Los diputados no aplicarán ningún tipo de sanción ni le recortarán el salario a su compañero Gilberth Jiménez, legislador de Liberación Nacional.
Mediante acuerdo de las jefaturas de fracción, se concluyó que, por falta de procedimientos legales en el Congreso, no se puede ejecutar un castigo a Jiménez.
EL CASO
La Contraloría General de la República (CGR) solicitó una suspensión de 25 días sin goce de salario contra Jiménez por no haber ejecutado un procedimiento administrativo en la Municipalidad de Desamparados y, además, haber retardado una investigación vinculada a permisos de construcción.
Adicionalmente, Jiménez tendría eventual responsabilidad civil por “haber designado un órgano director para iniciar un procedimiento administrativo posterior al plazo legal de un mes, a pesar de haber conocido informe emitido por la Defensoría de los Habitantes” sobre una queja vecinal.
Lo anterior habría generado una erogación innecesaria para la Municipalidad de Desamparados por ¢816.471,69.
De acuerdo con la CGR, la actuación de Jiménez causó una serie de daños en el cantón capitalino.
Dicha situación hizo que la Contraloría solicitara al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que ejecutara una sanción, no obstante, el órgano electoral señaló que los diputados tendrían que comerse la bronca.
Así, tras todo ese papeleo, los diputados analizaron criterios de Contraloría, Procuraduría General de la República (PGR) y procedimientos de la misma Asamblea Legislativa y consideraron que no existe normativa para sancionar a Jiménez, puesto que la infracción la habría ejecutado siendo alcalde y no en su actual puesto como diputado.
“Tenemos una tarea evidentemente en esa Asamblea Legislativa, porque hay un vacío que nos señalan con mucha claridad, pero que es un vacío en este caso y otros semejantes”, mencionó el jefe de fracción del Frente Amplio (FA), Jonathan Acuña.
El caso será trasladado al Plenario Legislativo, que deberá darle trámite de archivo.
En su defensa, Jiménez dijo que no hubo acciones irregulares, dolo ni situación irregular respecto a lo investigado.
“La Procuraduría General de la República indicó que era materialmente imposible poder sancionar a un diputado por un acto administrativo que no tenía sentido. No existía ninguna causa e irregularidad y, más bien, creo que aquí lo que hubo fue una persecución y un abuso en una situación que no correspondía”, sostuvo el verdiblanco.
“Nunca se actuó de mala fe ni fue tema juzgado. No hubo acto irregular. Gracias a Dios, se logra determinar que el caso debe archivarse y no hay reglamento que pueda aplicarse”, concluyó Jiménez.
PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal
CRÉDITOS: Foto: Asamblea Legislativa
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Sábado 24 Septiembre, 2022
HORA: 12:00 AM
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