La implementación de mano dura y represión en materia de políticas criminales no tendrá suficientes resultados si no viene acompañada de una fuerte inversión en materia social.
Así lo considera Tino Arnoldo Salas Marksman, presidente del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica, quien hizo un análisis del fenómeno de la criminalidad, unificación de policías, legalización de la marihuana y la violencia.
A continuación, un extracto de la entrevista que brindó a DIARIO EXTRA.
¿Cómo nace el Colegio de Profesionales en Criminología?
-Somos un colegio relativamente joven. A mediados de la década de 1950 Costa Rica urgía una necesidad de profesionales que atendieran el fenómeno criminal. A partir de esa época surge una serie de instituciones. En la década de los 90 surge la propuesta de crear la carrera de criminología y se suman instituciones que vienen a dar un punto de inicio al Colegio. Todos esos esfuerzos se fueron consolidando cerca de 2008-2010, cuando nace el Colegio de Profesionales en Criminología. La idea era enfocarse en el análisis del delito, pero ciertamente no es la única dimensión que se atiende. El delito es ver el resultado de algo y ahora se analizan más fenómenos. Desde el Colegio buscamos potenciar el desarrollo profesional y analizar los factores que inciden en el fenómeno criminal.
¿Es obligatorio estar colegiado?
-Para efectos del ejercicio profesional sí es obligatorio. Actualmente tenemos 2.463 colegiados. Ciertamente se necesitan más criminólogos en el país. Desde el Colegio estamos haciendo grandes esfuerzos por nuestros agremiados con la creación de comisiones.
¿A qué se refiere?
-Desde el 5 de enero de 2022 se propone la existencia de 22 comisiones para atender asuntos específicos en materia de criminología. Actualmente está dando importantes resultados. Tienen la misión de atender asuntos específicos del saber criminológico. Por ejemplo, contamos con una que analiza asuntos educativos y otra temas de ciberseguridad.
¿Hay chances para ingresar en el mercado laboral? ¿En qué estado se encuentra el mercado? ¿No está saturado para criminólogos?
-Actualmente los espacios son menores de los que amerita la respuesta de profesionales. Un criminólogo puede trabajar fácilmente en el ámbito legislativo. ¡Sería importantísimo! Ese profesional podría brindar asesoría en la propuesta de política criminal. Lo mismo en el ámbito municipal. Hay que entender que el criminólogo estudia fenómenos y la finalidad que tiene es la prevención. Además el estudio del fenómeno criminal lo hacemos para crear estrategias para anticipar, contener y prevenir el fenómeno criminal. En el ámbito educativo es supernecesario. En la creación de las políticas públicas deberían considerarse criminólogos. En el PANI debería haber más.
¿Considera que las municipalidades deberían abrir plazas para la contratación de criminólogos?
-Actualmente operan criminólogos que trabajan en áreas que no son propias de la criminología. En algunas policías municipales hay criminólogos y eso le hace muy bien a la función municipal porque se ve el fenómeno de manera integral. Se ve el fenómeno desde el contexto: más allá del hecho, se analiza la génesis de los eventos desde ciencias específicas e investigación. Para muchos la prevención no vende, lo bueno es que es mucho más económica. Los resultados no se ven inmediatamente, pero es mejor.
¿Qué análisis hace respecto a la política de seguridad en el país? Durante mucho tiempo se ha manejado política de represión y choque, sin embargo, parece no haber funcionado. ¿Cuáles otras alternativas existen?
-La visión de mano dura viene desde la década de los 70. Es una forma rígida. No es la única solución y no debe ser la única receta que se debe emplear en el país. Cuando uno ve la política criminal tiene que existir una articulación entre leyes, planes y personas. Si se habla de una política que quiera reducir la violencia y el fenómeno delictivo hay que observar las leyes actuales, el abordaje y lo presupuestado. El problema es que todo se ve desde el punto de vista presupuestario. De acuerdo con lo que se tiene, se trata de armar algo.
¿Sería entonces buena idea la unificación de policías?
-Observando cómo se ha hecho eso en distintos países de América Latina, no es la mejor respuesta. Uno podría preguntarse cuáles son las dificultades de las policías en Costa Rica para lograr los objetivos considerados y la función preventiva. Habría que mejorar muchísimo en la coordinación, estrechar relaciones en común, entendiendo el ámbito de intervención de cada una.
Algunas policías están mejor equipadas que la Fuerza Pública. ¿Cómo coordinar entre cuerpos tan dispares?
-Es todo un tema administrativo. Hay que ver los principios que rigen la función con sentido de unidad. ¿Qué quiere decir eso? Para coordinar hay que entender las dimensiones y campos de intervención, pero además desde un principio de complementariedad.
¿Sin unificarlas?
-Sin unificarlas. Habría que preguntarse cuál es el avance jurídico para que puedan trabajar juntos. Solo con eso habría enormes dificultades. Las leyes de policía no están adaptadas a nuevos fenómenos criminales que han evolucionado. Cabe incluso la necesidad de manejar una nueva visión de Consejo de Seguridad, desde el concepto puro o desde la seguridad humana. Se requiere un análisis más drástico. La Escuela Nacional de Policía necesita tener claridad de cómo va a preparar a los funcionarios públicos, ejes y hacia dónde se va a dirigir. Sería necesario mirar la formación, eficiencia y atención del delito.
¿Cómo se atiende el fenómeno criminal cuándo hay ausencia de policía? Existen comunidades donde la Fuerza Pública o la policía municipal no puede ingresar porque estás tomadas por organizaciones criminales.
