El regidor de la Municipalidad de San José Diego Miranda señaló un entramado de corrupción y más anomalías financieras en el gobierno local capitalino. En su comparecencia ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público, Miranda hizo una serie de señalamientos respecto al caso Diamante.
Quizá uno de los más relevantes consiste en que el municipio no atendió al menos ocho informes de auditoría que revelaban anomalías en materia de fondos públicos, lo cual generó “mala administración, debilitamiento del servicio de mantenimiento vial, incumplimientos en órganos de ejecución y fiscalización”.
Las auditorías fueron emitidas desde 2008 y hasta 2021. “El caso Diamante es solo la punta del iceberg. Puedo mencionar las mismas prácticas con las Juntas de Educación, el Comité Central de Deportes, contratos otorgados de manera espuria como los parquímetros de San José (que produjo la suspensión de la Contraloría General de la República-CGR al alcalde Araya Monge) y muchas prácticas más que son parte de una red de corrupción del Partido Liberación Nacional (PLN)”, recalcó Miranda.
“Esto no es de ahora. Hay una red de corrupción en la Municipalidad de San José que era para beneficiar intereses particulares. No es solo con Diamante: Los nombramientos a cercanos del PLN en la Municipalidad de San José, utilización de recursos de mala manera, entregas de donaciones… Hay muchos hechos irregulares. Todo eso ayuda a que, quien está en el poder, se mantenga porque abastece una red clientelar en el cantón central”, añadió.
DIAMANTE
En cuanto al caso Diamante, mencionó: “relaciones impropias como favores y coordinación de obras al margen de la ley con la empresa MECO”.
Otro punto a considerar sería “falta de seguimiento de las recomendaciones de la auditoría” o, en su defecto, de otros órganos como el Concejo Municipal, Ministerio Público o la Contraloría General de la República (CGR).
“El origen de la contratación contemplaba obras para calle 78 por $1,2 millones. En 2017, se le paga ¢14 millones a la empresa Inmsa para realizar el servicio de diseño completo de pavimento.
En setiembre del 2019, el alcalde de San José presenta una exoneración de timbre por ¢186 millones. En 2020, se abre el procedimiento por ¢538 millones y los únicos que ofertaron fueron MECO y H-Solís. El otorgamiento del contrato fue por ¢394 millones, muy por encima del precio de la obra de CFIA, pero por debajo del monto presupuestado por la Municipalidad de San José”, explicó el regidor josefino.
“Por la obra final, se terminan pagando ¢670 millones y, aunque cualquier obra puede subir su costo, es evidente que hay una diferencia abismal entre el monto inicial con que se reportó el montó que ofertó la empresa MECO. Hubo un fraccionamiento de la contratación, ya que se debía pagar solo ¢394 millones del contrato”, agregó.
Según Miranda, aparte del tema presupuestario, hubo anomalías en el cartel de licitación, no se hicieron pruebas de calidad en la obra y se pretendía crear “un impuesto especial” a los vecinos de la calle 78.
MÁS ANOMALÍAS
Del mismo modo, apuntó a ausencia de planificación en la ejecución de recursos, planes quinquenales establecidos por ley, ausencia de priorización y distribución en la colocación de mezcla asfáltica, así como subejecución de fondos.
“No había controles ni criterios para determinar dónde ni por qué se reparaba una calle”, denunció a los diputados. Igualmente, aquejó falta de controles en la entrega de los materiales recibidos por la Municipalidad de San José, falta de funcionamiento de la Junta Vial Cantonal, la cual no se habría reunido por largos periodos de ley, debilitamiento de los servicios por falta de maquinaria y personal nombrado de manera irregular o poco capacitado.
PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal
CRÉDITOS: Foto: David Barrantes
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Viernes 03 Febrero, 2023
HORA: 12:00 AM
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