Gobierno queda debiendo en Alajuela

Editorial

Llegó una nueva campaña electoral y con ella las buenas intenciones de quienes pretenden gobernar Costa Rica, sin embargo, algunas de ellas quedan simplemente escritas en un papel. La provincia de Alajuela es la segunda de mayor importancia en la Gran Área Metropolitana (GAM), pero también se extiende a partes de la Zona Norte en donde las soluciones para resolver sus problemáticas nunca llegaron.

Si comenzamos a focalizar las principales necesidades en la provincia número 2 de Costa Rica podemos vislumbrar la problemática central en la Zona Norte, principalmente en los cantones de San Carlos, Upala o Guatuso, estos dos últimos con serios problemas de desarrollo.

Al inicio de esta Administración se escuchó con suma fuerza la preocupación del Gobierno de Carlos Alvarado por el robo desproporcionado del oro en la región de Crucitas, sin embargo, de la inquietud no pasó a más y actualmente personas inescrupulosas siguen sustrayendo lo que es nuestro de manera ilegal.

Eso sin olvidar el desastre ambiental que se encuentra en la región de Cutris, y lo que es peor, que el exministro de Ambiente Carlos Manuel Rodríguez no le prestara atención, minimizara el asunto y esperara al primer premio internacional para salir corriendo de tremenda responsabilidad de la que mostró incapacidad de resolver. Actualmente, con Andrea Meza como jerarca del Minae, las cosas no mejoran y más bien el asunto de la contaminación sigue generando suma preocupación entre los pobladores, pero quién sabe si para las autoridades.

Estadísticas de la Dirección General de Geología y Minas del Minae muestran que alrededor de $197 millones es el monto preliminar que rondaría la sustracción de oro ilegal, no obstante, ese dato se queda corto ante la negligencia de las autoridades ambientales y de seguridad por evitar este problema.

Seguimos en la Zona Norte y ahora la polémica surge en materia de infraestructura vial, especialmente por la reparación de una carretera que se les prometió a los vecinos, pero a la fecha no se muestra un verdadero avance que permita agilizar las obras y que se mejore la infraestructura vial en ese sentido.

La nueva carretera a San Carlos suma ya 16 años desde que se le dio orden de inicio sin que exista un panorama de que pueda finalizar en un corto o mediano plazo.

El problema es que esta vía se encuentra salpicada por presuntos casos de corrupción y que las autoridades viales deberán investigar porque los señalamientos en torno a esta carretera son graves en cada una de las publicaciones que DIARIO EXTRA ha realizado al respecto.

Una de ellas es que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) usara ¢1.295 millones descaradamente en la ruta, aunque la vía no estuviera en el plan de conservación, según denunció el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme).

Además, El Periódico del Pueblo reveló en junio anterior sobre el giro de más de ¢500 millones por proyectos presuntamente irregulares a la constructora Herrera, una de las cuestionadas por el escándalo Cochinilla.

Hubiese sido creíble que indicaran que la paralización de la ruta a San Carlos se da por falta de recursos, pero lamentablemente la ciudadanía tiene en mente el descarado hueco por ¢78.000 millones en el escándalo Cochinilla, lo cual hizo que la credibilidad de la institución esté en entredicho.

Siguiendo con la línea de los problemas en Alajuela, todo parece indicar que la posibilidad de que se redujeran las presas con la implementación de los quick pass en la ruta nacional 1 sería el alivio para los cientos de conductores que se desplazan desde la capital hacia la ciudad de los mangos, no obstante, parece que el desorden aún permanece y nadie hace nada por resolver las verdaderas necesidades de tránsito por el sector.

Los huecos en carretera en Alajuela son terribles, tanto así que los mismos vecinos acuden a medios como el nuestro para visibilizar problemáticas y denunciar atropellos a su calidad de vida por no mejorar las vías como corresponde, sino que los tapan a la carrera para decir que se hizo algo.

Lástima el salario que se le paga a funcionarios del Conavi y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), quienes en vez de resolver los problemas macro buscan empresas privadas para que les hagan su trabajo.

Por último, la terminal aérea más importante de Costa Rica está en riesgo de colapso y el Gobierno parece haberse dormido en los laureles porque, viendo cómo en el arranque de temporada se dura hasta cuatro horas para ingresar al país, eso no es de recibo.

Está la posibilidad de construir un nuevo aeropuerto en Orotina, pero a las autoridades parece no importarles. ¿Qué intereses hay para que este Gobierno se encasille en el Juan Santamaría? Solo el tiempo lo dirá.

Los ciudadanos están a la espera de mejoras en sus comunidades y no que les agraven la situación. Inseguridad, pésima infraestructura ambiental y problemas ambientales son los que hoy están ahogando a los habitantes con cédula 2 en Costa Rica.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

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Martes 07 Diciembre, 2021

HORA: 12:00 AM