Diario Extra - Presidente tiene 13 causas penales abiertas

El presidente de la República, Carlos Alvarado, tendrá un largo camino que recorrer después de que abandone Casa Presidencial el próximo domingo 8 de mayo.
El mandatario tiene una serie de procedimientos penales por resolver para continuar con vida, de hecho, sus abogados ya están trabajando en eso, pero las resoluciones de esos cargos no estarán antes de la clausura de su mandato.
En contra de Alvarado Quesada hay 13 expedientes penales abiertos desde que inició su gestión en Zapote. Así lo confirmó el departamento de comunicación del Ministerio Público a DIARIO EXTRA.
En ellos figuran los presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho propio, malversación, tráfico de influencias, peculado, tres denuncias por nombramientos ilegales, otros tres por incumplimiento de deberes, violación de datos personales y prevaricato.
Quizás el más sonado de ellos fue el de violación de datos personales por el decreto de creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), por el cual se realizó un histórico allanamiento en Casa Presidencial.
Este caso, de hecho, apenas está en la etapa de investigación y la Procuraduría General de la República (PGR) se manifestó hace unas semanas, tasando los datos sensibles de los ticos en solamente ¢20.000.000.
“La Procuraduría de la Ética Pública (PEP), en representación del Estado en su condición de víctima, el día de viernes 18 de febrero de 2022 interpuso escritos de Querella y Acción Civil Resarcitoria en el proceso penal seguido bajo sumaria N° 22-000006-33-PE (testimonio de piezas del expediente 20-5434-42-PE), seguido en la Fiscalía General de la República, contra el presidente de la República en ejercicio Carlos Alvarado Quesada y el diputado en ejercicio Víctor Morales Mora. Lo anterior se realizó conforme lo autoriza el artículo 3, inciso h) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y la normativa Procesal Penal correspondiente”, detalló el pronunciamiento de la PEP en ese entonces.

INMUNE

Por un tema de fuero político, el Presidente aún no puede ser enjuiciado, salvo que este renuncie a la inmunidad parlamentaria de la que goza o que los diputados de la Asamblea Legislativa voten por levantarla.
Al gobernante en ejercicio se le ha consultado en diferentes ocasiones sobre si renunciaría a la inmunidad, sin embargo, en todas las ocasiones prefirió no pronunciarse al respecto.
Por tratarse de un mandatario, el Estado no pone defensores públicos a los acusados de estos casos, es decir, el costo de su representación legal la debe costear el propio Alvarado.