Criss González Ugalde, fiscal adjunta de Delitos Económicos, se sacudió las críticas que realizó Rodrigo Chaves, presidente de la República, durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
González emitió un comunicado de prensa a anoche en relación con los señalamientos efectuados por el mandatario en relación con las acusaciones de Chaves por haber solicitado una desestimación a una denuncia por una aparente “megaevasión” por ¢11.000 millones.
De acuerdo con la funcionaria judicial, el aviso 25 del Consejo Superior del Poder Judicial cita que el despacho en el cual labora debía permanecer abierto en el periodo de cierre colectivo del 26 de diciembre al 6 de enero.
Dijo que, en cumplimiento con la directriz emitida por la Unidad Administrativa del Ministerio Público, informó el 6 de diciembre que ella laboraría del 2 al 6 de enero.
La fiscal comentó que se acordó plantear los requerimientos conclusivos de casos que estaban en condiciones de ser resueltos, los cuales se determinaron de forma libre e independiente en diciembre.
Afirmó que el expediente contenía la denuncia planteada por el Ministerio de Hacienda que relata los hechos que se encontraban prescritos a nivel administrativo, pero se realizaba la remisión como noticia criminis de eventos ocurridos entre 2008 y 2015.
Citó que analizaron los elementos de prueba aportados en la denuncia, por lo cual se remitió a la Fiscalía para efectuar las labores de peritaje ante la Sección Anticorrupción de Delitos Económicos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
COMUNICACIÓN A PANAMÁ
Fue en octubre de 2022 cuando se comunicó que para efectuar la pericia contable requerida era necesario contar con el trámite de una asistencia internacional a la República de Panamá.
“La Asistencia Penal Internacional no resultaba viable, toda vez que los hechos delictivos investigados en Costa Rica no estaban sancionados penalmente en Panamá.
Es decir, que estaba ausente la doble incriminación requerida para su tramitación y diligenciamiento y, por ende, esto no permitiría seguir con la investigación de la denuncia al no tener elementos para contrastar la maniobra defraudatoria denunciada”, indicó González.
Acotó que la solicitud de desestimación planteada debe analizarla el Juzgado Penal y si se acoge no significa un cierre definitivo del caso porque el requerimiento permite su eventual apertura si se obtienen nuevos elementos para la investigación.
La funcionaria judicial descartó un supuesto conflicto de intereses en el caso en análisis, el cual fue un punto de cuestión citado en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Dijo con respecto a su trabajo en el Ministerio de Hacienda que laboró en la institución a partir de enero de 1999, específicamente en la Dirección Jurídica, pero su jefa directa fue la licenciada Dagmar Hering, quien fungió en el cargo de directora jurídica.
Añadió en ese sentido que su trabajo se regía por las asignaciones que daba la directora jurídica de dicho Ministerio.
A su vez, señaló que, en enero de 2000, solicitó un permiso sin goce de salario en la institución y estuvo fuera de dicho Ministerio en 2000 y 2001, por haber obtenido una beca de cooperación triangular que gestionó personalmente, la cual fue entregada de manera directa por los gobiernos de Chile y Estados Unidos.
“Me fue otorgada de manera directa por los gobiernos de Chile y Estados Unidos para estudiar una Maestría en Derecho Empresarial. Tal y como lo señala el artículo 55 del Código Procesal Penal, no tengo amistad ni enemistad manifiesta con el denunciado, a quien ni siquiera conozco ni tampoco trabajé de manera directa con él”, concluyó.
PERIODISTA: Greivin Granados
CRÉDITOS: Foto: Archivo
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Jueves 26 Enero, 2023
HORA: 12:00 AM
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