Los sistemas para frenar y combatir el lavado de dinero son incapaces de detectar esa actividad delictiva en el país.
Así lo asegura el informe legislativo de mayoría aprobado por los miembros de la comisión especial que investigó la posible penetración del narcotráfico en la Zona Sur.
De acuerdo con el documento aprobado por los legisladores, en Costa Rica, al igual que en otros países, “el esfuerzo por combatir la corrupción está más concentrado en la detección y sanción que en su prevención” y “el sistema antilavado es incapaz de detectar y exponer a los grandes lavadores”.
“El sistema no funciona. Muchísimas donaciones y dineros que se dan no tienen control. Hay muchas compras en efectivo que no se sabe de dónde viene la plata. Hay que pensar estos temas como políticas de Estado”, dijo Zoila Rosa Volio, presidenta de ese foro legislativo.
“El Ministerio Público nos dijo que los informes del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) no pueden ser usados como plataforma de una denuncia porque son privados. Estamos muy amarrados para luchar contra la legitimación de capitales”, agregó.
El informe precisa que resulta menos posible detectar a las personas que, además de legitimar capitales, dan apoyo financiero a las campañas electorales, ya sea estas nacionales o municipales.
“El TSE nos dijo que para ellos es difícil determinar cuándo se compra un bono con dineros espurios. Ellos solo hacen una liquidación de campaña y si hubo contratos. Ellos no verifican el origen del dinero”, explicó.
En cuanto a las municipalidades de la Zona Sur no se desarrolla aún un programa sobre la ética, con estrategias, metas y objetivos para promover una cultura de prevención de la corrupción.
Tampoco se implementó el sistema de valoración de riesgos y no se cuenta con un procedimiento que permita a los funcionarios informar sobre posibles casos de corrupción, ni con acciones y medidas para prevenir, detectar y sancionar la corrupción en materia de adquisiciones.
A pesar de todo lo anterior, no se sientan responsabilidades sobre personas físicas.
"Hicimos una investigación en general. No somos Poder Judicial ni la Inquisición que juzga, investiga o castiga, para eso está el Ministerio Público. Tuvimos el cuidado de escuchar. Muchos presentaron pruebas que nos satisficieron”, afirmó.
El informe lo aprobaron todos los miembros de la comisión legislativa, excepto el oficialista Luis Ramón Carranza (ver nota aparte).
A partir del dictamen afirmativo el texto pasará al plenario, donde deberán conocerlo los 57 congresistas.
PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal
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Miércoles 01 Diciembre, 2021
HORA: 12:00 AM
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