Diario Extra - Defensora se sacude a grupos de presión

Tras la visita de la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, a varios territorios indígenas del país como el de Conte-Burica, Talamanca y Salitre, y en especial este último, han sido numerosas las reacciones de presión que salieron a florecer por parte de grupos que defienden las recuperaciones de terrenos para los habitantes autóctonos por las vías de hecho y no de derecho.
Por medio de un comunicado, la Defensora de los Habitantes señaló que “ha podido constatar, lamentablemente, que existen grupos, enfrentados entre sí y para con otros, en medio del conflicto de tierras no resuelto por el Estado costarricense desde hace décadas”.
“(…) No se avala el uso de la violencia para la recuperación de tierras; y que las soluciones a los problemas de tenencia de tierras deben de canalizarse a través del Estado de Derecho”, explica el comunicado.
Incluso cabe señalar que hasta un grupo de catedráticos de todas las Universidades Públicas del país solicitaron su posición a la defensora, pues Crespo señaló abiertamente que tenía el derecho de escuchar a propios y extraños en el conflicto indígena.

NO DISCRIMINACIÓN

La funcionaria advirtió que ningún habitante dentro del territorio costarricense puede ser discriminado, en su derecho de petición ante la Defensoría de los Habitantes, lo cual es atribuido al artículo 1 de la Ley de dicha institución.
“Es el órgano encargado de proteger los derechos y los intereses de los habitantes. Este órgano velará porque el funcionamiento del sector público se ajuste a la moral, la justicia, la Constitución Política, las leyes, los convenios, los tratados, los pactos suscritos por el Gobierno y los principios generales del Derecho. Además, deberá promocionar y divulgar los derechos de los habitantes”, subrayó Crespo.
La jerarca fue enfática en su postura al aducir que escuchará a todos los involucrados en este conflicto, incluso aquellos habitantes de pueblos originarios que por años han sido silenciados por las asociaciones de desarrollo indígena (ADI), las cuales, como ha señalado el presidente de la República Rodrigo Chaves, se han convertido en “un club de amigos”, pues simplemente dejan por fuera a aquellos que, por no compartir la ideología que profesan quienes dirigen, no son dignos de consideración por parte de dicho órgano.
“Las personas indígenas, sin importar dónde habitan y su etnia, tienen derecho a ser escuchadas por las Instituciones Públicas del país, no existe motivo alguno para que la suscrita, funcionaria pública, no los atienda y escuche sus peticiones”, enfatizó la defensora.

DENUNCIA CONTRA FUNCIONARIOS

Cabe señalar que, tras la reunión en Salitre donde Crespo escuchó a los originarios de varios territorios como Cabagra, Salitre y China Kicha, recibió la solicitud por parte de estos para que Marjorie Herrera Castro, quien se desempeña actualmente en la Dirección de Igualdad y No Discriminación, y Álvaro Paniagua Núñez, quien labora como director de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Juventud, no fueran considerados para llevar procesos en los territorios antes mencionados, pues no gozaban de la confianza de los indígenas que por muchos años fueron silenciados por estos dos funcionarios a quienes les plantearon denuncia tras denuncia, pero nunca fueron tramitadas.
Lo anterior hizo que la defensora acusara a sus subordinados penalmente ante el Ministerio Público en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, por tres presuntos delitos.
“1. La suscrita Catalina Crespo Sancho tuve noticia de posibles irregularidades en la función pública ejercida por parte de Marjorie Herrera Castro y Álvaro Antonio Paniagua Núñez, quienes se desempeñan en la Defensoría de los Habitantes.
2. Hechos que posiblemente engranen en los tipos penales de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, posible enriquecimiento real o personal los cuales deben investigarse por parte del Ministerio Público.
3. Así, las cosas, se pone en conocimiento la noticia criminis para que se proceda como a derecho corresponde”, alega la denuncia.
“El odio, la discriminación y la violencia son conductas reprochables, que no deben de impulsarse, motivarse y promoverse en ningún rincón del territorio nacional, porque hacerlo, es precisamente ir en contra de los derechos fundamentales e intrínsecos, de las personas contra quienes dicho odio, discriminación y violencia van dirigidos.
La Defensoría de los Habitantes es una Institución que aboga por los derechos humanos, la dignidad de las y los habitantes, y se opone a todos aquellos actos o actuaciones que vengan a derribar los principios Constitucionales e Internacionales vigentes y obligatorios en el Ordenamiento Jurídico”, sostuvo Crespo Sancho.
La jerarca culmina advirtiendo que la Ley impide las acciones de fuerza y violencia con las que algunos pretenden sustituir el ordenamiento legal.