-Hay otras formas. Quizás la principal es con políticas sociales.
Pero cada vez se ve menor inversión en políticas sociales.
-Eso es una gran dificultad país. Con el tiempo se ha creído que la política criminal va a solventar la ausencia de la política social, pero ciertamente deben ir de la mano. La política criminal no es la respuesta a las políticas sociales. No lo va a ser nunca.
Uno de los principales problemas del país es el narcotráfico. ¿Estamos completamente tomados por ese flagelo?
-Cuando hablamos del narcotráfico hablamos de una dinámica que no es propia de nuestro país, sino que es una consecuencia de la actividad. Para nadie es un secreto que hay países productores y otros administradores. Costa Rica entra en la segunda categoría.
En algún momento Costa Rica fue un país de paso de las drogas. Ahora parece que somos una bodega.
-Si la droga se queda aquí, ¿en qué condiciones se queda? ¿Tenemos los indicadores suficientes para ser un país consumidor? ¿De cuál droga? ¿Cuáles son las características de esa droga? ¿Cuál sería la utilidad de que se quede en Costa Rica? Todo eso se tiene que analizar para entender el fenómeno. Hay que determinar particularidades. Muchos estudios no apuntan a afectación en el narcotráfico, sino más bien en el narcomenudeo. Es un tema más complejo.
¿Cómo atender el narcomenudeo?
-Hay que analizar condiciones para que el fenómeno se materialice. Factores endógenos de los individuos, si son personas vulnerables o vulnerabilizadas. Desde ahí es la forma más responsable para establecer un contexto. Tienen que plantearse respuestas, pero no son las mismas para todos los lugares del país.
¿Cuál es el papel del ICD y el IAFA?
-Deben tener un rol clave en materia de prevención.
¿Y el Ministerio de Justicia y Paz?
-Una persona puede pasar 40 años en una cárcel, es una inversión del Estado, pero no necesariamente se podría reinsertar. Una alta penalidad no es garantía de una reinserción. Una alta inversión sobre la penalidad sin propuestas nuevas no es garantía de reinserción. De hecho, ese término se quedó en la década de los 70. Resocializar, readaptar, readecuar… todas esas teorías son un fracaso. ¿Qué hay que trabajar? Un plan de vida y políticas públicas acompañadas de visión social.
Se viene hablando de la legalización de marihuana recreacional. ¿Qué opina sobre el tema?
-Es un tema que debería pasar por la regulación. Tiene que analizarse desde una visión consciente. El impacto que pueda generar debe analizarse de forma mesurada y además se deben diseñar políticas para que no llegue a personas vulnerabilizadas.
¿Costa Rica está listo para dar ese paso?
-Hay que mirar las propuestas, observar esfuerzos previos y ver qué ha pasado en otros contextos. No quiero decir que se debe repetir lo que se hace en otros países, pero sí ver dificultades, fortalezas y cómo se puede manejar acá. Visto desde lo económico tiene sus contrariedades. Una persona decía que si la droga estuviera en el mercado de valores, otro gallo cantaría en América Latina.
Otro tema que se ha señalado constantemente a nivel país es “justicia pronta y cumplida”.
-Eso corresponde al sistema penal. Hay que mirar los tiempos de respuesta, la política criminal para ver cómo se pueden acelerar sin que genere un impacto a derechos y garantías fundamentales, y cómo se atiende la mora judicial. Hay que ver las fases que se están cumpliendo y las propuestas que se están planteando.
¿Considera que la mora judicial está haciendo que la gente tome la defensa en sus manos?
-Cuando institucionalmente se pierde la confianza podría motivar que la ciudadanía busque la justicia por otras vías: linchamientos, ajusticiamientos, justicia de propia mano, que no es lo que se espera en una sociedad como la nuestra. Hay que actuar de manera pronta y con el debido proceso. Ese pronto actuar no implica resultados para ya, sino tener propuestas necesarias para que en el tiempo se puedan ver resultados que favorezcan en el sistema penal.
En los últimos meses se ha visto una escala de violencia en escuelas y colegios. ¿Cómo lo analiza?
-Cuando miramos el fenómeno identificamos una serie de particularidades que deben atenderse. No todo lo que pasa en todas las escuelas es exactamente igual. Se debe determinar lo que pasa en las instituciones a través de la intervención, diagnóstico y mirar más allá de las personas menores de edad, las relaciones con el entorno, personas que inciden en la relación cotidiana, factores de riesgo, debilidades. Todo con el objetivo de proponer planes que logren disminuir la presencia de fenómenos. Lo mismo con temas de violencia.
¿Qué factores comunes observa respecto a temas de violencia?
-Puede haber factores comunes vinculados a valores, pero el abordaje debe ser contextual. Desde las comisiones estamos haciendo análisis y creando herramientas para abordar el tema y principalmente contribuir con soluciones en ese tema país.
¿Qué hallazgo ha hecho la comisión que trata temas de corrupción?
-Ellos han trabajado en una serie de indicadores que permitan crear una propuesta. Este gobierno requiere hacerle un análisis profundo en todas las dimensiones. La función pública es la que está más amenazada con temas de corrupción. Hay que avanzar en valores, transparencia, participación ciudadana, comprensión de la corrupción e inteligencia artificial.
PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal
CRÉDITOS: Foto: Randall Sandoval
EMAIL: [email protected]
Lunes 09 Enero, 2023
HORA: 12:00 AM
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