Insistir en una agenda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) podría generarle al gobierno una crisis innecesaria y grandes magnitudes en el país. Así lo indica el Informe Estado de la Nación 2021.
De acuerdo con el estudio, las medidas que impulsa Carlos Alvarado para “sanear las finanzas públicas” e impulsar una nueva reforma tributaria en el marco de un convenio con el FMI tienen “el potencial para desencadenar crisis gubernamentales con fuertes implicaciones políticas en dos sentidos: enfrentamientos entre el gobierno y la ciudadanía, por un lado, y conflictos de competencias entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.
Lo anterior se agrava por otras medidas planteadas desde Casa Presidencial, tales como restricciones civiles, tránsito o comercio para mitigar los efectos de la pandemia por el Covid-19.
Es decir, si el Ejecutivo insiste en darle trámite a la agenda de impuestos que prometió al FMI, Costa Rica enfrentaría serias consecuencias en lo económico y lo social.
Sin embargo el gobierno manifiesta abiertamente que ir al FMI es el camino correcto para traer estabilidad y generar condiciones de reactivación económica.
“Necesitamos mantener la estabilidad económica y activar el empleo para mejorar la situación del país generada por el Covid-19. Si no actuamos, el riesgo está en altas tasas de interés, en devaluación, en más desempleo privado y público y en pobreza, lo cual afectaría a todos y con particular gravedad a los más pobres. Por eso hay que actuar y hay que hacerlo con rapidez: la demora en esto nos saldría muy cara”, aseguró el presidente a varios medios.
Otro de los puntos que destaca el Informe Estado de la Nación es que el Poder Ejecutivo no cuenta con el músculo suficiente para avanzar con la agenda que negoció con el FMI.
De acuerdo con el Programa Estado de la Nación, el gobierno de Carlos Alvarado tiene baja capacidad para impulsar sus propuestas en la Asamblea Legislativa.
A manera de ejemplo, el Informe detalla que en la legislatura 2020-2021 solo el 17% de las leyes aprobadas correspondió a iniciativas del Ejecutivo. Ese número es el segundo más bajo, por debajo del 14% reportado en 2009, desde 1986.
Como si el tema no fuera menor, un segundo indicador de la debilidad política del Ejecutivo es su dificultad para lograr que se aprueben sus prioridades legislativas durante los periodos de sesiones extraordinarias.
“(...) Una consecuencia esperable es la disminución de la efectividad del Ejecutivo en la tramitación de leyes. Todo ello, en principio, son condiciones que favorecen el conflicto político y el bloqueo recíproco de iniciativas entre los poderes de Estado. No es, sin embargo, lo que se observó en 2020 e inicios de 2021”, señala el estudio.
LA AGENDA
La agenda por la que presiona Alvarado está cargada, según la oposición, de más impuestos.
Entre los proyectos de ley están el impuesto a casas de lujo, gravar los premios de la lotería mayores de ¢462.000 (la propuesta original era ¢225.000), reducción de exoneraciones a cooperativas y asociaciones solidaristas, eliminar plazas vacantes y congelamiento de pensiones, así como un aporte “solidario” de empresas públicas para pago de deuda.
De igual manera se plantea gravar los salarios escolares superiores a ¢1 millón.
Las iniciativas han sido ampliamente rechazadas por la mayoría de bancadas y el gobierno mandó al Congreso cinco textos sustitutivos que conquistaran a los legisladores, sin embargo las intenciones del Ejecutivo han pegado con pared, ya que insisten en más impuestos, que a la postre recaerían sobre las espaldas de la ciudadanía.
PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal
CRÉDITOS: Foto: Casa Presidencial
EMAIL: [email protected]
Lunes 29 Noviembre, 2021
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA