La auditoría interna es vital contra la corrupción en las municipalidades

Marvin Urbina Jiménez*

En gran parte de la población costarricense existe la idea que en las municipalidades se da un alto índice de diferentes tipos de corrupción. Cuantas más variables tenga esta percepción comunal de corrupción, más difícil será resolverla. En algunos casos, se deberá solucionar la falta de transparencia; en otros será necesario un accionar ético, denuncias judiciales o sanciones administrativas.

Dichos problemas, generalmente, son denunciados por uno o más vecinos del cantón; los cuales terminan casi siempre en frustración, al no ver resultados ante su constante denuncia. Estas municipalidades cuentan, dentro de sus organizaciones, con una auditoría interna; la cual es una parte del sistema de pesos y contrapesos en el control de las operaciones. Esto significa que, ante un panorama como el descrito, la auditoría debe orientar sus acciones a cambiar dicha perspectiva de corrupción, pero ¿cómo lograrlo?

Para responder la pregunta, lo primero que se debe tener claro es que existen otros órganos de control y fiscalización. Por ejemplo, la Contraloría General de la República es el rector de la fiscalización en Costa Rica; también existe la sede judicial, y la Fiscalía de la Ética Pública de la Procuraduría General de la República. De tal manera que el ciudadano no cuenta con una, sino con varias opciones para presentar denuncias. Se podría pensar que las auditorías internas dentro de las municipalidades son las oficinas de primera línea de defensa contra la corrupción; sin embargo, estas se enfrentan a dificultades para revertir dicha circunstancia. La primera de ellas son las limitaciones de la ley con la que pueden accionar, ya que solo se puede hacer lo que está escrito. Adicionalmente, la auditoría debe cuidarse de no incurrir en coadministración, es decir, no tomar decisiones sobre qué debe hacer la administración. La segunda dificultad es presupuestaria, se estima que se le asignan recursos que oscilan entre 1% y 5% del presupuesto total de la municipalidad para realizar la labor de auditoría.

En conclusión, se requiere que las leyes permitan realizar la labor de la auditoría interna con independencia, eficiencia y eficacia, ya sea modificando las actuales o hacer nuevas normas orientadas a mejorar la administración municipal para cambiar la percepción del pueblo. En esas mismas leyes, se debe asegurar la asignación presupuestaria, con el fin de garantizar los recursos necesarios para la fiscalización.

*Contador Público Autorizado Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

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Martes 29 Noviembre, 2022

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Marvin Urbina Jiménez*