Una propuesta de ley haría que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) acoja estrictamente las recomendaciones emitidas por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme-UCR).
Del mismo modo esa iniciativa, impulsada por la bancada del Frente Amplio (FA), obligaría a que dicho órgano funcione como laboratorio subsidiario de esa cartera.
Específicamente la propuesta pretende reformar el artículo 24 de la Ley de Creación del Consejo de Vialidad (Conavi) para que el MOPT deba aprobar todos los criterios para la construcción de obras con el apoyo de Lanamme.
De acuerdo con Sofía Guillén, los criterios de Lanamme-UCR habrían evitado o evidenciado que se realizaban operaciones fuera del ámbito de la técnica en construcción de obra pública.
“El proyecto de ley es resultado del caso Cochinilla, en donde identificaron una serie de fallos a través de los cuales el MOPT tomaba decisiones subjetivas sin criterios técnicos”, declaró.
“A pesar de que existen convenios para acoger las recomendaciones, sigue existiendo la deficiencia de que los criterios que emite Lanamme no son acogidos, o al menos rechazados con una fundamentación técnica válida (…)”, añadió.
RECURSOS
Adicionalmente el proyecto de ley dotaría de recursos a Lanamme-UCR para ejecutar las competencias asignadas por ley.
Según Guillén, el Laboratorio cuenta con una fuente de financiamiento a partir de la Ley N°8114, pero no se le están transfiriendo los recursos. Esta situación está incidiendo en su operatividad, de acuerdo con la legisladora.
“Durante el 2021 y de acuerdo a la Ley de Presupuesto Nacional únicamente se les asignaron ¢2.840 millones, lo que corresponde al 50% del presupuesto asignado normalmente”, explicó la frenteamplista.
“Debido a la afectación que representa la transferencia de solo el 50% del presupuesto, se incluyó la cantidad de ¢2.000 millones en un sétimo presupuesto extraordinario en los recursos del año 2021 por medio del expediente N°22.685 (…)
De acuerdo a la recaudación fiscal esperada para el año 2022, y según la estimación emitida por la Contraloría General de la República, corresponde ¢4.934 millones para el presupuesto 2022 (1% del estimado a recaudar del impuesto a los combustibles); sin embargo, en el Presupuesto Nacional aprobado para 2022 se hizo un nuevo recorte y finalmente se asignó el monto a ¢3.840 millones.
Dicha situación generaría nuevamente una afectación importante, y lo que impediría que se cumpla con el plan de trabajo de evaluación y fiscalización de la red vial nacional, así como con otras tareas importantes asignadas al Lanamme-UCR”, añadió.
RECOMENDACIONES
Cabe recordar que una de las recomendaciones emitidas en el informe de la comisión especial que investigó el caso Cochinilla fue que el Estado debe contar con su propio laboratorio de verificación.
Entretanto, Lanamme-UCR debía acoger la tarea como competencia adicional a sus funciones actuales.
El informe señalaba que cuando Lanamme-UCR emitiera un informe de auditoría técnica, el titular del MOPT y sus respectivos consejos estarían en la obligación de dar respuesta en el plazo establecido en la Ley General de la Administración Pública.
En caso de que el jerarca decidiera apartarse de lo señalado por Lanamme-UCR tendría que fundamentar técnicamente las razones que lo llevan a tomar dicha disposición y asumir la responsabilidad administrativa en caso de lesionar el patrimonio público.
PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal
CRÉDITOS: Fotos: Archivo
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Sábado 25 Junio, 2022
HORA: 12:00 AM
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