILIDADES

Añade que la administración actual debe evitarse verse salpicada, incluso en su responsabilidad personal, por un asunto de mucho interés para la Contraloría, ya que esta ordenó la interposición de los procesos y aprobó la contratación de los abogados externos, condicionando a la institución a que debería realizar las previsiones presupuestarias para las eventuales prórrogas.
De acuerdo con lo encontrado en el expediente se recomienda ordenar las investigaciones contra los funcionarios responsables que debieron resolver este asunto, de conformidad con lo ordenado por la junta directiva y que se postergó más allá de 2015.
Lo anterior porque hoy por la acumulación de tiempo y pagos pactados sin efectuar ha hecho que el monto resultante sea mucho más alto y por mucho del que hubiese sido si el asunto se hubiese tratado antes, indica el texto.
Añade que el artículo 214 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa prevé que se deben reconocer los daños y perjuicios al contratista cuando las causas de la finalización del contrato no sean atribuibles a este.

 

 

 

PERIODISTA: María Siu Lanzas

CRÉDITOS: Fotos: Archivo

EMAIL: [email protected]

Jueves 20 Abril, 2023

HORA: 12:00 AM

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