El empresario Carlos Cerdas, dueño de la constructora MECO, así como su familia, han sido amenazados de muerte desde que estuvo preso en el Centro de Atención Integral (CAI) de San Sebastián por ser parte de los acusados por corrupción en el caso Cochinilla.
Así lo confirmó su abogado Alonso Salazar, al ser consultado por DIARIO EXTRA después de que se diera a conocer que la audiencia de medidas cautelares del imputado se realizaría de forma privada para evitar exponer la vida del señor y que su cliente se encuentra en un programa de protección de víctimas y testigos.
Al parecer, Cerdas y su familia fueron extorsionados para obtener dinero a cambio de su seguridad por algunos privados de libertad de la prisión, así como de personas externas a la misma, provocando que incluso pagara millonarias cantidades.
“Su vida corre peligro inclusive en este momento, de hecho, regresando a prisión se materializó el peligro y estando en este momento en una situación de libertad limitada, hace que ese riesgo se minimice, obviamente al regresar a prisión, por decirlo en lenguaje coloquial, no cuenta el cuento”, dijo el abogado.
Actualmente, Cerdas tiene custodios que lo acompañan las 24 horas del día, utiliza chaleco antibalas en todo momento, se moviliza en vehículos blindados y para entrar a los Tribunales de Justicia debe hacerlo por otro sector diferente al de todas las demás personas, ya que en una ocasión fue atacado en el II Circuito Judicial de San José por otro sujeto que se encontraba como acusado en otro caso aparte.
Al parecer, en una de las ocasiones de amenazas mientras el imputado estuvo tras las rejas, fue secuestrado por otros reos y llevado a una celda aparte en donde le colocaron dos cuchillos en el cuello y después grabaron un video donde exigían altos montos de dinero por la vida del propietario de MECO, material que fue enviado a su familia.
“Evidentemente, don Carlos corrió peligro en prisión, pero también en estos momentos porque este tipo de amenazas se proyectan extra muros, o sea la amenaza es mientras este en prisión y después por no haber satisfecho las pretensiones de los grupos”, agregó el jurista.
Actualmente, las extorsiones al empresario se encuentran denunciadas ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
SERÁ PRIVADA
La audiencia por las medidas cautelares de Mélida Solís, propietaria de H Solís, también será de forma privada, esto debido a temas que se expondrán ante los jueces.
“En el caso de doña Mélida, es que se van a conocer aspectos de salud de ella que realmente no interesa que todos los abogados se informen de los mismos. Ella tiene actualmente arresto domiciliario, brazalete, impedimento de salida del país, fue obligada a entregar el pasaporte y no puede acercarse a testigos y otros imputados”, informó el abogado defensor de la señora, Francisco Campos.
ERROR
Todas las medidas cautelares que actualmente tienen los imputados del caso Cochinilla podrían quedar sin efecto en los próximos días, esto debido a que, al parecer, el Ministerio Público no presentó una prórroga de las mismas.
Dichas condiciones otorgadas vencieron el pasado 26 de junio al cumplirse un año desde que las dictó la juez Carolina Lizano, esto debido a que uno de los artículos que permitía que se mantuvieran por un plazo de 24 meses fue derogado y ahora se realiza bajo el tiempo ordinario que establece el Código procesal penal, el cual es de 12.
“Hay varios aspectos que se están planteando en estos momentos, uno de ellos es que consideramos que, en la audiencia respecto al año, el juez no es competente y en cuyo caso que resuelva y revoque las medidas ordenadas inicialmente y quedaríamos todos resueltos con nuestras peticiones”, detalló Gonzalo Saavedra, abogado defensor de uno de los funcionarios del Consejo Nacional Vialidad (Conavi).
El próximo 18 de julio se realizará una audiencia para determinar si la declaratoria de crimen organizado tiene o no efecto en el caso Cochinilla.
PERIODISTA: Álvaro Valverde Loaiza
CRÉDITOS: Fotos: Randall Sandoval
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Martes 28 Junio, 2022
HORA: 12:00 AM
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