Para muchos se trata de una burla, para otros no deja de ser indignante que 78 exdiputados de la República ostenten pensiones que van de ¢4.471.000 la más baja a ¢8.146.000 la más alta.
Este miércoles Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, y Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, ministra de Trabajo, dieron a conocer la lista de los 78 exlegisladores que ostentan las “pensiones de lujo”.
Además de lo que perciben por jubilación tienen otras entradas económicas por trabajos. Al final esos montos, sumando el de la pensión, alcanzan hasta ¢13 millones al mes.
PROCESO DE LESIVIDAD
Por eso el presidente Chaves Robles aseguró que arrancarán con un proceso de lesividad, que consiste básicamente en revocar un acto de la administración que resulta perjudicial para el interés público, como fue el pago de más en pensiones para excongresistas.
“Vamos a iniciar un proceso de lesividad contra exdiputados y exdiputadas de la República por el monto de sus pensiones de lujo.
En el 2020 la Procuraduría General de la República externó su criterio sobre las pensiones de lujo que gozan los exdiputados diciendo que el tope establecido, y que a mí me parece todavía excesivo, es el salario de un diputado actual.
Oigan, la pensión máxima de la Caja es de ¢1,6 millones y aquí estamos hablando de ¢4 millones todavía. Ese debería ser el tope.
Entonces vamos a presentar un proceso de lesividad contra 78 personas que gozan de pensiones de lujo, más altas que el salario de un diputado”, sentenció el mandatario.
PRONUNCIAMIENTO DE PGR
Precisamente el pronunciamiento del que habla el presidente es el C-369-2020, que emitió la Procuraduría General de la República (PGR) el 17 de setiembre de 2020 y le permite al gobierno arrancar con el procedimiento legal de lesividad.
De hecho, el abogado del Estado sostiene que en el caso en cuestión las pensiones se deben mantener con el tope que indicaba la Ley de Pensiones de Hacienda al momento de recibirla, lo que aquí no ocurrió.
Cabe señalar que actualmente el salario de un diputado es de ¢3.982.371, lo cual, según la ley, no puede ser.
A Chaves Robles y su ministra de Trabajo les parece indignante que 78 exlegisladores tengan pensiones que superan los ¢4 millones.
MANDATARIO ACTÚA A DERECHO
El Periódico del Pueblo consultó al abogado constitucionalista Fernando Zamora, quien no dejó espacio para la duda. No titubeó al decir que el mandatario actúa a derecho al considerar que hay una posible lesión a los fondos públicos.
“El proceso de lesividad lo contempla el artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo con el propósito de revocar por vía judicial un acto otorgado por la misma Administración Pública en el pasado.
Básicamente cuenta con dos fases: una primera etapa de naturaleza administrativa, donde los funcionarios públicos definen si tiene mérito o no solicitar ante los tribunales el proceso de lesividad. Esto porque la Administración debe estar totalmente convencida de que no hay otra salida para revocar el derecho mal otorgado.
Cumplida esa etapa viene la de presentación de la demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa, en donde el juez otorga audiencia a todas las partes afectadas para valorar si en efecto el acto fue otorgado de forma irregular. Tratándose de un proceso jurisdiccional no veo por qué no pueda el gobierno iniciarlo.
Ahora bien, es importante indicar que el juez debe fallar sujetándose a los parámetros de constitucionalidad que al respecto ya ha establecido la Sala Constitucional”, explicó el experto.
MINISTERIO DE TRABAJO
La ministra de Trabajo aseguró que el ahorro no solo es importante, ya que en promedio se podrían recuperar ¢3.536.865.547 anuales.
“Adicionalmente a esto también estamos consultándole a la Auditoria Interna del Ministerio de Trabajo si existiría alguna responsabilidad de los funcionarios que en su momento no tomaron decisiones porque eso le hubiera ahorrado dinero al erario”, manifestó Esquivel Rodríguez.
DENUNCIADOS
DIARIO EXTRA se dio a la tarea de constatar a través de las listas que publicó la Presidencia de la República en sus redes sociales los montos de las pensiones que reciben los 78 exdiputados.
La más baja es la de Rafael Tobías Murillo Rodríguez, alcalde de Garabito y legislador por el Partido Liberación Nacional en los periodos 1982-1986 y 1998-2002. Percibe ¢4.471.000.
Mientras que una de las pensiones más altas es la de José Guillermo Malavassi Vargas, a quien mes a mes le entran ¢8.146.000.
Además de su pensión, vale resaltar que a sus 90 años también percibe ¢5.185.000 por concepto de labores de la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA). Al final eso representa un ingreso mensual superior a ¢13 millones.
Además de Malavassi, otros excongresistas combinan la pensión con el pago de salarios, entre ellos Ana María Rigioni Murillo, quien labora en la Municipalidad de Grecia y al sumar sus ingresos percibe ¢8.200.000.
Danilo Chaverri Soto, además de exlegislador, exministro de la Presidencia y de Planificación Nacional, añade a su pensión lo que gana como abogado y amasa al menos ¢8.800.000 al mes.
DIARIO EXTRA conversó con Chaverri Soto, quien explicó que respeta la decisión del presidente Chaves Robles.
“En primer lugar yo respeto mucho la decisión del presidente de plantear el juicio de lesividad, prefiero abstenerme de declarar hasta que se nos haga ese juicio.
Por lo demás creo que al presidente le han dado información equivocada. Hay varias leyes que disminuyeron el monto de las pensiones otorgadas con la legislación anterior, de tal manera que actualmente las pensiones de los exdiputados están rebajadas en un 55% como consecuencia de las leyes que se aplicaron.
Yo supongo que eso se lo deben haber dado al presidente porque lo tienen haciendo números con tantos que no corresponden a la realidad actual del asunto”, concluyó.
Igualmente El Periódico del Pueblo buscó la versión de la exdiputada Ginny Ana González Pacheco, quien a sus 58 años recibe una pensión de ¢8.085.000, pero prefirió no referirse al respecto.
“Vea, muchacho, yo ahorita no puedo darle más información porque sinceramente hasta ahora me estoy enterando y no sé. La verdad es que desconozco los detalles y disculpe, pero ahora mejor no voy a hablar del tema”, declaró.
Por último, este medio llamó a Rolando Laclé Castro, pero en ese momento iba conduciendo en los Estados Unidos.
A todo esto el presidente de la República dijo decidido: “Otro paso. Vean, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias dentro del marco de la ley de Costa Rica para quitar ese cáncer de las pensiones de lujo”.
PERIODISTA: Alexander Méndez
CRÉDITOS: Fotos: Raquel Vargas
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Viernes 05 Agosto, 2022
HORA: 12:00 AM
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