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Nacionales

Funcionarios de Defensoría ocultaron lamento indígena

Y acusan intervención de la ONU con grupos de recuperadores ilegales

  • Crespo visitó la comunidad de Salitre de Buenos Aires, Puntarenas, donde escuchó por más de 4 horas a los originarios que no comparten las recuperaciones violentas

  • Acá la carta y donde le señalan la intervención de personas que no son indígenas y que presuntamente avalan las recuperaciones por las vías de hecho y no de derecho

  • Esta es la denuncia que le hacen llegar los originarios a la defensora de los habitantes Catalina Crespo, contra los funcionarios de esa dependencia, Marjorie Herrera y Álvaro Paniagua

  • Recuadro

Parece ser que el país de los derechos humanos no lo es para los pobladores de algunos territorios indígenas, especialmente los que viven en conflicto en la Zona Sur.

De eso quedó sorprendida y dio fe la defensora de los habitantes, Catalina Crespo, en su reciente visita a los territorios indígenas de Buenos Aires de Puntarenas.

Nos referimos a las localidades de Salitre, Ujarrás, Térraba, Cabagra y China Kicha, donde pobladores originarios excluidos y discriminados por las Asociaciones de Desarrollo Indígena (ADI) de estos territorios le entregaron una carta de 6 hojas con las firmas de las víctimas de la agresión y abuso estatal.

Bien lo dijo el presidente Rodrigo Chaves, al señalar estas ADI como “un club de amigos” y advertir los abusos de los que son víctimas muchos de estos originarios. 

DIARIO EXTRA tuvo acceso a la citada carta, la cual retrata aspectos de violencia, no solo de los indígenas contra indígenas, sino también de las instituciones del Estado contra grupos indígenas que por no querer recuperar las tierras por las vías de hecho y no de derecho, simplemente no son incluidos en los planes de estas instituciones.

 

DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES

 

Por ejemplo, la carta resume cómo Crespo logró escuchar los lamentos de estas personas todas originarias y que desde el año 2012, Luis Fallas Acosta, y en el año 2014, Monserrat Carboni, ambos defensores en su momento, no visitaban estos lugares o intercambiaban palabra con estas personas.

De hecho, Carboni lo hizo, pero en San José y les concedió apenas 10 minutos. Pues bien, estas personas le dijeron a la defensora Catalina Crespo como Álvaro Paniagua y Marjorie Herrera, ambos funcionarios de la Defensoría, no solo no son de la confianza de los originarios por lo que además decidieron cortar contacto con los dos hace varios años “por su evidente parcialidad y falta de objetividad, en el sentido que todo es manejado ocultando la realidad. Nuestras solicitudes no son atendidas, de forma que nuestras voces fueron ocultadas por estos funcionarios durante muchos años”.

Además, revelan en dicha misiva a la defensora, acerca de cómo Herrera tuvo parcialidad en la realización de la base de datos Térraba y donde incluso junto al señor Javier Rodríguez O., consultor del alto comisionado de DD.HH. y Randall Brenes, Rodolfo Villalobos, del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), elaboran estrategias manteniendo alianzas para sus luchas, “como si se tratara de un tema personal” y donde los funcionarios eran observadores, no interventores directos.

Los originarios señalan a estos funcionarios por faltar “al deber, incurrieron en manipulación de un proyecto y trabajo que debía ser limpio y transparente, afectaron gravemente a la población indígena que hoy sufre la discriminación ya no solo internamente, sino también institucional, siendo que la mayoría de la población indígena quedó excluida y hoy son vistos como no indígenas, al no estar incluidos en la base de datos Térraba”.

 

ONU

 

Para nadie es un secreto que la Organización de Naciones Unidas (ONU) también mete sus manos en el tema indígena, pues la carta lleva también una tajada para este organismo internacional.

En este sentido afirman haber entregado prueba que “deja expuesta la participación que tiene el señor Cristhian González Gómez en las invasiones en la zona, dicho por una de las señoras que son invasores en Cabagra, además que visita los territorios como representante de la ONU, pero solo con el grupo que invade y no con el resto de la población. A su vez este joven está participando en la elaboración del proyecto del mecanismo para la consulta indígena del Ejecutivo, proceso en el que se excluyó a la mayoría de la población indígena de los territorios de Buenos Aires”, sostiene la carta a Crespo.

Para rematar, se menciona cómo González habría acompañado “al relator de las Naciones Unidas Francisco Calí Tzay concluyendo su gira con un informe omiso en cuanto a los expuesto con nuestra participación y completamente parcializado”.

