Diario Extra - TSE excluye a sus funcionarios de Ley de Empleo Público

Distintas instituciones autónomas siguen “saliéndose” de la aplicación de la Ley Marco de Empleo Público.
Una de ellas fue el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el cual anunció que más de 250 colaboradores no se acogerán a la ley, ya que “son esenciales” para el funcionamiento institucional.
“Proteger esa independencia no es resguardar un privilegio, sino defender el diseño constitucional que se construyó para suprimir radicalmente la intervención de los otros poderes en la dinámica político electoral”, explicaron.
“Tras aplicar una rigurosa metodología técnica, se determinó que todas las plazas de la institución tienen vinculación con nuestras funciones esenciales. Los choferes, conserjes y los puestos de oficinistas del TSE superaron el tamiz técnico porque, contrario a otros servidores del Estado, transportan el material electoral, preparan las tulas, empacan los enseres de la votación y salen al campo a capacitar y a apoyar a otros agentes electorales, por mencionar solo algunas de las tareas que desempeñan esas personas”, añadieron desde el órgano electoral. Por otra parte, cuestionaron que se pretenda la intervención de otro Poder (Mideplan en este caso) sobre las condiciones laborales y salariales del TSE.
“Proteger esa independencia no es resguardar un privilegio sino defender el diseño constitucional que se construyó (…) Sin duda, la intervención de otro Poder con capacidad de decisión sobre las condiciones del personal constituye un factor que afecta ese blindaje constitucional del sufragio”, concluyeron.

MÁS AFUERA

La Ley de Empleo Público señala que los trabajadores de la Asamblea Legislativa, Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), municipalidades y universidades públicas no están sujetas a Mideplan.
Precisamente, con ese argumento dichas instituciones se han venido acogiendo para señalar que “no les aplicaría la ley”.
Uno de ellos es el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), el cual, mediante Resolución de Rectoría N.º 67-2023, determinó que todos los puestos de trabajo que conforman la estructura ocupacional quedan “absolutamente excluidos de las regulaciones dictadas por el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan)”.
La medida se da “en resguardo de la autonomía constitucionalmente otorgada”.
Por otra parte, desde el TEC indicaron que están facultados para “construir sus propias familias salariales” y de puestos.
Ante tal situación, la Rectoría instruyó al Departamento de Gestión del Talento Humano que, a más tardar el 31 de marzo de 2023, “confeccione la escala salarial correspondiente al salario global transitorio aplicable a las nuevas contrataciones en la institución”.
Una semana antes, el Consejo de la Universidad de Costa Rica (UCR) consideró que todos sus funcionarios son “exclusivos y excluyentes de la rectoría y gobernanza” del Poder Ejecutivo.

TODOS DENTRO

Previo a que la ley entrara en vigencia, la ministra de Planificación, Laura Fernández, dijo que todas las instituciones deben acogerse a la ley.
“Empleo Público cobija a todas las instituciones del sector público, a excepción de las empresas públicas en competencia y entes públicos no estatales, como por ejemplo los colegios profesionales y el Benemérito Cuerpo de Bomberos. Esas son las únicas que la ley dice están fuera del ámbito de cobertura. Por ende, ninguna municipalidad o (institución) autónoma puede dejar de aplicar esta ley”, explicó la jerarca a DIARIO EXTRA.
“No es una instancia del Mideplan, sino es el principio de derecho general. Todas las instituciones deben aplicar (la ley). Si las instituciones con autonomía de gobierno como las municipalidades, universidades, Poder Judicial o cualquier otra decide que todos o algunos de sus puestos van a ser excluidos de la rectoría del Mideplan, bien pueden en el marco de su autonomía. Pero eso no las exime de echar a andar lo que dispone la norma”, concluyó.