Diario Extra - Prestamista da ultimátum a funcionario judicial

Un funcionario del Poder Judicial del aérea de plataforma de servicios de atención a la víctima y de apellido Centeno está amenazado por un prestamista que irrumpió las oficinas en Pavas para darle un ultimátum.
Centeno se desempeña en la atención al usuario y desde enero de este año solicitó un préstamo gota a gota de ¢2 millones y a la fecha no ha podido cancelar.
Presuntamente, en mayo pasado lo amenazaron de muerte, por lo que el funcionario hizo una solicitud al Consejo Superior del Poder Judicial para que lo trasladaran de sede y a mediados de junio le resolvieron que no tiene elementos suficientes para moverlo, pese a que adjuntó una denuncia presentada en el Juzgado Contravencional de Pavas.
Todo esto se da luego de que en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al parecer, no lo atendieron y en la Fiscalía de Pavas le dijeran que era una contravención, por lo que lo rechazaron alegando que no es un delito.
Pese a eso, en el Juzgado Contravencional dictaron medidas contra el acreedor, a quien no han podido notificarle, pese a estar identificado.

EN LUJOSO CARRO

Este miércoles a las 8 a.m. se presentó un hombre de unos 45 años al edificio donde trabaja Centeno, este le avisó a la jueza coordinadora que estaba el sujeto a quien le debe el dinero, este llegó en un vehículo Land Cruiser 2017.
Centeno salió de la oficina y le dijo que lo iba a atender en una salita especial en el primer piso, el señor le dijo que por qué lo iba a atender ahí, ya que se suponía que iban para afuera, por lo que empezó a reclamarle que tiene más de 4 meses de no pagarle los ¢2 millones. Que ese dinero era mal habido y que se la prestó porque podía pagar, pero que le ha quedado mal y que estaba respondiendo ante otras personas, por lo que llegaba por el dinero que le pertenecía.
El funcionario le dijo que no tiene fondos, que le dé tiempo para ir a la asociación y el acreedor le respondió que lo lleva hablado, y que si creía que tiene cara de payaso, pues le da 15 días y 15 días y nada.
Centeno le respondió que estaba tratando de pagarle y le volvió a decir que le diera tiempo al 15 de julio, pero el sujeto se levantó y se fue, no sin antes reiterarle que el cobrador está deseando venir a saldar la deuda.
En su salida le dijo que no le importa que escuchara todo el mundo (usuarios y funcionarios que estaban en ese momento) el contador sabe lo que tiene que hacer con usted y los que se metan.

SE TIRAN LA BOLA

Fuentes confidenciales mencionaron a DIARIO EXTRA que, tras el hecho, la encargada del juzgado elevó el caso a los mandos medios y altos y, al parecer, nadie ha hecho nada, lo que mantiene a los funcionarios molestos y preocupados.
El Consejo Superior del Poder Judicial habría mencionado que no cumplía con los requisitos para cambiarlo de sede judicial.
Trascendió que en otras oportunidades han llegado otras personas a cobrar en dicho despacho donde hay fiscales de delitos sexuales, personal de ley de maltrato contra el adulto mayor y a la mujer, la defensa pública para pensiones, el juzgado de pensiones y violencia doméstica, la unidad médico legal de Pavas, oficina de trabajo social y psicología y la oficina de atención y protección a víctimas para un total de 34 funcionarios.

AMENAZA Y AL HOSPITAL

Centeno tiene 15 años de laborar aproximadamente en el Poder Judicial y tras la visita del prestamista terminó en el hospital, ya que se descompuso, por lo que fue incapacitado 3 días y, según sus allegados, lloraba y pedía perdón que por culpa de él puso en esa situación a los compañeros, agregaba que lo lamentaba.
La jueza coordinadora puso en conocimiento al administrador del III Circuito Judicial, además la secretaría técnica de Género y la Inspección Judicial saben de la situación. En la oficina de prensa de la Corte mencionaron que la jueza coordinadora envió la solicitud de traslado del compañero al Consejo Superior, pero hasta este viernes dirán cuándo conocen el caso.
En el OIJ le dijeron que no le podían tomar la denuncia, la fiscal escuchó algunos audios de las amenazas y le dicen que no constituye un delito y se va para el contravencional.
La denuncia no se rechazó porque se consideró que las amenazas a las que hace referencia no se emitieron en función del cargo que desempeña la víctima, de manera que es una contravención. Pareciera que no existe interés, pese a que se metieron al edificio a amenazar y el Poder Judicial no reacciona con la rapidez que los funcionarios desean y comparan como si le contaran la primera parte del cuento de Caperucita roja.
Algunos funcionarios judiciales que por temor a represalias se reservan sus nombres mencionaron que para proteger personas vinculadas al narcotráfico los llevan a finos hoteles y los cuidan 24/7 todo el año, lo que genera al país un gasto millonario en un programa que para muchos judiciales no sirve.