 

PODER JUDICIAL

 

Pero la serie de denuncias no acaban con la intromisión del ente internacional, sino que le dedicaron una parte al Tercer Poder de la República: el Poder Judicial.

En este sentido se argumenta que son víctimas de “la exclusión institucional” de los representantes de las entidades estatales que llegan a las comunidades indígenas, pero solo se reúnen con denominados invasores (recuperadores por las vías de hecho y no de derecho), así como omiten escuchar las voces de los desplazados por las ADI o los que no comparten la ideología de las tomas de los terrenos de manera ilegal y con violencia contra sus propios coterráneos indígenas.

“El Poder Judicial ya está en las últimas convocatorias del Proyecto de Política Pública de los Pueblos Indígenas, pese a la insistencia de darnos participación en igualdad de información existe una resistencia a hacerlo, lo único que nos ofrecen es participar en las últimas convocatorias.

En cuanto a la elaboración del proyecto Mecanismo General de Consulta de los Pueblos Indígenas del Poder Ejecutivo, no se nos ha invitado, ni permitido participar en ninguna reunión, pese a las múltiples solicitudes realizadas, se nos excluyó por completo”, detalla el escrito.

 

FAI

 

Pero eso no lo es todo, el apartado para la Fiscalía de Asuntos Indígenas (FAI) no faltó, aducen un trato diferenciado: “No hay justicia pronta y cumplida, son omisos y parcializados del sector de la población que invaden se desplazan a recibir las denuncias hasta el lugar de los hechos mientras a las víctimas les dan cita para que días después se presenten a la Fiscalía como en el caso de China Kichá”.

Explican que se solicitan medidas cautelares para reprimirlos, “hay varios expedientes de denuncias por abuso sexual y violación en los que la Fiscalía no realiza las diligencias correspondientes para su avance”.

 

BLANCOS INVASORES

 

Otro aspecto de la carta se refiere a los verdaderos invasores del conflicto indígena y no necesariamente son “los blancos” que viven en los territorios y a los cuales el Estado no ha indemnizado para sacarlos del lugar.

Hablan de la afectación que han ocasionado “blancos” con “las alertas tempranas en favor de los incitadores del conflicto Gustavo Oreamuno Vignet y Jeffrey López Castro de DITSO y Coordinadora de Lucha Sur Sur coincidiendo que en todos los territorios las personas indicadas son incitadores a la violencia y el conflicto en los territorios indígenas, mismos que con su intromisión han generado que se perdiera la paz, marcada división familiar, las invasiones entre en los mismos indígenas, el aumento de la delincuencia, hechos de violencia y la discriminación entre los mismos”.

 

UNIVERSIDADES Y OENEGÉS

 

Se advierte en dicha carta a Catalina Crespo cómo “Universitarios de las carreras de sociología y antropología de las universidades públicas y el profesor universitario Gustavo Cabrera Vega, quien también tiene varias ONGS (SERPAJ, FRENAPI, ODAHIN), para crear conflicto en los territorios indígenas, hechos que se han denunciado en la Fiscalía bajo expedientes 16-000469-0634-PE, 16-000554-0990-PE, pero la Fiscalía por su parcialidad y falta de objetividad no le dieron trámite”.

Estas personas que se reunieron el pasado jueves con doña Catalina Crespo resumen todos estos años desde el 2014 como los que “se alimentan con nuestro sufrimiento, caos y desgracia en nuestros territorios indígenas, quienes promueven la violencia todo este apoyo institucional y judicial generó el empoderamiento de estos grupos de invasores que en muchos casos están violando menores de edad, destruyendo propiedad privada, realizando daños, amenazas, quemas de casa. 

Mientras nosotros que somos las víctimas en todo este conflicto sufrimos agresiones, amenazas con armas, violaciones, abuso sexual, asesinato de animales, amenazas a nuestros hijos, daños en nuestra propiedad nunca hemos recibido una alerta temprana de parte de la Defensoría para nuestra protección”, concluye la misiva.

 

Recuadro:

Intentamos conocer la versión de los funcionarios de la Defensoría de Los Habitantes, Álvaro Paniagua y Marjorie Herrera, pero no fue posible pese a las llamadas a sus teléfonos.

PERIODISTA: Alexander Méndez

EMAIL: [email protected]

Lunes 11 Julio, 2022

HORA: 12:00 AM

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