Gobierno violenta derechos humanos

Editorial

El secretismo del gobierno y la poca transparencia en la información violentan y atentan contra los derechos humanos en Costa Rica.

Esa información no la dice DIARIO EXTRA, sino que el señalamiento proviene del Departamento de Estado de los Estados Unidos en su informe anual sobre Derechos Humanos con corte al 2021.

El pésimo manejo de la administración Alvarado Quesada no solamente hace mella en nuestro país, sino que trasciende y se escucha más allá de las fronteras de Peñas Blancas y Paso Canoas, situación que para nada es motivo de orgullo.

Tiquicia se destaca por ser un país líder en materia de derechos humanos e incluso puede ser un ejemplo para el resto de países de la región, cuyas condiciones se encuentran completamente vulneradas. Sin embargo, los señalamientos sobre el pésimo manejo en comunicación, la falta de transparencia en la rendición de cuentas y los escándalos por corrupción manchan el buen nombre de Costa Rica.

El Periódico del Pueblo fue uno de los que alzó su voz contra las injusticias que el mismo Ejecutivo cometió contra los medios de comunicación y la ciudadanía al querer limitar el acceso a información cuando se procedió a la atención de la emergencia por Covid-19.

Prueba de ello ocurrió que en momentos en que Carlos Alvarado y el Ministerio de la Presidencia enfrentaron profundos cuestionamientos por la creación de la polémica Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Eso hizo que apareciera la pandemia y el gobierno la sacara como as bajo la manga para limitarle el acceso a la prensa. Por ejemplo, se decidió arbitrariamente suprimir las conferencias de prensa posteriores al Consejo de Gobierno con la excusa de evitar aglomeraciones, pero ya la gente no se traga ese cuento.

De igual forma, cuando se acudía a las conferencias por Covid-19, era sumamente irresponsable que los encargados de comunicación de la Casa Presidencial atravesaran el caballo para interferir en las repreguntas cuando surgieron los primeros cuestionamientos. Ante esas injusticias acudimos a la Sala Constitucional, donde nos declararon en julio anterior parcialmente con lugar el recurso, mismo que se encuentra citado en el informe de Estados Unidos.

Otro aspecto que da vergüenza fue que surgieran los escándalos por Cochinilla, en donde se vieron involucrados funcionarios públicos que se habrían prestado para presuntamente recibir dádivas de empresas privadas con tal de verse favorecidas con adjudicaciones de contratos. El informe de Estados Unidos también menciona esas acciones y de igual forma al polémico caso del Cementazo, que ya suma cinco años y su proceso de investigación va a paso lento.

El informe hace hincapié en dos problemáticas nacionales en que las autoridades fracasan en corregir o minimizar.

Se trata del hacinamiento carcelario y las pésimas condiciones en las que se encuentran los privados de libertad bajo esas características, así como los femicidios que siguen presentándose de forma descontrolada.

El gobierno presumió recientemente una inversión por ¢3.200 millones para recuperación de tierras en la Zona Sur. Lo cierto es que los esfuerzos continúan siendo insuficientes tomando en cuenta que existen fuertes discriminaciones hacia esos grupos poblacionales.

El reporte anual de derechos humanos hace un llamado de atención en cuanto la violencia contra las mujeres, los obstáculos sociales y políticos de los indígenas para participar en organizaciones y puestos en gabinete.

Todo parece indicar que al gobierno de Carlos Alvarado no le interesa corregir las decisiones arbitrarias que toma y con las que afecta a las poblaciones nacionales, puesto que desde el año pasado se le hacen observaciones en este sentido, incluso, desde el extranjero, y nada de soluciones.

Los derechos humanos de este gobierno se enfocaron exclusivamente en atender a las poblaciones afrodescendientes y a los grupos LGBTQ+, que tuvieron saltos gigantescos en la lucha por la igualdad.

Pero por enfocarse tan solo en esos grupos, el gobierno discriminó a las personas con discapacidad, taxistas, plataformas digitales y poblaciones indígenas, entre otras organizaciones sociales.

Es de lamentar que por querer levantar las banderas de esos sectores particulares se olvidara de levantar la de Costa Rica, que cobija y protege a todo un país.

Esperamos que el gobierno entrante de Rodrigo Chaves permita corregir esas problemáticas, las que nunca le importaron a la administración de Carlos Alvarado, cuya transparencia y manejo de comunicación están entre las más deficientes de toda la historia de Costa Rica.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

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Lunes 18 Abril, 2022

HORA: 12:00 AM