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Opinión

A veces hay que ayudar por deber ciudadano

Editorial

En los últimos días, pasamos de estar contentos porque se dio el visto bueno a unas nuevas tobilleras que nos iban a costar un 50% menos a entrar en una congoja porque los instrumentos de la empresa anterior se apagaron, lo que quiere decir que los privados de libertad que deberían estar monitoreados mediante este sistema ahora se encuentran a la libre.

El tema de los brazaletes electrónicos, tobilleras o como sea que quieran llamarlos ha generado mucha controversia desde su puesta en marcha, porque la ministra de turno de ese entonces las vendió como la pomada canaria para que aquellos que no pudieran pagar pensión o quienes habían cometido un delito leve como robarse una lata de atún o una gallina no fueran a terminar tras las rejas con personas realmente peligrosas dedicadas a negocios bastante turbios. 

Para ese entonces la iniciativa no fue tan mal vista, porque además de que permitía a estas personas no terminar tras las rejas procuraba bajar un poco el hacinamiento, que ha sido el dolor de cabeza de los últimos gobiernos. 

Sin embargo, al ponerse en marcha la iniciativa de las tobilleras, terminaron siendo entregadas a personas que realmente han cometido delitos graves, que han atentado contra la vida de otros y que lastimosamente no aprendieron nada bueno en la cárcel y más bien adquirieron nuevas mañas para salir a ponerlas en práctica. 

Con el pasar del tiempo le empezó a aparecer la comba al palo y nos dimos cuenta de que a nivel internacional había opciones muy similares a precios más cómodos, precisamente esto fue lo que llevó al Ministerio de Justicia y Paz a buscar otras alternativas. 

Quizá muchos piensan que este proceso se dio de la noche a la mañana, pero no es así, para lograr encontrar al oferente que se apegara a lo que se necesitaba pasaron bastantes meses y se suponía que al tener el visto bueno de la Contraloría se iba a dar un proceso paulatino o es lo que en la sana teoría debería de haber sucedido. 

A pesar de lo que es correcto o hubiera sido lo normal, esto no ocurrió porque al vencer el contrato la empresa que lo tenía hasta marzo de este 2023 nada más apagó y se fue sin pensar en que iban a dejar al Ministerio de Justicia con una mano adelante y otra atrás con el rastreo de los privados de libertad que cuentan con este beneficio. 

Y no era que le estaban tampoco pidiendo que se quedaran de gratis, pero como aquí en Tiquicia nadie quiere sacar pelo sin sangre querían hacer todo bajo un contrato confidencial quién sabe con qué clausulas y con què beneficios fijos solo para ellos y en nada para el país.

Y, como lo cortés no quita lo valiente, y si ya habían disfrutado bastante de los onerosos pagos del Estado, nada les costaba hacer una transición ordenada de este proceso y no salir haciendo un berrinche, porque esto lo único que hace es cerrarles las puertas a futuras oportunidades. 

Muchos dirán que la empresa no tenía la necesidad de ayudar a la nueva, pero esto de las relaciones comerciales es como en las laborales y hasta las personales: hay que tratar de salir lo mejor posible porque no sabemos las vueltas que da la vida. 

Además, no podemos pasar por alto que por deber ciudadano uno no apaga un sistema que ayuda a localizar a los privados de libertad con este beneficio de las tobilleras, porque la cosa no es apague y vámonos, es un tema de responsabilidad país. 

De esta historia las cabezas de los ministerios deben aprender algo muy importante y es que se deben asegurar que, por contrato, dentro de las cláusulas se indique que la empresa que tiene la concesión, operación, permiso o como quieran llamarle debe hacer una transición correcta porque no se vale dejar al país manos arriba. Ah, pero cuando mes a mes recibían los pagos, sí extendían gustosamente la mano…

 

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

EMAIL: [email protected]

Martes 14 Marzo, 2023

HORA: 12:00 AM

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